González-Trevijano, el líder del sector conservador del Tribunal Constitucional

Hace ocho años que Pedro Gónzalez-Trevijano, de 63 años, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, no ejerce en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, pero el tiempo no parece haber pasado. El exrector (2002-2013) es, según profesores de los distintos campus, un poder fáctico en la sombra, pese a que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha perdido algo de su enorme peso y gobierna un ingeniero. Él, en conversación con EL PAÍS asegura no entrometerse porque hace siete años que no pisa la...

Hace ocho años que Pedro Gónzalez-Trevijano, de 63 años, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, no ejerce en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, pero el tiempo no parece haber pasado. El exrector (2002-2013) es, según profesores de los distintos campus, un poder fáctico en la sombra, pese a que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha perdido algo de su enorme peso y gobierna un ingeniero. Él, en conversación con EL PAÍS asegura no entrometerse porque hace siete años que no pisa la universidad. Pero su intención es volver a dar clase, cuando deje el Constitucional, hasta los 70 años.

En 1998 sacó la cátedra en la Universidad de Extremadura con 40 años. Al año siguiente, se convirtió en el primer catedrático de Constitucional de la URJC tras una oposición a cátedra muy discutida. La polémica lo ha perseguido desde entonces. Por currículo debía ganarla Enrique Álvarez Conde ―catedrático entonces en Valencia y autor de un manual de derecho constitucional muy famoso―, pero a última hora este, conocido mucho después por la opinión pública por el caso máster, se retiró del concurso y pasó a ser parte del tribunal (algo inusual en una oposición). González-Trevijano no le da importancia: “Muchas veces firmas la convocatoria y no te presentas”.

Los otros cinco aspirantes a la cátedra que logró González-Trevijano ―entre ellos el luego magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps― denunciaron ante la justicia sin éxito lo que consideraban una cacicada urdida por Gustavo Villapalos (consejero de Educación en Madrid) y Rogelio Pérez Bustamente, decano de Ciencias Jurídicas. 40 días después de esta oposición, en lo que para muchos profesores de la universidad consultados fue una maniobra premeditada desde dentro, Álvarez Conde se convirtió en el segundo catedrático de Constitucional de la URJC.

González-Trevijano accedió al rectorado de la URJC en mayo de 2002. Sus detractores en esa universidad arguyen que, como agradecimiento a Álvarez Conde por la retirada de la candidatura a la plaza, el rector miró a otro lado y dejó hacer a su Instituto de Derecho Público (IDP) recién constituido. El ya presidente del Constitucional permitió que nadie controlase el centro, que él mismo asesoró hasta el final, desde que en 2005 consiguió su propio Código de identificación Fiscal (CIF). En el IDP, Pablo Casado cursó en 2008-2009 de forma exprés un máster en Derecho Autonómico al tiempo que terminaba en la misma universidad su grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE).

En 2009, David Ríos Insua, oponente de González-Trevijano en las elecciones a rector, impugnó los comicios porque entendía que este no podía presentarse a un tercer mandato cuando los estatutos de la universidad solo permiten ejercer dos veces. El hoy magistrado, por su parte, alegó que los estatutos se habían aprobado en medio de su primer mandato y no tenían carácter retroactivo. Cuenta a este diario que no tuvo autonomía de gestión hasta que no se aprobaron los estatutos y, por tanto, fue un primer mandato sui generis. La junta electoral, en la que Enrique Arnaldo ―desde este jueves magistrado del Constitucional― actuó de representante general de su amigo González-Trevijano, y la Consejería de Educación (PP) no vieron ningún obstáculo y el entonces rector arrasó en las elecciones con el 70% de los votos.

El procedimiento judicial de las elecciones siguió, y el juez Alberto Palomar que, como contó la Cadena SER ejercía esporádicamente de profesor en la URJC, desestimó el caso en 2011, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a los pocos meses dio la razón a Ríos Insúa y dictaminó que el rector no podía haberse presentado. Por poco tiempo, porque en 2012 el Tribunal Constitucional anuló la sentencia tras un recurso de González-Trevijano. Apenas ocho meses después, en 2013, el entonces rector fue elegido magistrado del Constitucional a propuesta del PP. Le sucedió al frente de la universidad Fernando Suárez, forzado en 2017 a adelantar las elecciones por sus 15 plagios acreditados.

