La Audiencia Nacional avanza en la resolución de un asesinato clave de ETA de hace 36 años

La Audiencia Nacional avanza en la resolución de uno de los 300 atentados de ETA sin aclarar: la muerte del superintendente Carlos Díaz Arcocha, primer jefe de la Ertzaintza, asesinado en 1985 en Vitoria con una bomba lapa. Según detallan fuentes del caso, los investigadores han recopilado toda una batería de pruebas que ha permitido a la Policía “concluir” ya que el comando Xira se encuentra detrás del crimen, además de identificar al terrorista que colocó presuntamente el explosivo. Los a...

La Audiencia Nacional avanza en la resolución de uno de los 300 atentados de ETA sin aclarar: la muerte del superintendente Carlos Díaz Arcocha, primer jefe de la Ertzaintza, asesinado en 1985 en Vitoria con una bomba lapa. Según detallan fuentes del caso, los investigadores han recopilado toda una batería de pruebas que ha permitido a la Policía “concluir” ya que el comando Xira se encuentra detrás del crimen, además de identificar al terrorista que colocó presuntamente el explosivo. Los agentes profundizan ahora en los vínculos de José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, exdirigente de la banda, con el ataque.

Los etarras asesinaron a Díaz Arcocha el 7 de marzo de 1985. Pusieron una bomba debajo de su vehículo cuando desayunaba en la cafetería a la que solía acudir, el bar de la gasolinera de Elorriaga, cerca de la sede de la academia del cuerpo que dirigía. “Miembros de ETA tuvieron tiempo de colocar [el artefacto] con un sedal conectado a la rueda para que se activara en cuanto el coche comenzara a moverse”, explica el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) en su Mapa del terror, donde añade: “Agentes que se encontraban en el bar lo sacaron del amasijo de hierro y lo trasladaron inmediatamente al hospital”, donde falleció.

El atentado provocó una enorme conmoción en la época por su significado político. La víctima reunía una doble condición: era teniente coronel del Ejército español y jefe de una institución vasca símbolo del gobierno de Euskadi. Pero, más de 36 años después, nadie ha sido condenado por la muerte del bilbaíno, nacido en el seno de una familia carlista, fervoroso defensor de la autonomía, que se definía como “vasco y español”, y que en 1981 asumió el encargo del lehendakari Carlos Garaikoetxea (PNV) de poner en marcha la Ertzaintza. Cuando ETA lo asesinó tenía 52 años, y dejó viuda y cinco hijos.

Tras la desarticulación del comando Xira en 1986, las fuerzas de seguridad ya abrieron una línea de investigación por su posible vinculación con el atentado. Según un auto de la Audiencia Nacional, tres de los detenidos admitieron su participación en el crimen en su declaración ante los policías, pero después se desdijeron ante el juez. El cambio de versión provocó entonces que el instructor considerase que no tenía indicios suficientes contra ellos y, “ante la ausencia de ningún otro elemento corroborador”, dio carpetazo ese mismo año a unas pesquisas que han acabado en el olvido durante décadas —solo se reabrieron para juzgar en 2000 a dos ertzainas acusados de facilitar información a ETA sobre el superintendente, pero ambos resultaron absueltos—.

Ahora, los investigadores han cruzado información que constaba en este sumario con datos y testimonios de otras pesquisas que no se habían tenido en cuenta. Según fuentes del caso, entre el nuevo material se encuentran las “autocríticas” de los cuatro miembros de Xira: Joseba Mirena Martínez, alias Txema; Ricardo Izaga, Txomin; Jesús Díaz de Heredia, Josu; y Fernando San Vicente. Estas “autocríticas” —“cantadas”, en el argot de ETA— son documentos generalmente manuscritos que los etarras capturados enviaban lo antes posible a sus superiores para explicar las causas de su arresto, y para facilitar información relevante o comentar cualquier dato que hubiesen revelado. Las fuerzas de seguridad conceden una gran verosimilitud a estos papeles, ya que debían ser “claros, concisos y veraces”, pues estaba en juego la seguridad de la banda terrorista.

Las “cantadas” del comando Xira las intervino Francia en 1987 con motivo de la detención de Santiago Arrospide, Santi Potros, entonces dirigente de ETA. Estos papeles se enviaron entonces a España a través de una comisión rogatoria, pero se incorporaron a otras pesquisas. Ahora, en el marco de la revisión de los crímenes de la banda sin resolver, los agentes los han encontrado e incorporado de forma decisiva a la causa sobre el asesinato de Arcocha. Según añaden fuentes de la investigación, han ayudado a reconstruir el atentado al compararlo con otras pruebas.

