Objetivo: echar hasta al último okupa

Las dos hermanas se asoman a la ventana del piso ocupado donde viven en Horche, un pequeño pueblo de Guadalajara. Llevan perlas en las orejas y las melenas negras recogidas en moños despeinados. Las dos, gemelas, se han vestido de rosa fucsia. Arquean las cejas ante la visita y las preguntas. Disparan hasta quedarse sin aire.

—¿Quién te ha dicho a ti que mi madre es jefa de algo? ¿Que vende pisos? Eso es mentira. ¡Mi madre es jefa de su casa y ya está!, se pueden ir todos a tomar por culo.

La madre de estas dos chicas de 19 años no está en casa, pero medio pueblo habla de ella. T...

Las dos hermanas se asoman a la ventana del piso ocupado donde viven en Horche, un pequeño pueblo de Guadalajara. Llevan perlas en las orejas y las melenas negras recogidas en moños despeinados. Las dos, gemelas, se han vestido de rosa fucsia. Arquean las cejas ante la visita y las preguntas. Disparan hasta quedarse sin aire.

—¿Quién te ha dicho a ti que mi madre es jefa de algo? ¿Que vende pisos? Eso es mentira. ¡Mi madre es jefa de su casa y ya está!, se pueden ir todos a tomar por culo.

La madre de estas dos chicas de 19 años no está en casa, pero medio pueblo habla de ella. También de la Jessica, que está en primera línea cuando se trata de montar un pollo al alcalde, y de su marido Jose, que intenta controlar sus prontos. Hablan también del chico rapero que subió un vídeo a Instagram para amenazar a los horchanos, esos “paletos” que le lanzaron un ladrillo al portal de madrugada. Estos son solo algunos de los 200 okupas de este municipio alcarreño de 3.000 habitantes. El objetivo de sus vecinos es echarlos a todos.

Horche, un lugar tranquilo donde a media mañana hay más señoras circulando con sus carros de la compra que coches, vive semanas de tensión que amenaza con explotar en cualquier momento. El municipio convive desde hace ocho años con un bloque de viviendas ocupadas, con más o menos resignación, pero la llegada a un segundo bloque de nuevos ocupantes a los que acusan de robos y problemas varios ha hecho saltar por los aires la convivencia. El fin de semana pasado se organizó una multitudinaria manifestación contra los okupas y unos y otros se insultan en la calle y en las redes. Los horchanos se declaran aterrorizados; los okupas denuncian que pagan justos por pecadores. Con casi 60 viviendas tomadas por unos 200 adultos y niños, su alcalde, Juan Manuel Moral (PSOE), advierte: “La paz social se ha roto”.

La historia de Horche es la de muchos municipios de España. El bum inmobiliario llevó a bancos y constructoras a levantar promociones que prometían convertirse en hogares felices, pero la crisis se las llevó por delante. Las casas sin vender fueron un imán para familias que se quedaron sin nada o para aquellas que nunca tuvieron una mínima estructura. Las mafias de la ocupación también encontraron pronto su sitio. Así comenzó en Horche, cuando la caja de ahorros que construyó el primer bloque, de 90 viviendas, quebró con apenas una decena de casas vendidas.

La propiedad la absorbió entonces CaixaBank, que ofreció un alquiler social. Esto ya no gustó al alcalde, que reprocha que se hiciese “a espaldas del Ayuntamiento”. En poco tiempo aquella apetecible promoción con pisos de dos plantas, trastero y contraventanas de madera con vistas a la montaña pasó a llamarse las 3.000, en referencia a Las tres mil viviendas de Sevilla, la barriada con la menor renta de España.

“Esa casa es un puto problema”, se queja Jorge del Rey, mecánico de 49 años y uno de los legítimos propietarios. “No la puedo usar, ni vender, ni alquilar, ¿quién la va a querer? Te sientes impotente. Sentimentalmente es difícil porque mi padre trabajó mucho en ese piso donde queríamos que viviesen mis padres cuando se hiciesen mayores”, lamenta.

