El Gobierno carece hoy de socios con los que convalidar su reforma laboral

Primero fue la derogación y más tarde la transformación amplia de la reforma laboral aprobada en 2012 en solitario por un Gobierno con mayoría absoluta del PP. Ese era uno de los acuerdos de investidura del PSOE y Unidas Podemos y luego se convirtió en uno de los puntos estrella de los pactos con los demás socios parlamentarios de la legislatura. También era una de las exigencias con fecha tope este 31 de diciembre requerida por la Comisión Europea en el proceso de modernización que se pide para España. El Consejo de Ministros ratificará este martes el cumplimiento de esa promesa, ...

Primero fue la derogación y más tarde la transformación amplia de la reforma laboral aprobada en 2012 en solitario por un Gobierno con mayoría absoluta del PP. Ese era uno de los acuerdos de investidura del PSOE y Unidas Podemos y luego se convirtió en uno de los puntos estrella de los pactos con los demás socios parlamentarios de la legislatura. También era una de las exigencias con fecha tope este 31 de diciembre requerida por la Comisión Europea en el proceso de modernización que se pide para España. El Consejo de Ministros ratificará este martes el cumplimiento de esa promesa, tras pactarla la semana pasada con los agentes sociales, sindicatos y patronal. Pero todavía no cuenta con ningún aliado parlamentario más en el Congreso.

Los socios más habituales del Gobierno de coalición, ERC, PNV, EH Bildu, Más País y Compromís, ya han expresado de entrada sus fuertes reparos a apoyar esa iniciativa, especialmente porque pretenden primar más los convenios laborales autonómicos que los estatales.

PSOE y Unidas Podemos han iniciado con urgencia una ronda de contactos con esos partidos del llamado “bloque de investidura” para mostrar su disposición a negociar alguna mejora durante el trámite parlamentario del decreto y antes de llevar su convalidación al pleno del Congreso para finales de enero. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, muy presionado por la oposición a esa contrarreforma del PP y por los sectores internos más duros del empresariado, ha advertido sin embargo al Ejecutivo de que no aceptará que se modifique “ni una coma” de lo acordado en ese proceso parlamentario, porque se saldría del pacto.

La ecuación para que la reforma laboral negociada con sindicatos y patronal encaje al final entre todos los actores afectados va a requerir un trabajo intenso y muy fino en las próximas semanas.

La vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, comparecerá este martes tras el Consejo de Ministros para reivindicar la relevancia y el simbolismo de la nueva norma en el aumento de derechos para los trabajadores con la preeminencia del convenio sectorial sobre el de empresa, en la reducción de los contratos temporales y para asegurar que las indemnizaciones por despido no se han tocado, algo que le reprochan algunos de esos socios parlamentarios. Díaz ha admitido estos días, tras consumarse el acuerdo entre las partes, que lleva unos meses hablando con algunos de los partidos que colaboran con la coalición para amarrar su adhesión, pero todavía sin éxito. Ahora se implicará más en esos contactos.

Los portavoces parlamentarios del PSOE, Héctor Gómez, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, comenzaron este lunes y de manera coordinada una ronda de conversaciones con sus homólogos de esas formaciones aliadas desde la investidura para exponerles dos aspectos clave a tener en cuenta ahora. Por un lado, les aseguraron que en el trámite parlamentario podrán ofrecer sus propuestas de cambios, pero, sobre todo, les remarcaron que esta reforma laboral siempre será en cualquier caso mejor que la vigente del PP.

Las primeras reacciones a esos sondeos con los socios parlamentarios fueron muy negativas. Fuentes próximas a esas conversaciones han reconocido que la oposición de los partidos aliados del Gobierno ha sido “muy rígida”, en particular en lo relativo a su rechazo a la primacía de los convenios estatales sobre los autonómicos.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, avanzó este fin de semana que esa formación se encontraba por ahora en el rechazo a convalidar ese decreto, algo que remachó también el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, también por la misma razón.

La dirección del PNV, sin embargo, ha precisado que no está en ningún bloque coordinado contra esa reforma, señala incluso que valora el pacto alcanzado ahora con la patronal y los sindicatos y la superación de la ley revalidada en su día solo por el PP, pero reconoce que mantiene un “escollo grande” para brindarle sus votos. Y advierte: “La representación y la fuerza sindical en Euskadi es muy distinta a la existente en el conjunto del Estado. También son muy diferentes las relaciones en el marco de las relaciones laborales. Es por eso que desde el PNV solo podemos apoyar una reforma laboral que defienda, proteja y reconozca un marco autónomo vasco de relaciones laborales, y que recoja la prevalencia de los convenios autonómicos. Debe haber una salvaguarda del marco vasco de relaciones laborales para que el PNV vote a favor”. En plena Nochebuena, Otegi se expresó en una línea muy similar: “Estamos tremendamente decepcionados”.

ERC entiende que aún hay espacio para “mejoras” durante la negociación, pero recuerda que siempre han defendido la derogación total de la reforma laboral y observa que en la propuesta nueva hay “carencias muy importantes” que llevan a que su voto “favorable a día de hoy no esté garantizado”. ERC suele ir de la mano en este tipo de iniciativas con Bildu.

Gómez y Echenique ofrecieron a sus homólogos la posibilidad de negociar en estas semanas que faltan hasta que el decreto se lleve a pleno tras habilitar el mes de enero para nuevas sesiones. Pero Felipe Sicilia, el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, marcó algunos límites: “Entendemos a los grupos pero las medidas más importantes están acordadas con mucho trabajo y esfuerzo con los sindicatos y la patronal y apelamos a respetar lo máximo posible lo acordado”.

Alusiones a la patronal

Con la alusión nada casual de Sicilia a lo costoso que ha sido cerrar el acuerdo, sobre todo con la patronal, intenta convencer a sus interlocutores de lo complicado que está siendo para la CEOE y Cepyme hacer digerir esta situación a varios de sus asociados. Garamendi ha tenido que apelar a que como presidente de la patronal debe intentar entenderse con el Gobierno legítimo de turno. Pero las divergencias internas las subrayaron este lunes desde la dirección del PNV: “Las reticencias a nuestra petición vienen tan solo de la patronal, pero no pueden ser razones sociolaborales las que justifiquen esa posición ya que las patronales autonómicas están en CEOE y solo firmarán los acuerdos que ellas deseen”. Las mismas fuentes de la formación vasca agregaron que “el blindaje del marco vasco no atentaría contra ningún interés patronal” y remacharon que ese sistema ya “estuvo vigente en su momento sin crear problemas de ningún tipo”.

Los negociadores parlamentarios confirmaron que los socios habituales “no se mueven por ahora en sus posiciones con respecto a la relevancia de los convenios autonómicos” y asumieron en parte que las realidades económicas de zonas como Euskadi o Cataluña no son iguales a otras en España.

PSOE y Unidas Podemos se reafirman en que intentarán labrar una mayoría parlamentaria con su bloque de investidura y ni han intentado siquiera algún acercamiento estratégico a la oposición de derechas. PP y Vox ya han adelantado que su voto será negativo. Pablo Casado llegó incluso a avanzar, sin conocer el texto a fondo, que si gobierna lo derogará y volverá a la reforma impuesta en su momento por Mariano Rajoy. Ciudadanos aún no ha sido contactado por el Gobierno pero su portavoz, Edmundo Bal, intuyó por lo anticipado en los medios que hay aspectos positivos pero también poca ambición en otros cambios.