Bloqueados en Canarias

Las Islas Canarias se han convertido en la sala de espera en la que miles de migrantes que partieron de la costa africana aguardan durante meses, a veces durante más de un año, para continuar su viaje hacia Europa. Solo en 2020, más de 23.000 personas llegaron al archipiélago a bordo de una patera. Más del 80% tocaron tierra en la isla de Gran Canaria. Pero aunque ninguno tenía como destino final las islas, 9.000 adultos y 2.000 menores, llegados el año pasado, aún permanecen varados allí. EL PAÍS narra la crisis migratoria canaria a través d...

Las Islas Canarias se han convertido en la sala de espera en la que miles de migrantes que partieron de la costa africana aguardan durante meses, a veces durante más de un año, para continuar su viaje hacia Europa. Solo en 2020, más de 23.000 personas llegaron al archipiélago a bordo de una patera. Más del 80% tocaron tierra en la isla de Gran Canaria. Pero aunque ninguno tenía como destino final las islas, 9.000 adultos y 2.000 menores, llegados el año pasado, aún permanecen varados allí. EL PAÍS narra la crisis migratoria canaria a través de las voces de algunos de sus protagonistas.

El móvil de Mamadu Wurie Dumbuya, un sierraleonés de 29 años, dejó de dar señal todo el mes de noviembre y diciembre. Lo apagó porque estaba perdiendo la cabeza. Le estresaba leer los mensajes de algunos conocidos que, como él, habían llegado en patera a Gran Canaria y comenzaban una nueva vida en el continente. No podía dormir de la ansiedad. Dumbuya acaba de cumplir un año bloqueado en la isla, ha vivido ya en cuatro centros de acogida de emergencia y hay días que tiene la sensación de que se han olvidado de él. “Lo más difícil ha sido entender por qué llevo tanto tiempo esperando aquí. Hace un año que digo adiós a gente que logra que la trasladen, pero a mí nunca me toca. Sé que es una decisión política, pero está siendo muy duro”, relata.

Cuando el joven desembarcó en el muelle de Arguineguín, en febrero de 2020, el repunte migratorio ni siquiera había alcanzado la categoría de crisis. Sin documentos, su traslado a la Península depende de un salvoconducto de la policía que no sabe si algún día llegará. No le expulsan ―España no tiene un acuerdo con Sierra Leona para devolver a sus nacionales―, pero tampoco se le permite seguir su camino. Dumbuya colecciona días sin hacer prácticamente nada y sin apenas comunicarse porque él habla inglés y la mayoría de los que le rodean, francés. Desde el pasado sábado está aún más solo: su gran amigo Buba Camara, un joven gambiano de 21 años, ha conseguido por fin su transferencia a Madrid después de un año y dos meses esperando.

Para llegar a Canarias, Dumbuya cruzó Guinea, Senegal, Mauritania y el Sáhara Occidental, en un viaje de casi un año. Como la mayoría de los que llegan, no sabía que Gran Canaria era una isla, ni que le costaría tanto salir de ella, pero en aquel momento la ruta canaria, la más mortal para alcanzar Europa, era también la más barata y accesible y volvía a reactivarse después de más de una década controlada. Los datos avalan su decisión: más de la mitad de los migrantes que entraron irregularmente por mar a España durante 2020 lo hicieron por las islas, en paralelo a la brusca caída del tránsito por las rutas del Mediterráneo Central y Occidental.

Caída en la llegada de migrantes por el Mediterráneo central

Cambio de rutas de llegada de migrantes a España

El Gobierno central, con el apoyo y la financiación de la UE, ha apostado por concentrar al mayor número de migrantes en el archipiélago en macrocampamentos que no reúnen las mejores condiciones. Con el objetivo de desincentivar nuevas llegadas y facilitar la devolución, el Ejecutivo mantiene en las islas a 9.000 personas. A esta cifra hay que sumar los 2.000 menores no acompañados tutelados por el Gobierno autonómico, que sigue clamando en el desierto la solidaridad de otras comunidades, un mecanismo que ya refleja la propia ley de Extranjería y que no se activa.

Fotorrelato: Varados en Canarias

Entre los bloqueados hay cientos de migrantes, como Dumbuya, que provienen de países con los que o no hay convenios de devolución o de donde, aun habiéndolos, será muy difícil deportarlos. El archipiélago, además, alberga todavía a otros cientos de migrantes con perfiles vulnerables (mujeres con niños, enfermos, solicitantes de asilo…). En teoría, estas personas son las únicas a los que el Gobierno permite salir y a quienes prioriza su traslado a centros más adecuados en la Península, pero las derivaciones han sido muy limitadas ―apenas 2.168 en 2020―, y la espera se ha alargado meses. El Gobierno, presionado por el Ejecutivo autonómico y los problemas derivados de mantener tantas personas en las islas, pretende ahora acelerar traslados y, según ha adelantado este martes La Provincia, se ha autorizado la salida de unas 3.500 personas. Fuentes no oficiales pero conocedoras del dispositivo confirman el número a EL PAÍS, pero sin aclarar cuántos de ellos ya habían salido de las islas en traslados anteriores y cuántos lo harán en las próximas semanas. La Secretaría de Estado de Migraciones y el Ministerio del Interior, como viene siendo habitual, no confirman la información y mantienen el secretismo sobre los traslados.

