Exdirigentes de ETA niegan que la abogada Arantza Zulueta actuara en nombre de la banda terrorista

Los exdirigentes de ETA Juan Lorenzo Lasa Mitxelena Txikierdi, Ana Belén Egüés Dolores, David Pla y Jon Salaberria han negado este martes ante la Audiencia Nacional que la abogada Arantza Zulueta, principal acusada de pertenecer al bautizado como “frente jurídico” de ETA, actuara en nombre de la banda terrorista y les diera alguna instrucción de la organización armada mientras aquellos se encontraban en prisión. Todos han admitido que Zulueta les informaba de la situación política del País Vasco y se limit...

Los exdirigentes de ETA Juan Lorenzo Lasa Mitxelena Txikierdi, Ana Belén Egüés Dolores, David Pla y Jon Salaberria han negado este martes ante la Audiencia Nacional que la abogada Arantza Zulueta, principal acusada de pertenecer al bautizado como “frente jurídico” de ETA, actuara en nombre de la banda terrorista y les diera alguna instrucción de la organización armada mientras aquellos se encontraban en prisión. Todos han admitido que Zulueta les informaba de la situación política del País Vasco y se limitaba a prestarles asesoría jurídica. En ningún caso, han coincidido los expresos de ETA, la abogada les transmitía directrices de la dirección de la banda. “Mi interlocución con Arantza Zulueta ha sido exclusivamente como preso. Nunca me pasó una nota o comunicación de ETA″, ha afirmado en el juicio Lasa Mitxelena, destacado cabecilla de ETA hasta su detención en 1985.

Zulueta está acusada de liderar, junto a otros siete individuos, el brazo jurídico de ETA denominado Halboka (acrónimo en euskera de “Rompiendo las Paredes, Pronto los Luchadores a la Calle”), una estructura creada presuntamente en 2002 para mantener el control y la disciplina interna de los presos de la banda terrorista. Los hechos que ahora se juzgan se remontan a 2002, cuando, según el escrito de la fiscalía, ETA sustituyó precisamente el frente makos por la estructura Halboka, cuya responsable era presuntamente Zulueta, considerada representante del sector más intransigente de la izquierda abertzale en aquellos años. Uno de los subgrupos de Halboka era el “frente jurídico”, formado por abogados, quienes supuestamente se dedicaban a transmitir las directrices de ETA a los reclusos para impedir que se acogieran a las medidas de reinserción individual y se mantuvieran dentro de la línea que fijaba el autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, en sus siglas en euskera).

La Fiscalía pide 19 años de cárcel para Zulueta por integración en organización terrorista por su condición de dirigente y por depósito de armas y explosivos. Para el resto de acusados, entre los que se encuentra el abogado Jon Enparantza, el Ministerio Público solicita entre 7 y 12 años de prisión por su presunta pertenencia a ETA o colaboración con la banda. En el mismo sumario 13/13 también estuvo procesado Juan Mari Jauregi, fallecido este pasado viernes.

Los exdirigentes de ETA y el resto de los testigos propuestos por la defensa de los acusados han asegurado este martes que no les consta que existiera ninguna relación entre la abogada y la banda terrorista. Lasa Mitxelena, en libertad desde 2013 tras permanecer 28 años en prisión, ha reconocido que durante su reclusión fue elegido miembro del equipo de portavoces del colectivo EPPK, del que formaban parte, ha dicho, algunos miembros expulsados de ETA y “gente muy crítica” con los planteamientos terroristas de la banda. Ha asegurado que los debates que se mantenían en el seno del colectivo de presos etarras “se vehiculizaban con el exterior a través de los abogados”, entre los que figuraban Zulueta.

De esta forma se llegó a mantener una reunión a finales de los años noventa con la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco y un encuentro en 2005 en la cárcel de Granada “con representantes de Instituciones Penitenciarias” cuando Mercedes Gallizo era su responsable con el PSOE en el Gobierno. Según ha relatado Lasa Mitxelena, “Arantza Zulueta seguía las instrucciones del colectivo de presos políticos vascos y nosotros no éramos ETA. El colectivo era totalmente autónomo”. Ha recordado que en ese encuentro trasladaron a Instituciones Penitenciarias las reivindicaciones de los presos, entre las que ha citado el reconocimiento del colectivo de presos políticos, su reunificación en las cárceles vascas y la libertad de los enfermos graves y de aquellos que habían cumplido tres cuartas partes de su condena y de quienes padecían enfermedades incurables.

Lasa Mitxelena ha admitido que durante su etapa como activista de ETA fue un “miembro cualificado” de esta organización: “Ya entonces tenía mucho cuidado de no interferir en la vida de los presos”. Con esta afirmación ha querido dejar claro que la dirección de la banda terrorista no solía inmiscuirse en los asuntos de los presos. También ha afirmado que desde el día en que entró en prisión dejó de tener relación con ETA, ni recibió instrucción alguna de los dirigentes etarras: “Mi relación con ETA se acaba en la cárcel”.

Ana Belén Egüés, también presente como representante del EPPK en la reunión de 2005 con Instituciones Penitenciarias, ha seguido la misma argumental de Lasa Mitxelena y asegurado que Zulueta se limitaba a asesorarle “jurídica y políticamente” mientras estaba en la cárcel. También ha incidido en que desde que formó parte del colectivo de presos etarras dejó de tener “contacto alguno” con ETA y, por lo tanto, no recibió de su abogada ninguna consigna de la organización criminal.

También ha testificado David Pla, el último jefe político de ETA cuando fue detenido en 2015, quien ha manifestado que cuando era militante de ETA (en los periodos 2000-2006 y 2015-2019) “no conocía” la existencia de Halboka, el denominado frente jurídico de la banda. Tanto Plá como Jon Salaberria, este último detenido en 2008 junto a Francisco López Peña Thierry, han asegurado que no les consta que el colectivo de abogados ofreciese información a la banda sobre miembros huidos, posibles objetivos para atentar o gestiones del cobro del impuesto revolucionario, como consta en el informe acusatorio de la Fiscalía. Ambos han desmentido que mantuvieran una cita en Mimizan (Francia) en mayo de 2018, días antes de un encuentro entre Jon Enparantza y un supuesto miembro de ETA en los alrededores de la catedral del Buen Pastor de San Sebastián. “Me parece inverosímil que los abogados se dedicasen a captar a gente para ETA”, ha afirmado Salaberria.

Los testigos de la defensa han confirmado la existencia de un “grupo de coordinación” (KT, por las siglas Koordinazio Taldea) que se dedicaba a “trasladar al exterior”, ha explicado Salaberria, “las actividades y las reivindicaciones del colectivo de presos políticos vascos”, pero al mismo tiempo ha negado “rotundamente” que este equipo de coordinación formase parte de la estructura de ETA: “El colectivo de presos vascos no tenía ninguna pertenencia a ETA”, ha subrayado el exdirigente de Jarrai y parlamentario vasco de la extinta Herri Batasuna.