Los nacionalistas piden al Gobierno apartar a la Abogacía del conflicto en el Tribunal de Cuentas
Junts, PDeCAT y ERC ponen el foco de sus ataques en el organismo fiscalizador que persigue a 39 ex altos cargos de la Generalitat
Los partidos nacionalistas catalanes exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que retire de las acusaciones ya en marcha en el Tribunal de Cuentas a la Abogacía del Estado si de verdad pretende “desempedrar” el conflicto con Cataluña. Junts anunció este martes una proposición en el Congreso en ese sentido y el PDeCAT registró otra iniciativa en la que reclama un cambio de método en la elección de los 12 consejeros de adscripción política de ese órgano constit...
Los partidos nacionalistas catalanes exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que retire de las acusaciones ya en marcha en el Tribunal de Cuentas a la Abogacía del Estado si de verdad pretende “desempedrar” el conflicto con Cataluña. Junts anunció este martes una proposición en el Congreso en ese sentido y el PDeCAT registró otra iniciativa en la que reclama un cambio de método en la elección de los 12 consejeros de adscripción política de ese órgano constitucional para eliminar la capacidad de veto actual del PP. El PSOE ha optado por no manifestarse públicamente sobre estos planteamientos.
La semana pasada, antes de conocerse el expediente con las sanciones económicas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 39 ex altos cargos de la Generalitat por supuesta malversación de fondos públicos para promocionar internacionalmente el proceso separatista, el portavoz de ERC en la Cámara, Gabriel Rufián, ya reclamó al PSOE una revisión de los procesos de selección de los consejeros del Tribunal de Cuentas. El portavoz del PDeCAT del Congreso, Ferrán Bel, ha comparecido este martes para abundar en esa idea. Bel ha afirmado que “el Tribunal de Cuentas requiere una reforma muy profunda”, y ha anunciado que su formación presentaría este mismo martes una iniciativa legislativa para reformar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas con la intención de “que el nombramiento de los 12 miembros se tramite con las mayorías de tres quintas partes en primera votación, pero que en segunda votación pueda salir adelante con la mayoría absoluta de ambas Cámaras”.
Ni en el Gobierno ni en el PSOE se pronunciaron públicamente sobre esa posibilidad. Pero desde el PP se concedió crédito a informaciones que apuntaban a que el Ejecutivo podría considerar esa modificación, lo que desbocó sus alarmas, como en su día sucedió con una propuesta para reformar la forma de elección del Poder Judicial que luego se paralizó. Casado reiteró así sus acusaciones contra las concesiones sin límites de Sánchez y avisó: “No aceptamos presiones. Nos debemos a los españoles. Sánchez bloquea la renovación de los órganos del Estado y pretende que los ciudadanos paguen la corrupción y malversación de los independentistas”.
En julio, los 12 consejeros acaban su mandato de nueve años, y por tanto se deben activar los mecanismos para los nuevos nombramientos. Sin embargo, el PP ya ha ratificado que no permitirá esa renovación porque no se fía de las negociaciones y cesiones que pueda acometer el presidente Sánchez en esta tesitura actual con los nacionalistas. Bel, por su parte, entiende que con su planteamiento el PSOE podría superar el bloqueo que anuncia el PP y que es muy similar al que sufre desde hace dos años y medios el Consejo General del Poder Judicial.
El portavoz del PDeCAT también denunció que la mayoría de los encausados por ese organismo se habían enterado por EL PAÍS de sus sanciones antes de que se les comunicase oficialmente, y consideró ese hecho como “una anomalía inconcebible, que no pasa en ningún Estado serio”.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, fue aún más dura en sus consideraciones. Etiquetó al tribunal como un organismo “politizado, parcial, arbitrario, que dilapida las garantías jurídicas”, estableció comparaciones con encausados de otros partidos y en particular del PP que no habían recibido el mismo trato ni condenas y hasta señaló que el organismo fiscalizador pretende con esas multas “robar y perseguir a los miembros de la Generalitat que hicieron su trabajo”.
Nogueras también anunció la proposición de Junts para instar al Gobierno a que retire las acusaciones presentadas por la Abogacía del Estado contra esos altos cargos y apuntó que esa teórica decisión sí sería “retirar piedras y palos” en el conflicto, como declaró la semana pasada el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. “Queremos hechos, no palabras”, remarcó Nogueras, que acusó al Ejecutivo de una actitud “paternalista” en sus intenciones sobre las posibles soluciones al conflicto catalán.
Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, volvió a insistir en el mensaje lanzado en estos días por su líder, Pablo Casado, sobre que el Gobierno está intentando socavar “la independencia e imparcialidad” del Tribunal de Cuentas al ceder a lo que calificó de “asedio de los independentistas a las instituciones democráticas”.
Fuentes parlamentarias señalaron, además, otros escollos con los que el Gobierno tropezaría si pretende entrometerse o dar instrucciones en favor de los encausados a la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas. Su máximo responsable, Rafael García Monteys, que tuvo en su momento varios cargos en los ejecutivos del PP, sostiene una posición muy dura en este caso. Fuentes del propio tribunal apuntaron que no se entendería que la Abogacía y la Fiscalía, que fueron las que en su momento iniciaron esta investigación sobre posible mal uso de dinero público, ahora retirasen esas acusaciones.