El juez investiga si Interior trató de apartar al policía principal de Gürtel

Las pesquisas del caso Kitchen se adentran en una nueva fase. Manuel García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, comienza este martes con una nueva tanda de interrogatorios con la declaración como testigo de Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, quien ya denunció los movimientos que se produjeron en el seno del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de boicotear la investigaci...

Las pesquisas del caso Kitchen se adentran en una nueva fase. Manuel García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, comienza este martes con una nueva tanda de interrogatorios con la declaración como testigo de Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, quien ya denunció los movimientos que se produjeron en el seno del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de boicotear la investigación sobre la trama Gürtel. García-Castellón toma esta iniciativa después de encontrar referencias a esas supuestas maniobras en las 13 agendas intervenidas el pasado octubre al comisario jubilado José Manuel Villarejo, que han provocado también la imputación de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido conservador.

El magistrado quiere volver a escuchar a Morocho, que ya declaró el 21 de febrero de 2019, cuando todavía no se tenía conocimiento de la existencia de estos 13 cuadernos, que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía describe como el “diario personal” del comisario donde incluye las presuntas “actividades”, “citas o comunicaciones con terceros”. Está previsto, además, que el testimonio del inspector jefe se produzca antes de que comparezcan como imputados Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, citados el 29 y 30 de junio; y antes de que se vuelva a interrogar el 1 de julio a Villarejo y a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior.

Morocho es un hombre clave. Él encabezó el grupo de la UDEF que investigó Gürtel bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional y quien firmaba los informes que señalaban a dirigentes del PP por esta red de corrupción. De hecho, los populares han arremetido contra su figura, tanto en los procedimientos que les han llevado al banquillo como en la reciente comisión de investigación abierta en el Congreso por la Operación Kitchen, la trama parapolicial urdida en Interior para espiar al extesorero Luis Bárcenas tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas con el supuesto objetivo de arrebatarle material comprometedor para el PP.

Según denunció Morocho, cuando la investigación de Gürtel estaba en marcha, las cúpulas de la Policía y de Interior en la etapa de Rajoy comenzaron a ponerle trabas. Por ejemplo, según relató al juez, en 2015 trataron de sobrecargarlo de trabajo trasladándolo a la Dirección Adjunta Operativa, encabezada por Eugenio Pino, máximo mando del cuerpo en aquella época e imputado por el caso Kitchen. Allí le pusieron a hacer labores que siempre quedaban en nada y que debía compaginar con sus pesquisas sobre Gürtel. “Se produjo una situación de estrés para mí y me generaba dificultad para llevar a término [el encargo de la Audiencia Nacional]. Con lo cual, mi primera impresión era ‘me quieren quitar de aquí con el fin de que no pueda desarrollar mi actividad normal”, detalló al instructor en febrero de 2019.

Durante su comparecencia en el Congreso, Morocho se mostró todavía más contundente y aseguró que esa maniobra tenía por objetivo “trasladar a los órganos superiores del ministerio y, por ende, del poder ejecutivo” que habían logrado apartarlo parcialmente de Gürtel para “calmar la problemática que se generaba con la elaboración de los informes”. Un movimiento que no fue el único. El inspector jefe aseguró a los diputados que antes trataron de comprarle: “Me han ofrecido tres destinos, incluso a la carta, irme incluso al sector privado, y todos los he rechazado, evidentemente”. Esas palabras adquieren ahora gran relevancia.

Entre los apuntes de las 13 nuevas agendas, el juez ha fijado la mirada en varias referencias a Morocho escritas entre abril y junio de 2013, cuando el grupo de la UDEF estaba analizando los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS y la comisión rogatoria que Suiza envió con las cuentas del extesorero popular. Así, tras una supuesta conversación con el jefe de gabinete de Cospedal el 29 de abril de 2013, Villarejo apunta “problemas sobre el último informe de Moroc.”. Ese mismo día, el inspector había firmado un informe en el que apuntaba que el “M. R.” que aparecía en la contabilidad opaca de Bárcenas como perceptor de 163.507 euros en sobresueldos de la caja b del PP era supuestamente Rajoy.

Villarejo escribe en sus cuadernos otra “entrada significativa”, según el juez, cuando sitúa el nombre de Morocho junto a la palabra “Lisboa” tras mantener una supuesta conversación con Francisco Martínez. Por ello, García-Castellón quiere saber si le llegaron a “ofrecer” un traslado a esa ciudad. Según fuentes jurídicas, en otras anotaciones se observan referencias explícitas para apartar al agente de la UDEF: “Morocho fuera”, se lee en un apunte del comisario de junio de 2012.

En este sentido, fuentes policiales también aseguran que, desde el verano de 2012, en Interior hubo “movimientos” destinados a sacar a Morocho de la investigación. Según estas fuentes, altos responsables del departamento plantearon la necesidad de apartarlo directamente de la UDEF, pero la idea fue desechada porque la ley impide remover a un agente de una investigación concreta si no es por decisión o con autorización del juez responsable de esas pesquisas. Se optó, entonces, por ofrecerle puestos mejor remunerados, como el de agregado de Interior en una embajada, que pueden reportar a un agente unos ingresos brutos superiores a los 10.000 euros al mes. Además, se le concedió una medalla policial con distintivo rojo, que lleva aparejada una recompensa económica vitalicia, que en su caso ronda los 1.700 euros al año.