Vox contra el mundo y el mundo contra Vox

Las sesiones de control al Gobierno son el momento más espectacular y también más superficial de la vida parlamentaria. Un pim-pam-pum de intervenciones de dos minutos a lo sumo, en las que los líderes políticos encadenan los temas más dispares y las frases más prefabricadas. Un formato ideal para lo que demandan los focos. Cuando estos se apagan, siguen sucediendo cosas en el hemiciclo del Congreso, aunque algunas pasen casi inadvertidas. Incluso que una d...

Las sesiones de control al Gobierno son el momento más espectacular y también más superficial de la vida parlamentaria. Un pim-pam-pum de intervenciones de dos minutos a lo sumo, en las que los líderes políticos encadenan los temas más dispares y las frases más prefabricadas. Un formato ideal para lo que demandan los focos. Cuando estos se apagan, siguen sucediendo cosas en el hemiciclo del Congreso, aunque algunas pasen casi inadvertidas. Incluso que una de las portavoces del tercer grupo de la Cámara denuncie en sede parlamentaria una conspiración del Gobierno contra su partido.

Resulta que esa portavoz, Macarena Olona, de Vox, con ocasión de su primer combate en el pleno frente a la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, el pasado miércoles, reveló ni más ni menos que la existencia de un plan secreto del Ejecutivo para ilegalizar a su formación. Ya su líder, Santiago Abascal, había dejado caer ante el presidente del Gobierno un enigmático “ustedes fantasean con ilegalizarnos”. Olona pormenorizó luego ese fantaseo ante un hemiciclo que ya había sufrido la desbandada que sigue al final de los efímeros duelos entre los líderes: el Gobierno “está cocinando desde hace meses” una operación para “fabricar pruebas” que le permitan ilegalizar a Vox. El instrumento sería, según narró Olona, la misma ley de partidos que sirvió para proscribir a Batasuna.

A la diputada Olona le gusta invocar su condición de “abogado del Estado” —ella lo dice en masculino— y así lo hizo esta vez, a pesar de que se eximió de presentar pruebas concretas para demostrar sus conclusiones. Le bastó que Llop decidiese no contestar directamente a sus preguntas y se limitase a calificar su discurso de “delirio” para deducir que el Gobierno no se atreve a desmentir tan “graves acusaciones”.

La extrema derecha ha desistido esta vez de amenizar el inicio del nuevo curso parlamentario con una moción de censura, como hizo el año pasado, pero ha vuelto al Congreso con un discurso renovado en decibelios, conjuras o leyendas de las redes ultras. Y cada vez con mayor agresividad en sus palabras contra los inmigrantes. Abascal llegó a decir ante Pedro Sánchez que los extranjeros “siembran el pánico en las calles de España”. El día anterior, la diputada María Ruiz Solás había señalado a los inmigrantes como importadores de la homofobia, lo que le valió la reprobación de toda la Cámara menos del PP, que suele evitar esos choques directos. “Ustedes viven en una realidad paralela”, le dijo la diputada de Ciudadanos Sara Giménez.

Vox se siente reforzado por el éxito de su recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma y por los patinazos del Gobierno en el caso de la falsa agresión homófoba de Malasaña. De lo primero alardea en cada una de sus intervenciones. Lo segundo le ha servido para construir un relato inverso: el único discurso de odio en España es el que propaga contra Vox un Gobierno surgido de “un colosal fraude electoral” y aliado con la “izquierda mediática” mediante “montajes” como el de Malasaña. Todo eso es la prueba, según la extrema derecha, de que el Ejecutivo pretende poner fuera de la ley al partido que más abiertamente reclama la ilegalización de otros: con seguridad, los independentistas, incluido el PNV —”un tumor que hay que extirpar”, en palabras ante el pleno del diputado Joaquín Robles— y hasta es posible que los “marxistas”, según han dicho alguna vez los dirigentes de Vox.

El discurso de la extrema derecha contra los inmigrantes o contra el colectivo LGTBI —”un lobby”, en definición de la diputada Ruiz Solás— ha vuelto a concitar el repudio general de la Cámara. En esos temas y en el del feminismo partidos como Ciudadanos o el PNV se enfrentan a Vox con tanto ahínco como la izquierda. El PP tampoco secunda esas posiciones de sus competidores por la derecha, pero por lo general rehúye la confrontación directa. Esta semana, los populares fueron los únicos que no polemizaron con el partido de Abascal por su discurso sobre las minorías sexuales. La diputada del PP Marta González dedicó más tiempo a criticar al Gobierno por el caso de Malasaña. Y su grupo se abstuvo en la votación de un texto socialista de condena a los ataques homófobos. Vox apretó el botón del único voto en contra.

Hay veces, sin embargo, que los populares no pueden contener su exasperación ante algunas actitudes de la extrema derecha. Le pasó al diputado José Antonio Bermúdez de Castro, después de que Vox pretendiese tumbar una pequeña reforma del reglamento para adaptar los nombres de las comisiones parlamentarias a las de los nuevos ministerios. El partido de Abascal alegaba que la existencia de una comisión por cada ministerio es un subterfugio para que los diputados cobren más dietas. Bermúdez de Castro y Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, echaron un rapapolvo a José María Sánchez, diputado de Vox y juez que gusta de hacer gala de erudición jurídica. Bermúdez le afeó sus “argumentos mendaces”. El de Ciudadanos lo expresó con menos remilgos: “Ustedes mienten a los españoles”.

Incluso en ese leve trámite sin trascendencia política —lo avalaban al tiempo los dos partidos del Gobierno y el PP— Vox fue el único en votar en contra. No hay situación que agrade más a la extrema derecha: dejar claro que de un lado están ellos y del otro los partidos del “consenso progre”. Vox contra el mundo y el mundo contra Vox. “Porque ya solo queda Vox”, repiten sus diputados.