Algunos de los que hoy ocupan las 3.000 empezaron pagando ese alquiler social de 150 euros, pero dejaron de poder asumirlo, los desahuciaron y se convirtieron en okupas. “Era eso o quedarme en la calle”, explica Roberto Carlos Rodríguez, mozo de una hípica cercana, que llegó a Horche hace ocho años. “Me quedé sin trabajo y cuando me llegaba una orden de desahucio me cambiaba a otro piso”. A Rodríguez, que ahora tiene un salario de 600 euros, le molesta la hostilidad del pueblo. “La mayoría de nosotros somos gente que se levanta a las seis de la mañana para trabajar, pero no podemos pagar un alquiler normal”, se queja.

Tras las puertas forzadas del resto de pisos se fueron instalando señoras mayores con pensiones exiguas, jóvenes inmigrantes, desempleados, expresidiarios empezando de nuevo y familias numerosas que sobreviven con apenas un sueldo. Todos piden un alquiler que puedan pagar.

Mari, que cobra una pensión de 402 euros, acabó aquí después de varios baches seguidos. “Me quedé viuda, mi hijo tuvo muchos problemas con las drogas y tuvimos que irnos de nuestra casa”, relata. Ella vive en un piso y su hijo, su nuera y sus dos nietos en otro. “Voy a cumplir 66 años, he criado seis hijos y en la vida me he visto así… ¡Como okupa!”. Mari dice que está “loca por irse” y casi no sale a la calle por no cruzarse con los vecinos. “Me da más miedo la gente del pueblo que los gitanos”, asegura. “Ya nos han apedreado encapuchados por la noche y nos abuchean por la calle”.

Las 3.000 también atrajeron maleantes, que montaron allí sus negocios de menudeo de drogas y mercadeo de viviendas. Algunos de esos pisos se llegaron a anunciar en Wallapop: 1.200 euros por las llaves y el pinchazo de la luz y el agua o “300 euros por una avitación [sic] con derecho a toda la casa”. Building Center, propietaria de los inmuebles del grupo CaixaBank, instaló alarmas y puertas antiokupas según vaciaba los apartamentos, pero las reventaban, las vendían como chatarra y volvían a entrar.

Hace un año que los conflictos vecinales por la ocupación no son solo un problema que afecta a los pocos propietarios que resistieron en sus pisos. En estos meses han llegado nuevos okupas que han tomado otro bloque y se han multiplicado los incidentes.

El detonante para rebelarse contra los intrusos fue el robo de unos móviles a unos chavales y luego el de una manguera de cobre que mantuvo a todos sin agua una tarde y que costó más de mil euros reponer. Después, hurtos en los comercios locales, intentos de ocupación, tres intentos de robo en uno de los bares del pueblo... Los okupas de un bloque y otro, además, no pueden ni verse. Ante las quejas vecinales, la Guardia Civil reforzó su presencia. “La situación es insostenible”, asegura Aurora, una de las portavoces de Defiende Horche, la asociación que acaban de crear los vecinos para exigir leyes más duras al Gobierno y soluciones al banco. “Hemos llegado a una situación límite y vamos perdiendo el miedo”.

Alarmados por el clima del pueblo vecino, al menos otros diez municipios de la región han hecho piña para coordinar medidas contra los okupas presentes y futuros. En Cabanillas (10.000 habitantes) estudian vías legales contra los directivos de los bancos por “dejación de funciones; en Fontanar (2.400 vecinos) harán una modificación fiscal para penalizar las 200 viviendas que tienen permanentemente vacías; otros muchos, como Alovera, creen que hace falta más vigilancia de los activos vacíos.

El desahucio ya planea sobre las familias okupas de Horche. Cada piso tiene ahora una causa judicial, según un portavoz de CaixaBank, y hay, además, un procedimiento penal abierto cuyo lanzamiento podría afectar a varios pisos de forma colectiva. La resolución, de la Audiencia Provincial, se espera a finales de septiembre.

Los okupas no saben bien qué hacer con sus vidas si les obligan a salir. No todos tienen adónde ir, pero como ya advirtieron al alcalde en una manifestación que le montaron en la entrada del Ayuntamiento: “Un desalojo, otra ocupación”.