El Gobierno presiona al PP para renovar el Tribunal de Cuentas mientras los independentistas exigen una solución
El organismo, dominado por el PP y cuyo mandato concluye el 23 de julio, es el nuevo elemento de choque después del Consejo General del Poder Judicial
El Gobierno ha movido ficha con los indultos, pero se encuentra con otras muchas dificultades en el camino en su intento de deshacer la madeja del procés. El Tribunal de Cuentas, un organismo dominado claramente por el PP y cuyo mandato concluye el 23 de julio, ...
El Gobierno ha movido ficha con los indultos, pero se encuentra con otras muchas dificultades en el camino en su intento de deshacer la madeja del procés. El Tribunal de Cuentas, un organismo dominado claramente por el PP y cuyo mandato concluye el 23 de julio, es el nuevo elemento de choque. El independentismo exige una solución ante la reclamación de más de 1,9 millones de euros a Oriol Junqueras y a Carles Puigdemont. El Ejecutivo central, a través de la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha señalado que no puede hacer nada más que respetar las resoluciones de este organismo, pero ha recordado a los soberanistas que tienen la vía judicial abierta para recurrir, porque el Tribunal de Cuentas no es un órgano jurisdiccional, sino una instancia administrativa.
Mientras, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, hará “lo habitual”, esto es, no presentar demanda “una vez que hay liquidación”. El Ejecutivo lanza así el mensaje a los independentistas de que está haciendo lo que está en su mano. Montero y Campo han subido el tono contra el PP, al que han exigido que renueve el Tribunal de Cuentas y todos los demás organismos pendientes. El Ejecutivo teme que los populares estén dispuestos a mantener el bloqueo durante todo el tiempo que queda de legislatura: dos años y medio.
“Toca exigir del PP que proceda a la renovación de todos los órganos constitucionales. No es de recibo la actitud tremendamente antidemocrática de boicotear la renovación órganos constitucionales con la única motivación de que tiene una mejor mayoría ahora que la que saldría de la renovación. Un partido no puede ejercer el veto porque le benefician las mayorías actuales. Pablo Casado no reconoce la legitimidad del Gobierno. Pero esto no es voluntario, es obligado cumplir con el mandato constitucional de la renovación.”, ha asegurado Montero. Y Campo ha rematado: “Las democracias son sus instituciones. Un bloqueo hace mucho daño a la democracia. Es de primero de carrera. No hay excusa si de verdad nos creemos la Constitución”.
Presión al PP
La ministra portavoz ha insistido varias veces en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en presionar al PP para que renueve el Tribunal de Cuentas, que reclama 5,4 millones de euros a 39 ex altos cargos de la Generalitat por los supuestos gastos realizados en la promoción exterior del procés y cuyo mandato de nueve años concluye el 23 de julio. “El PP no puede sumar un órgano más a la no renovación”, ha insistido Montero, en referencia al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo. En cualquier caso, el Ejecutivo se ha quedado ya sin instrumentos de presión y no contempla de momento recuperar la ley para renovar estos órganos, al menos el Poder Judicial, por mayoría absoluta y sin el PP, una iniciativa que fue muy criticada en Bruselas.
En la previa a la reunión entre Pedro Sánchez y el president catalán, Pere Aragonès, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha exigido al Gobierno que haga algo más que protestar. “Esperamos que, además de tomar nota, trabaje en una solución”, ha dicho Plaja en una rueda de prensa en la que ha avanzado que el presidente de la Generalitat transmitirá este asunto a Sánchez en la reunión de esta tarde en La Moncloa. La resolución del Tribunal de Cuentas ha complicado este encuentro, previsto para consolidar el deshielo y la nueva etapa entre los dos gobiernos después de los indultos y para poner fecha a la mesa de diálogo.
Además de consolidar su relación con ERC, un socio clave, el Gobierno central ha dado este martes otra muestra de estabilidad, con la aprobación del anteproyecto de la ley trans, que había generado una gran batalla interna entre los dos sectores de la coalición: PSOE y Unidas Podemos. Irene Montero, ministra de Igualdad y referente de esta segunda formación, ha asegurado que la aprobación de esta norma en el Consejo de Ministros, tras un largo enfrentamiento entre la vicepresidenta Carmen Calvo y ella, “es una muestra de fortaleza del Gobierno de coalición”.
El Ejecutivo tiene especial interés ahora, que arrecia el ataque de la oposición y las encuestas son negativas para el Gobierno, en transmitir que tiene fuerza para agotar la legislatura sin problemas y que podrá darle la vuelta a los sondeos gracias a la recuperación económica y al desarrollo de la agenda progresista pactada entre el PSOE y Unidas Podemos. “Hemos demostrado que somos capaces de dialogar, cumplir con el acuerdo de coalición y hacer políticas que mejoran la vida de la gente. Es una muestra de fortaleza del Gobierno”, ha insistido Irene Montero, muy satisfecha por la aprobación de una ley clave para su departamento en plena semana del Orgullo Gay y con la perspectiva de tener en breve también lista para enviar al Congreso la llamada ley del solo sí es sí. La coalición aún negocia asuntos delicados, como la ley de vivienda, la reforma laboral o el salario mínimo, pero el desbloqueo de la ley trans demuestra que en la nueva etapa, ya sin Pablo Iglesias al frente y con Yolanda Díaz como máximo referente, puede sacar acuerdos importantes adelante.