Las irregularidades en la gestión de los másteres de Álvarez Conde terminaron sepultando en 2018 las carreras políticas de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes y la ministra Carmen Montón. Ambas habían sido alumnas del IDP en los años en que González-Trevijano era rector, 2011-2012, pero el escándalo no le salpicó, parapetado en el Constitucional.

La URJC es vista por muchos la universidad como una agencia de colocación del PP en el Constitucional. Este año ha cesado como magistrado el catedrático de Filosofía del Derecho Andrés Ollero, diputado del PP durante 17 años y candidato a presidente del órgano judicial; y el jueves fue elegido Arnaldo, catedrático de Constitucional en esta universidad y profesor en el centro Cardenal Cisneros, pese a la incompatibilidad. González-Trevijano no ve desproporción: calcula que ha habido al menos tres magistrados de la Autónoma de Madrid y cinco de la Complutense, universidades mucho más antiguas.

González-Trevijano fue designado magistrado del Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en junio de 2013, junto al hoy consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en ambos casos por su marcado perfil conservador. La sentencia más reciente y conocida, por su repercusión, de cuantas ha sido ponente Trevijano fue la que en julio último declaró inconstitucional el confinamiento acordado durante el primer estado de alarma. La tesis del fallo —aprobado por seis votos a cinco— fue que el decreto del Gobierno había supuesto una suspensión, y no una mera limitación, de derechos fundamentales, para lo cual hubiera sido necesario pedir a las Cortes la declaración del estado de excepción.

Durante su mandato, Trevijano ha ido adquiriendo un papel de liderazgo al frente del sector conservador del tribunal. Este bloque ha logrado la aprobación de numerosas sentencias que han supuesto el aval a algunas de las leyes más importantes del mandato de Mariano Rajoy, en paralelo a la anulación de otras correspondientes al actual período de Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE). Entre las primeras cabe citar la ley de Seguridad Ciudadana o la que introdujo la prisión permanente revisable en el Código Penal. Entre las segundas, aparte de las relativas al estado de alarma figuran la anulación de diversos decretos-leyes, unos fallos criticados por el sector progresista del tribunal, por considerar que con la legislación del Gobierno del PP vía decreto no se aplicó la misma vara de medir.

En este contexto, el tribunal ha derivado en los dos últimos años hacia una fractura interna cada vez más acusada en todos los frentes, también en relación con el conflicto catalán, ante el que primero intentó reaccionar con consenso, en relación con la inicial declaración soberanista y la consulta del 9-N. Esos primeros fallos fueron acordados por González-Trevijano y quien ahora será el vicepresidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Xiol, en el que se denominó el pacto de Santo Domingo, por haber sido alcanzado en la capital dominicana durante un encuentro de Tribunales Constitucionales latinoamericanos. Las sentencias cerraron el paso a las iniciativas sobre el derecho a decidir, pero al propio tiempo lanzaron claras llamadas al diálogo político entre el Gobierno y los partidos independentistas, como única vía para resolver el conflicto.

González-Trevijano fue posteriormente el ponente de la sentencia que en julio de 2019 avaló la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña y la suspensión de su autonomía. La resolución fue aprobada por unanimidad, con la contrapartida de que el fallo subrayara que solo se podría intervenir una comunidad autónoma en casos excepcionales. Antes de acceder al Constitucional, en 2006, González-Trevijano manifestó a EL PAÍS al responder a una encuesta entre juristas sobre la reforma del Estatut que le resultaba “inapropiada la enunciación explícita de Cataluña como nación, por más que se recoja solo en el preámbulo, dado el valor histórico, simbólico y político del mismo, aunque no tenga eficacia jurídica inmediata”. Ahora, González-Trevijano es ponente de la sentencia que cerrará el largo capítulo de fallos sobre el procés al resolver el recurso de Oriol Junqueras contra su condena por el Supremo, en el que reivindica que se le reconozca la prerrogativa de inmunidad, dados sus sucesivos cargos parlamentarios.