Según esas fuentes, Iraza admite en su “autocrítica” que preparó la bomba y la colocó en el coche. Una versión que coincide con las “cantadas” de sus compañeros y con su declaración ante la policía tras su arresto. Además, la “autocrítica” de Iraza contiene muchos detalles —el lugar exacto de colocación del artefacto, el sistema de activación, y la cantidad y tipo de explosivo— que coinciden con los datos del informe que la Unidad de Desactivación de Explosivos elaboró en 1985 sobre el atentado, que los investigadores también han recuperado y facilitado al Juzgado de Instrucción 1, encabezado por Alejandro Abascal.

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha resaltado las “coincidencias” entre las pruebas recabadas, según subrayan fuentes del caso, que insisten en que la descripción de los terroristas sobre los materiales usados y el modus operandi solo puede hacerla quien haya planificado el ataque y participado en el mismo. Además, Fernando San Vicente precisó en su “cantada” que antes del atentado con la bomba lapa ya habían intentado asesinar a tiros a Díaz Arcocha en otra ocasión, pero desistieron porque se toparon con un coche de policía de los Miñones de Álava en el bar de la gasolinera.

La Policía ahonda ahora en la vinculación de Kantauri con el crimen. Los agentes mantienen que este etarra, miembro entonces del comando Araba, sabía que se iba a atentar contra Arcocha: sospechan que pudo facilitar datos del superintendente a la cúpula de la banda y que esta se la transmitió a los miembros de Xira —ningún integrante de este comando se encuentra actualmente en prisión—. “La información nos viene de Francia. Se nos dice que atentemos contra Arcotxa [sic], dándonos su nombre y apellidos, el coche que utiliza (un Ford Escort azul, matrícula de Bilbao), así como el lugar donde este acostumbra a desayunar”, afirma Mirena Martínez en su “autocrítica”.

Precisamente, siempre se ha creído que los datos sobre el jefe de la Policía vasca se los facilitó a ETA alguno de los colaboradores que tenía la banda en la Ertzainzta. Kantauri tenía relación con estos agentes e, incluso, uno de ellos lo alojó en su casa. En este sentido, hace más de dos décadas, el sumario de Arcocha se reabrió para enjuiciar en el año 2000 a Miguel Sueskun y Jesús Guergué, dos ertzainas que cooperaban con los terroristas en el momento del asesinato. La Asociación de Víctimas del Terrorismo acusó a ambos de facilitar información a los etarras sobre la víctima, pero resultaron absueltos. Los jueces concluyeron en su sentencia que, “ignorándose quienes fueron los autores del atentado”, no podía darse por probado que los dos agentes de la policía vasca facilitasen, de forma “consciente y deliberada”, los datos que “contribuyeron a darle muerte”.

En febrero de 2020, el Juzgado Central de Instrucción 1 reabrió de nuevo el sumario tras las nuevas pesquisas policiales sobre las “cantadas” y tras la personación de la hija de la víctima como acusación. La Fundación Villacisneros, que colabora para la resolución de los crímenes de ETA, afirmó: “Conseguir, 35 años después del asesinato del jefe de la Ertzaintza, que la Audiencia Nacional reabra el sumario provoca sentimientos encontrados. Por una parte, satisfacción porque pueda hacerse justicia finalmente. Y, por otra, decepción ante el abandono institucional que sufren las víctimas del terrorismo”. En el auto que reactivó la causa, el magistrado también señaló que se investiga la posible implicación de María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, que formó parto del comando Araba.

Diez años después de que ETA anunciase “el cese definitivo de su actividad armada”, la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen activos sendos grupos especializados en investigar crímenes sin resolver de la banda. Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional creó en 2018 un área específica para coordinar estas pesquisas, encabezada por Marcelo Azcárraga. Este representante del ministerio público, en declaraciones a EL PAÍS, ya manifestó la firme apuesta de estas instituciones por esclarecer esos casos: “Los delitos prescriben, pero el derecho a la verdad no. Para nosotros, lo de la prescripción es lo último. Nosotros iniciamos la investigación, vamos a tratar de averiguar quién es el responsable y luego ya veremos”.