El Congreso culpa al Gobierno de Zapatero como “responsable político” del accidente de Spanair

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves con una amplia mayoría, por 219 votos a favor frente a los 121 del Grupo Socialista, un dictamen de conclusiones de la comisión de investigación del accidente del avión de Spanair, el 20 de agosto de 2008 en Barajas, en el que culpa de las “responsabilidades políticas” del suceso a la cúpula del Ministerio de Fomento del Gobierno...

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves con una amplia mayoría, por 219 votos a favor frente a los 121 del Grupo Socialista, un dictamen de conclusiones de la comisión de investigación del accidente del avión de Spanair, el 20 de agosto de 2008 en Barajas, en el que culpa de las “responsabilidades políticas” del suceso a la cúpula del Ministerio de Fomento del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Al registrarse la votación se produjo un aplauso en el hemiciclo bastante generalizado, donde se sumaron apoyos desde Unidas Podemos hasta Vox. Casi 13 años después, en el exterior del Congreso se manifestaron integrantes de la asociación de afectados del accidente, en el que fallecieron 154 personas. La votación final no cerró definitivamente ni su causa ni el debate. El letrado del Congreso y el PSOE expresaron su rechazo a que una comisión de investigación de las Cortes pueda apuntar futuras responsabilidades no solo políticas sino jurídicas, y sospecha que el asunto puede enredarse ahora en conflictos ante el Tribunal Supremo y el Constitucional.

El 20 de agosto de 2008 se produjo en el aeropuerto madrileño de Barajas una de las peores catástrofes aéreas en décadas en España. Fallecieron 154 personas y 18 sufrieron heridas graves como consecuencia del accidente del vuelo JK5022 de la compañía Spanair. El suceso se investigó tanto por la Comisión ministerial de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil encargada de este tipo de actuaciones como, más tarde, por la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, que archivó la causa por la vía penal al considerar que la culpa fue exclusivamente de los pilotos, fallecidos en el siniestro.

Sin embargo, la asociación de afectados del accidente de Spanair, presidida por Pilar Vera, y algunos políticos canarios impulsaron que el Congreso crease a su vez una comisión específica de investigación sobre ese accidente. Finalmente lo lograron, tras no pocas trabas, el 6 de febrero de 2018, 10 años después de la fecha del siniestro. No fue un buen momento político. La comisión se constituyó, pero tropezó con varios procesos electorales, disoluciones de las Cortes y vuelta a empezar. Sus trabajos, no obstante, se fueron desarrollando y durante las tres últimas legislaturas han podido llegar a citar a 48 comparecientes, celebrar hasta 30 reuniones y examinar miles de folios de una ingente documentación, en muchos casos muy técnica.

Este pasado 22 de abril, la comisión de Spanair decidió acabar sus cometidos y sometió a aprobación un informe definitivo de 169 páginas, que es el que se ha votado y ratificado este jueves ya en pleno. El dictamen, que redactó personalmente la presidenta de la comisión, Meri Pita, de Unidas Podemos, contiene 11 conclusiones y, sobre todo, 13 recomendaciones. Las primeras son más bien técnicas, sobre una posible concatenación de fallos y errores tanto en la nave como en las inspecciones. Los puntos noveno y décimo apuntan contra los responsables del accidente.

El dictamen resume así literalmente en su conclusión décima: “Las responsabilidades del Gobierno en una democracia no son responsabilidades formales donde pueda bastar una interpretación defensiva de las obligaciones adquiridas ante los representantes de la ciudadanía y la ciudadanía misma. Más allá de las responsabilidades civiles, penales o morales, en una democracia debe plantearse con normalidad la responsabilidad política en un sentido fuerte, aquella en la que los gobernantes deben responder por todo aquello que tiene que ver con lo que efectivamente gobiernan”. Meri Pita reprodujo en gran parte esa misma exposición este jueves en su intervención ante el pleno.

En ese mismo apartado, el informe determina que en todo lo relacionado con la seguridad en general, y en concreto con la del transporte aéreo y “el diseño de los elementos sistemáticos de seguridad, los gobernantes tienen que desplegar un cuidado formal y material, como garantes ante la ciudadanía de dichos protocolos y desde luego proveer su cumplimiento efectivo”. Y es ahí cuando añade que en el caso del accidente de Spanair “falló” esa responsabilidad “por parte de los encargados de establecer, evaluar, evolucionar, comprobar y corregir las debilidades del sistema con los medios que el Estado ha puesto a su disposición”.

