Podemos eleva la tensión al máximo con una querella contra la presidenta del Congreso

La tensión entre los partidos del Gobierno ha vuelto a elevarse al máximo, tras una insólita iniciativa del grupo parlamentario de Unidas Podemos: ni más ni menos que una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet. El anuncio de Unidas Podemos se produjo después de que Batet hubiese cedido este viernes ante el Tribunal Supremo y accediese a retirar el escaño al diputado de ...

La tensión entre los partidos del Gobierno ha vuelto a elevarse al máximo, tras una insólita iniciativa del grupo parlamentario de Unidas Podemos: ni más ni menos que una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet. El anuncio de Unidas Podemos se produjo después de que Batet hubiese cedido este viernes ante el Tribunal Supremo y accediese a retirar el escaño al diputado de esa formación Alberto Rodríguez, condenado por propinar una patada a un policía en 2014. Nunca hasta ahora en los conflictos entre los dos socios del Gobierno se había llegado al punto de emprender acciones judiciales contra una dirigente de uno de ellos, que en este caso es además la tercera autoridad del Estado. La iniciativa arrojó más leña al fuego solo unas horas después de que Unidas Podemos exigiese reunir a la mesa que supervisa los acuerdos de coalición al acusar a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de injerencia en la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

La reacción de Unidas Podemos a la retirada del escaño a Rodríguez fue inmediata y furibunda. La decisión de querellarse contra Batet la tomaron los principales miembros de Podemos, sin que hubiesen sido consultados antes otros dirigentes de la coalición, entre ellos la propia Yolanda Díaz, su cabeza visible en el Ejecutivo, ni los socios catalanes de En Comú. Fuentes de la formación justificaron la iniciativa acusando a Batet de “ceder ante la vergonzosa presión del Supremo y de la extrema derecha” frente “al criterio de los letrados de la Cámara”, que interpretaron que la condena a Rodríguez, un mes y medio de cárcel, pena sustituida por una multa de 540 euros, no comportaba la pérdida del escaño. Más tarde, en una entrevista en la Cadena SER, el portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique, aclaró que la querella la presentará personalmente Rodríguez, aunque, matizó, “eso no tiene mucha diferencia política”.

Las airadas palabras de los miembros del socio minoritario del Gobierno también provocaron el viernes un choque con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Antes del anuncio de la querella, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya había abierto fuego con un tuit: “Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí [en los incidentes durante una manifestación en La Laguna (Tenerife) en 2014]. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación” Poco después, el órgano de gobierno de los jueces reunió a su Comisión Permanente y, con los votos de cinco vocales conservadores contra tres progresistas, difundió una nota de “absoluto y rotundo rechazo” a las palabras de la ministra. “Más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la nación, llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo”, denuncia la nota.

Batet ya se inclinaba desde el jueves por retirar el escaño a Rodríguez, después de que el Supremo hubiese rebatido un informe anterior de los letrados de la Cámara que interpretaban que la sentencia no comportaba privarle de su condición de diputado. Aunque el fallo judicial también condenaba al parlamentario a la “inhabilitación especial por pérdida del derecho al sufragio pasivo”, los servicios jurídicos de la Cámara concluyeron que esta pena estaba asociada a la de cárcel y esta a su vez había sido sustituida por la multa. El Supremo replicó a esta interpretación en un primer escrito, en el que, sin embargo, tampoco pedía expresamente que se quitase el escaño a Rodríguez y solo aludía a su inhabilitación. Batet decidió entonces, tras una reunión de la Mesa, el pasado jueves, acceder a la petición del PSOE y Unidas Podemos de dirigirse al tribunal para pedirle aclaraciones.

