El Gobierno, incómodo con la propuesta de Enrique Arnaldo como magistrado del Constitucional

La incomodidad del Gobierno aumenta conforme se suceden las informaciones que ponen en duda la idoneidad de Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos que el PP ha propuesto para ocupar un sillón de magistrado en el Tribunal Constitucional. Los diputados del Congreso votan el jueves de manera individual, telemática y secreta a los cuatro aspirantes que el PSOE y los populares acordaron para cumplir con la renovación, ...

La incomodidad del Gobierno aumenta conforme se suceden las informaciones que ponen en duda la idoneidad de Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos que el PP ha propuesto para ocupar un sillón de magistrado en el Tribunal Constitucional. Los diputados del Congreso votan el jueves de manera individual, telemática y secreta a los cuatro aspirantes que el PSOE y los populares acordaron para cumplir con la renovación, pendiente desde noviembre de 2019, de un tercio de los 12 componentes del máximo tribunal. PSOE, PP y Unidas Podemos suman 243 escaños, una horquilla muy por encima de la mayoría de tres quintos (210) necesaria y, aunque en Ferraz y La Moncloa no hay dudas de que la votación saldrá adelante, el malestar con la apuesta de Génova por Arnaldo es creciente. “El grupo socialista se puede hacer cargo de los nombramientos que propone, no de aquellos nombramientos de otros grupos políticos. Es una pregunta que no la tiene que responder el Gobierno, sino aquel grupo parlamentario que lo ha propuesto. Si hay formaciones políticas que lo único que pueden ofrecer es esto, pues pregunten a esas formaciones”, ha manifestado Isabel Rodríguez, la portavoz del Ejecutivo.

Arnaldo, letrado del Parlamento, incumplió el Estatuto del Congreso, según avanzó EL PAÍS, al cobrar como asesor del Gobierno balear de Jaume Matas (PP) mientras era coordinador jurídico de varias comisiones de la Cámara baja. El PSOE antepone, frente a la designación de Arnaldo, la renovación de instituciones como el Tribunal Constitucional, que pactó con el PP a finales de octubre junto a las del Tribunal de Cuentas y la del Defensor del Pueblo. Las fuentes consultadas aluden al bien mayor que a su entender supone el desbloqueo de unos organismos paralizados y en algunas ocasiones con sus mandatos prorrogados. Pero la opción de Arnaldo no ha agradado por motivos como que su bufete de abogados facturase trabajos para administraciones gobernadas por el PP. Además fue colaborador durante años de FAES, la fundación encabezada por José María Aznar que marca la línea más dura del partido conservador. “Estamos en la misma disposición que siempre de cumplir el mandato constitucional de renovar los órganos pendientes. Es imperativo que abordemos esta cuestión en beneficio de las instituciones y de nuestro país”, ha insistido Rodríguez, que ha reiterado que el Gobierno “no puede hacerse cargo de lo que proponen otros grupos políticos”. El Consejo General del Poder Judicial, con una mayoría conservadora —fue elegido en la primera legislatura de Mariano Rajoy, después de que el PP se hubiera impuesto por mayoría absoluta en las elecciones de 2011— está pendiente de renovarse desde diciembre de 2018.

Enrique López, actual secretario de Justicia del PP y consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa de Arnaldo. “Estamos ante un jurista de un prestigio incuestionable. No vamos a valorar dimes y diretes, chismes en los medios de comunicación. No voy a interpretar las normas que regula el personal al servicio de las Cortes, tenemos plena confianza y es un candidato plenamente elegible”, ha afirmado. Arnaldo asumió la defensa de López tras ser este detenido por conducir ebrio en 2014.

Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos, ha enviado una carta a todos los grupos parlamentarios salvo EH Bildu en la que les ha pedido que no avalen en el pleno del jueves el “apaño” que a su juicio ha alcanzado el Gobierno con el PP para desbloquear la situación en el Defensor del Pueblo —pendiente de renovar desde julio de 2017—, el Tribunal de Cuentas —su mandato finalizó el pasado julio— y el Constitucional. Bal insiste en el “deber” de velar por el “buen nombre” del Congreso ante lo que considera una “vulneración flagrante del espíritu constitucional y legislativo, que se ha puesto todavía más de manifiesto con las recientes informaciones aparecidas sobre uno de los candidatos en cuestión”, en referencia a Arnaldo. El portavoz del PSOE en la comisión de nombramientos del Congreso, Odón Elorza, muy crítico con Arnaldo en el primer examen a los aspirantes a los órganos a renovar, en el que salió adelante por voto ponderado, será reemplazado de esa función en la sesión del jueves.