Los partidos ven inviable la reforma para suprimir los aforamientos

La democracia española celebra este lunes el 43º aniversario de la Constitución en medio de una gran paradoja. El Congreso aprobó el jueves la propuesta de reforma del estatuto de autonomía de Baleares para eliminar el aforamiento de los 59 diputados autonómicos y de los miembros del Gobierno del archipiélago por 329 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones (PNV y PDeCAT). Sin embargo, la desconfianza y falta de acuerdos transversales en un Parlamento marcado por la polarización hace imposible una reforma exprés y...

La democracia española celebra este lunes el 43º aniversario de la Constitución en medio de una gran paradoja. El Congreso aprobó el jueves la propuesta de reforma del estatuto de autonomía de Baleares para eliminar el aforamiento de los 59 diputados autonómicos y de los miembros del Gobierno del archipiélago por 329 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones (PNV y PDeCAT). Sin embargo, la desconfianza y falta de acuerdos transversales en un Parlamento marcado por la polarización hace imposible una reforma exprés y quirúrgica de la Constitución. Y eso pese al consenso sobre la supresión de una figura que permite que las causas penales de diputados, senadores y miembros del Gobierno sean investigadas y, llegado el caso, juzgadas por el Supremo en vez de por los tribunales ordinarios como le sucede al resto de ciudadanos. La fragmentación de la cámara, con 18 partidos, tampoco ayuda.

El PP, sin el que la reforma parcial de la Ley Fundamental no es posible —se requiere una mayoría de dos tercios— sostiene que no es posible porque los socios del Gobierno aprovecharían la ocasión para plantear sus reivindicaciones, contra la revisión del modelo de Estado y la sustitución de la Monarquía por una República. “Es el momento para defender la Constitución, no para plantear su reforma, como piedra angular de nuestra democracia y de los acuerdos fundamentales que la sustentan, frente al proyecto de reformas radicales de la extrema izquierda y de los nacionalismos que, lamentablemente, es apoyado en lo básico por el PSOE”, sostiene Edurne Uriarte, portavoz en la Comisión Constitucional. “El PSOE afirma que el problema está en la Constitución y no en la deslealtad nacionalista, y propone lo que llama una reforma federal para contentar a los nacionalistas”, apostilla.

Vox comparte las mismas tesis que el PP. “Si se abre el melón de la Constitución, todos los partidos que quieren destruir a España intentarían meter la cuchara en esa reforma con todo tipo de medidas potenciales para atacar la unidad nacional, desde un referéndum a la cuestión de la inviolabilidad del Rey, que no es más que una forma de atacar a un símbolo nacional”, observa el diputado José María Figaredo. Su formación se declara “totalmente a favor de eliminar los aforamientos: los políticos deben ser juzgados por el sistema judicial ordinario”.

Rafaela Crespín, secretaria general del PSOE en el Congreso y miembro de la comisión Constitucional, reconoce que un acuerdo del calibre que exige cambiar la Constitución es “difícil por la polarización y crispación”. “Desgraciadamente, es el clima que están alimentando sobre todo los partidos de la derecha, PP y Vox, que no defienden el interés colectivo. No ponen fácil el consenso y las reformas para avanzar como país”, sentencia. A Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos en el Congreso y portavoz en la misma comisión, tampoco le convencen los argumentos del PP: “Son excusas, el PP no puede reconocer que no quiere perder el control de los órganos judiciales. No va a permitir que les juzgue un juez ordinario cuando controlan el Supremo”.

“El PP prefiere que la Constitución siga llamando disminuidos a las personas con diversidad funcional por el pavor que les despierta que la Ley Fundamental se modifique. Se niegan a reformarla incluso en aquellos aspectos que reconocen que necesitan reformarse. Esto llega a extremos ridículos”, lamenta Íñigo Errejón, portavoz de Más País.

Edmundo Bal (Ciudadanos) comparte que retocar la Constitución no es factible “sin un consenso amplísimo” y “voluntad política”. Partidario de una reforma “con bisturí”, advierte de que partidos como ERC podrían plantear abolir la Monarquía o el derecho a decidir. “Existe el riesgo de que se aproveche para reabrir otros debates. Sería pernicioso cuestionar la Transición”, advierte.

Mikel Legarda, portavoz del PNV en la comisión Constitucional, también ve “inevitable” que hubiese partidos que, en caso de reforma, no se ciñesen a los aforamientos. En el supuesto de que hubiese un acuerdo en exclusiva sobre su eliminación, los nacionalistas vascos propondrían un cambio a fondo para asemejarse a países como Estados Unidos, sin aforados. O como en Alemania y Reino Unido. EH Bildu apoyaría suprimir todos los aforamientos, “siempre que se anule también la inviolabilidad del Rey”, según fuentes abertzales.

Entretanto, el estatuto de Baleares continuará su tramitación en el Senado. Canarias se convirtió en 2018 en la primera comunidad que acabó con la cobertura jurídica de los aforamientos para los 70 diputados autonómicos y el Ejecutivo regional. En Cantabria, con un Parlamento de 35 escaños, entró en vigor en marzo. La reforma del estatuto de La Rioja, en la misma línea, superó en mayo su primer trámite en la Cámara Baja. La Asamblea de Murcia acaba de aprobar retirar el proyecto de reforma de su estatuto del Congreso con los votos del PP y los expulsados de Cs y Vox. Los diputados del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos se ausentaron de la votación en protesta por lo que consideraron un “atropello democrático”. La oposición había presentado enmiendas para regular la figura del diputado no adscrito tras los casos de transfuguismo.

Una promesa incumplida de PP y PSOE

La eliminación de los aforamientos es una promesa incumplida del PP y del PSOE. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se comprometieron a acotar este privilegio en sus Gobiernos. El ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón se mostró partidario en EL PAÍS de eliminar todos los aforamientos excepto 22, sin contar los que afectan a la familia real: el presidente del Gobierno, los del Congreso y Senado, los del Constitucional y del Supremo y los 17 presidentes autonómicos. Sánchez anunció en septiembre de 2018 una reforma constitucional para “eliminar” en dos meses los aforamientos de políticos. El Gobierno aclaró luego que esta protección judicial se limitaría a los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores para los delitos cometidos “en el ejercicio de las funciones propias del cargo”. Pero no se cambió nada.