El Congreso, al aprobar por amplia mayoría esas conclusiones, asume así el capítulo en el cual el dictamen señala a continuación con nombres, apellidos, cargo y responsabilidad a los 18 responsables del accidente. Empieza por la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez Arza; y sigue luego con Luis Fernando Palao Taboada, como secretario general de Transportes y secretario de Estado; Manuel Bautista Pérez, director general de Aviación Civil; Luis Rodríguez Gil, director general de Aeronaves de la Dirección General de Aviación Civil; Enrique Sanmartín Aulet, director general de Aviación Civil; Justo Sánchez Marín, inspector de prórroga del certificado de aeronavegabilidad; Miguel Ángel Oleaga Zufiria, director del aeropuerto de Madrid Barajas; Carmen Librero Pintado, directora de Navegación Aérea; Antonio Fernández Serrano, jefe de prensa del Ministerio de Fomento; Manuel Azuaga Moreno, presidente de Aena entre 2004 y 2008; Javier Mendoza Sánchez, director de Operaciones de Spanair; Felipe García Rodríguez, técnico de mantenimiento aeronátuico que despachó el avión el 20 de agosto de 2008; Jesús Torroba Aylagas, jefe base de Mantenimiento de Spanair en Madrid; Pedro Argüelles Salaverria, presidente de Boeing España en 2008; Isabel Maestre Moreno, directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea; Francisco Javier Soto Rodríguez, secretario de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC); Rosa María Arnaldo Valdés, presidenta de la CIAIAC y por último Mapfre Compañía, la aseguradora de Spanair.

Ese apartado en el que se precisan nombres y cargos, y la decisión de la presidenta de la comisión de incluir en las recomendaciones que su informe se remita ahora a la Fiscalía General del Estado para que examine, analice y en su caso actúe ante determinados “elementos que pudieran arrojar conductas negligentes” es lo que provocó, primero, los reparos jurídicos del letrado de la propia comisión y más tarde el rechazo y voto particular en contra del PSOE, pese a la presión de las más de 20.000 firmas que entregaron esta misma mañana la asociación de afectados para intentar recabar la unanimidad de toda la Cámara.

Los socialistas, sin embargo, ya votaron en contra en la comisión en abril y lo volvieron a hacer este jueves en el pleno. Su portavoz, el diputado César Ramos, explicó su posición aludiendo en todo momento a las consideraciones expresadas en el informe del letrado de la Cámara e incluso a sentencias sobre otros accidentes como el del Metro de Valencia del Tribunal Constitucional. “Una comisión parlamentaria de investigación no puede declarar responsabilidades jurídicas”, enfatizó Ramos ante el hemiciclo. “El letrado señala claramente que tal cual está el dictamen puede incurrir en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas”, agregó el diputado socialista ante el pleno, y advirtió de que “el problema de ignorarlo es ignorar una sentencia del Tribunal Constitucional” y avisó de que con este tipo de conclusiones el Congreso podría estar aprobando un informe que deje de nuevo el asunto abierto y no lo cierre definitivamente.

El caso del Metro de Valencia

En el caso de la sentencia del accidente del Metro de Valencia, de julio de 2006 y en el que fallecieron 43 personas, el magistrado ponente del Constitucional Cándido Conde-Pumpido anuló una resolución de las Cortes Valencianas en las que se apuntaba contra una persona como “responsable” en lo que concluye que era una vulneración a su derecho al honor. Y fijó doctrina: “La actividad parlamentaria de investigación tiene una naturaleza estrictamente política que en modo alguno puede ser reputada o calificada como jurisdiccional”. Esa sentencia concluye que “las conclusiones que las Cámaras puedan alcanzar en el ejercicio de sus facultades investigadoras deben estar exentas de cualquier apreciación o imputación individualizada de conductas o acciones ilícitas a los sujetos investigados”.

La presidenta de la comisión, Meri Pita, considera, en declaraciones a EL PAÍS, que el letrado de las Cortes “hace una interpretación desde su perspectiva jurídica, pero no es vinculante”. Pita defiende que su dictamen “no imputa a nadie” pero sí mantiene que era su obligación democrática “que las responsabilidades políticas no lo pueden ser solo formalmente”.

Varios de los diputados que intervinieron ante el pleno, como lo hizo Rafael Mayoral, también de Unidas Podemos, arremetieron con dureza contra el comportamiento en todo lo relacionado con los trabajos de la comisión tanto de los directivos de la compañía multinacional Boing, por su nula disposición a colaborar, como de la aseguradora Mapfre, que al final apenas aportó un 3% de los 1.500 millones de dólares en los que se habían calculado las indemnizaciones.