La respuesta del Supremo fue fulminante. El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, envió este viernes un nuevo escrito a Batet en el que afirmaba que su función no es “asesorar” a otros órganos, pero le advertía de que tenía que inhabilitar a Rodríguez. El tribunal argumenta que la conmutación de la pena de cárcel por la multa solo afecta a la ejecución de la condena y no elimina la pena accesoria de inhabilitación. Eso fue lo que Marchena transmitió este viernes a Batet, aunque se resistió a contestar explícitamente a la pregunta de si eso obligaba a retirar el escaño a Rodríguez. Según fuentes del tribunal, Marchena lo hizo así porque entiende que lo contrario sería interferir directamente en el poder legislativo, a quien corresponde la decisión última, además de a la Junta Electoral Central. Las mismas fuentes manifestaron que el efecto de la inhabilitación no podía ser otro que la retirada del acta al parlamentario.

El nuevo escrito del Supremo acabó de convencer a Batet, a quien los servicios jurídicos ya le habían dicho que era ella personalmente y no la Mesa del Congreso quien debería tomar la decisión. Y este viernes por la tarde comunicó a Rodríguez que la condena contra él “comporta la pérdida de su condición de diputado”, pese a que Unidas Podemos insistía en que el Supremo seguía sin decirlo expresamente.

No era la única presión sobre Batet. Del otro lado, la oposición venía avisándola de que emprendería acciones legales si no actuaba contra Rodríguez. El líder del PP, Pablo Casado, se sumó este viernes a la ofensiva y emplazó a la presidenta del Congreso a inhabilitarlo “de inmediato”.

Desde que se conoció, al mediodía, el escrito del Supremo, Podemos empezó a lanzar ataques contra Marchena y avisos a Batet, en los que participó el propio Pablo Iglesias. La palabra “prevaricar” ya aparecía en las manifestaciones de los dirigentes de Unidas Podemos. Iglesias lo expresó así en tuit: “¿Saben por qué el Supremo en ninguno de los cinco escritos que ha hecho dice ‘quítenle el escaño’? Porque Marchena teme que Europa diga que están prevaricando. Prefiere que el marrón se lo coma Batet. ¿A cambio de qué?”. Tras conocerse la decisión de Batet, llegó el anuncio de la querella. El PSOE respondió con una nota de apoyo a la presidenta, mientras Echenique añadía en la SER que presentarán también un recurso ante el Tribunal Constitucional. Echenique sostuvo que el incidente no debe afectar a la marcha de la coalición de Gobierno. A las críticas a la presidenta se sumaron otros grupos. Íñigo Errejón, de Más País, la consideró “inexplicable”. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tiró de ironía en un tuit: “Última hora. Manuel Marchena, presidente del Congreso”

El conflicto entre los poderes legislativo y judicial abierto en los últimos días nace de una discrepancia jurídica entre el Supremo y los letrados del Congreso, cuyo informe contrario a la pérdida del escaño de Rodríguez llevó a la Mesa el pasado martes a mantener el acta al diputado. El tribunal sostiene que su fallo implica que el parlamentario debe abandonar el Congreso porque, aunque la pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo lo que impide es concurrir a elecciones y Rodríguez no estaba condenado cuando se presentó, en 2019, la jurisprudencia de la Junta Electoral y del propio Supremo aplica en casos similares la llamada “inelegibilidad sobrevenida”. Es decir, el diputado ya no cumple las condiciones que se exigen para ser elegido, por lo que debe dejar el acta. Los letrados del Congreso, sin embargo, sostienen que este precepto ya no puede aplicarse porque la pena de prisión se ha eliminado.

No hay un precedente idéntico al de este caso, pero sí decisiones de la Junta Electoral y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que, según fuentes del tribunal, sirven ahora de jurisprudencia. Entre otras, la inhabilitación del expresident Quim Torra por “inelegibilidad sobrevenida” antes de que existiera una sentencia firme que lo obligara a apartarse del cargo. Esta figura se empleó también contra Oriol Junqueras para retirarle la condición de eurodiputado tras ser condenado a 13 años de prisión. El caso de Rodríguez aún tendrá un próximo episodio el miércoles. Ese día se reúne la Junta Electoral Central y deberá pronunciarse también sobre la retirada del escaño. Batet se ha anticipado y, en su afán de evitar un conflicto con el Supremo, ha abierto otro de grandes dimensiones entre los socios del Gobierno.