Dos presos ofrecen a Carles Puigdemont y Jordi Pujol los secretos de Villarejo por 16 millones de euros

Javier Ruiz y Alfonso Pazos, dos presos compinches del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la cárcel madrileña de Estremera, intentaron vender supuestos secretos de Estado a los abogados de los expresidentes catalanes Jordi Pujol ―por 11 millones de euros― y Carles Puigdemont ―por cinco millones―. Ambos colaboradores de Villarejo reconocieron estos hechos en su declaración ante la policía, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Los abogados de Puigdemont y de Pujol no aceptaron el trueque: ni pagaron ni accedieron a esos archivos secretos de Villarejo.

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Javier Ruiz y Alfonso Pazos, dos presos compinches del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la cárcel madrileña de Estremera, intentaron vender supuestos secretos de Estado a los abogados de los expresidentes catalanes Jordi Pujol ―por 11 millones de euros― y Carles Puigdemont ―por cinco millones―. Ambos colaboradores de Villarejo reconocieron estos hechos en su declaración ante la policía, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Los abogados de Puigdemont y de Pujol no aceptaron el trueque: ni pagaron ni accedieron a esos archivos secretos de Villarejo.

La información confidencial ofrecida por los presos a los abogados a cambio de dinero estaba vinculada a las causas judiciales que afectan a los dos exgobernantes catalanes. Jordi Pujol está procesado por corrupción y pendiente de juicio. Carles Puigdemont huyó de la justicia por la causa del procés [referéndum ilegal y declaración unilateral de independencia en 2017] y está reclamado por sedición y malversación, mientras sus compañeros del Govern que no se fugaron fueron condenados a altas penas de cárcel, de entre nueve y 13 años.

Los dos presos colaboradores de Villarejo aprovecharon sus salidas de permiso penitenciario desde 2018 hasta finales de 2020 para ofrecer distinta documentación confidencial a abogados, políticos y periodistas.

La Fiscalía Anticorrupción conoció estas maniobras en junio de 2020 y preparó un dispositivo policial, autorizado por el juez, para controlar las operaciones que Villarejo dirigía desde la cárcel.

Tanto el juez que investiga estos hechos como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que “parte de la documentación que [Villarejo] mantenía en su poder, después de su jubilación como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía el 22 de junio de 2016, tendría el carácter de información clasificada como secreto, conforme a la vigente normativa de secretos oficiales”.

El comisario Villarejo ingresó en la prisión de Estremera en noviembre de 2017 acusado, entre otros delitos, de dirigir durante 20 años una mafia policial que espiaba ilegalmente y extorsionaba a los supuestos adversarios de poderosos empresarios. Directivos de algunas de las principales compañías del Ibex 35 están imputados por contratarlo, mientras otros grandes empresarios figuran en la causa como víctimas de las actividades del comisario.

Los dos presos compinches de Villarejo, Alfonso Pazos Fernández y Javier Ruiz Cubero, están imputados en una de las piezas separadas del caso Tándem o caso Villarejo, la número 28.

Pazos explicaba así a Ruiz el reparto de funciones dentro de la trama, según una de las conversaciones grabadas por la policía que figuran dentro del sumario: “...Lo que quiere el jefe, es que eh... la negociación con esta gente eh... la lleve yo, bajo la cobertura de ser abogado y tú te encargues de cobrar...”.

En su declaración ante la policía, Pazos explicó que tras contactar con Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, le preparó una oferta por escrito consistente en facilitarle los archivos de Villarejo sobre la denominada Operación Cataluña ―actividades policiales al margen del juez para boicotear el referéndum ilegal del 1 de octubre y espiar a los dirigentes independentistas― a cambio de cinco millones de euros.

“Antes de preparar este escrito”, confesó Pazos a la policía, “tuve varias entrevistas con Boye desde febrero de 2020, que creo recordar que fue la primera. Creo que le he visto en todos los permisos que he disfrutado. En esas reuniones, yo le ofrecía cierta información y Boyé me decía que necesitaba consultarlo con el jefe y mostraba interés por conseguir documentación de la Operación Cataluña. Yo le pregunté quién era el jefe y me respondió que Puigdemont. En la última cita, celebrada en la estación de Chamartín un sábado de septiembre, Boye me planteó que pusiera un precio a la venta de esa documentación”. Esa cita en la estación fue seguida por la policía y fotografiada. Tras esa reunión, Pazos preparó una oferta escrita en tres folios, incautados por la policía: “2,5 millones de euros más otros 2,5 millones, en total, cinco millones”. Pero esa propuesta de información a cambio de dinero nunca se llegó a formalizar porque el juez ordenó la detención de Pazos en octubre.

Fuentes próximas al abogado Gonzalo Boyé cuentan otra versión de esos hechos: “No se habló de ninguna cantidad y nunca se le tomó en serio. Se le dio largas porque la historia parecía rara y nadie iba a pagar por algo así”.

Pazos aseguró a la policía que el otro preso compinche de Villarejo, Javier Ruiz, también intentó “vender lo mismo a los abogados de los Pujol, si bien en cada caso adaptado a lo que necesitaba el cliente”.

Javier Ruiz contó así a la policía sus gestiones con los archivos secretos del comisario: “Llegó a prisión una carta de la familia Pujol dirigida a Villarejo, en la que se hacía referencia a una posible ayuda mutua. Villarejo me indicó la posibilidad de contactar, en uno de mis permisos penitenciarios, con alguien próximo a la familia Pujol, en concreto me sugirió que contactase con su abogado. Eso sucedió aproximadamente a mediados o finales de 2018. Concerté una entrevista personal con el abogado que tuvo lugar un poco después en Madrid, en la estación de Atocha. El objeto de esa cita consistió en plantear una ayuda mutua para ambas partes. Le ofrecí la posibilidad de adquirir determinada documentación. La cantidad que, de acuerdo con Villarejo, se les solicitó fue de 11 millones de euros. Villarejo me comentó también que les solicitara un pago inicial de dos millones de euros, si bien no pedí eso, sino una muestra de buena voluntad. Después de esa cita quedamos en vernos en Alicante, si bien por la pandemia no se celebró esa segunda cita. Más adelante, aproximadamente en julio de 2020, volví a llamar para retomar los contactos hasta que se fueron enfriando. Meses más tarde, en torno a septiembre, Alfonso Pazos me indicó que él se haría cargo de las negociaciones”. Ruiz aseguró a la policía que nunca llegó a cobrar nada ni a entregar la documentación secreta a los abogados de Pujol.

Ruiz contó también a la policía que Villarejo le pidió contactar con el abogado de Oriol Junqueras, el exvicepresidente catalán de ERC condenado por el proceso independentista catalán. “Me pidió que me pusiera en contacto con su abogado, que tiene un apellido holandés y se llamaba Andreu. Villarejo me contó en una ocasión que se había cruzado en el módulo del Centro Penitenciario con Oriol Junqueras y comentaron la posibilidad de echarse una mano (…) Yo le dije a Villarejo que no había conseguido localizar [al abogado de Junqueras], pues no me resultaba fácil decirle que no a Villarejo”.

Cuando la Fiscalía Anticorrupción, tras meses de investigación, impulsó en octubre pasado varias detenciones para desarticular la trama delictiva, el juez autorizó un registro en la celda número 1 de la prisión de Estremera. Villarejo estaba presente. Sobre la mesa de su celda, la policía encontró una carpeta de color morado con el rótulo “Operación Cataluña” y 48 folios en su interior.