Souleyman, un maliense de 20 años solicitante de asilo y, por tanto, uno de esos perfiles más vulnerables, ha esperado casi cuatro meses en un hotel hasta que, por fin, le trasladaron el pasado miércoles a Madrid. El recrudecimiento de los ataques yihadistas en Segou (Malí), le empujaron a emigrar. Dejó sus estudios de administración de empresas, cruzó Argelia y llegó a Marruecos en busca de un pasaje a Europa. “En Malí nada funciona, los terroristas están en todas partes, la guerra se lo ha comido todo”, lamenta. Souleyman no recuerda en qué ciudad embarcó, pero sí que el viento azotó su patera durante siete días hasta que arribó en noviembre a Gran Canaria. Otros migrantes, como Omar Niasse, que zarpó desde Saint Louis (Senegal) y lleva en Tenerife más de cuatro meses, tardaron hasta 12 días en llegar.

Días embarcados desde la costa africana hasta Canarias

De talante tranquilo y risueño, Souleyman mantuvo la calma durante los cuatro meses que ha permanecido en la isla, mientras la frustración en los hoteles y la tensión xenófoba en la calle iba en aumento. “La vida es una lucha”, resume. Un par de días antes de partir reflexionaba sobre cómo la espera estaba haciendo mella en su estado de ánimo y en el de todos los que le rodeaban. “El sentimiento que se vive aquí está entre la depresión y la desesperanza, el fin de un sueño después de un viaje en el que nos hemos jugado la vida. Dejamos todo atrás porque huímos de las guerras, la mala situación económica y varias otras crisis… Es una situación que ningún ser humano merece en este mundo”.

Y no solo es peligrosa escapar de ella, también costosa. Souleyman pagó solamente por el trayecto en patera mil euros. Algunos llegan a pagar el doble:

Precio del embarque a Canarias

El negocio puede resultar muy lucrativo: en 2020 llegaron 745 embarcaciones a Canarias.

Los migrantes ya no pueden volar a la Península

Hasta diciembre, el Ministerio del Interior no ponía demasiadas trabas a que inmigrantes llegados en patera pero con su pasaporte en regla tomasen por su cuenta un avión o un barco rumbo a la Península. Aun estando en situación irregular eran libres y se respetaba su derecho a la libre circulación. Así deben haberse marchado al menos unas 9.000 personas de las 23.000 que llegaron en 2020 a Canarias en un cálculo aproximado que tiene en cuenta los desembarcos, los acogidos actualmente en las islas, los derivados oficialmente y las repatriaciones. Pero a partir del 10 de diciembre, el proceder de la policía cambió. La divulgación de varios vídeos que mostraban a marroquíes y subsaharianos desembarcando en diferentes provincias con restricciones sanitarias desató una polémica alimentada con falsedades por la derecha y la ultraderecha. Desde entonces, los agentes blindan los puertos y aeropuertos canarios.

La razón para incrementar la vigilancia es, sobre el papel, garantizar que se cumplen los cierres perimetrales autonómicos, pero en la práctica no se trata tanto de controlar viajeros como migrantes. “Los abogados estamos viendo cómo se realiza una discriminación clara cuando a un migrante con pasaporte o una solicitud de protección internacional, así como documentos que justificarían el desplazamiento hacia la Península, no se les permite embarcar”, denuncia la abogada experta en Derecho de Extranjería, Yadira González. EL PAÍS ha comprobado cómo con DNI y un billete, uno pasa el control policial sin necesidad de mostrar un justificante de su viaje, pero cuando el que lo intenta ha llegado en patera, no pasa. En muchos casos, acaba detenido para su devolución; en otros, se les retiene lo suficiente como para que pierdan el vuelo. Los migrantes ya ni se acercan al aeropuerto.

Algo menos de la mitad de los 9.000 acogidos en hoteles y macrocampamentos canarios son marroquíes, a los que el Ministerio del Interior tiene especial interés en bloquear para meterlos en un avión de vuelta. Malienses y senegaleses son las otras dos nacionalidades más numerosas en el archipiélago.

Flujo de africanos hacia Canarias

Como muchos que han desembarcado en Canarias, Abdelilah, un pescador de 35 años, proviene de la localidad marroquí El Kelaa des Sraghna. Esta región del interior del país, agrícola y empobrecida, lleva toda una vida viendo a sus habitantes emigrar a otras ciudades marroquíes más prósperas y, en el último año, ha llamado la atención de periodistas, policías y observadores internacionales la cantidad de sus vecinos que, empujados por la pandemia y la sequía, han acabado en Gran Canaria.

Abdelilah ya había dejado a su familia hace tiempo para ganarse la vida en Dajla, pero el cierre de fronteras para contener la covid desplomó las exportaciones y el precio del pescado y decidió subirse a una patera el pasado mes de octubre. Vivía en el principal puerto de salida hacia Canarias y aquello le pareció el plan más evidente. Sin pasaporte y sin encajar en el perfil de vulnerable, sus opciones de marcharse de la isla son mínimas, algo que ni pensó al embarcarse. El bloqueo, lejos de los parientes que tiene en Málaga y en Roma, le angustia prácticamente desde el primer día y ya van cinco meses: su familia depende de que se ponga a trabajar cuanto antes. A pesar de todo advierte: “Si me devuelven mañana a Marruecos lo volveré a intentar. Pero vendré con mi mujer y mis tres hijos pequeños”.

La deportación de los marroquíes mantiene cierto ritmo desde que, a principios de diciembre, Interior comenzase a llenar cuatro vuelos semanales con un máximo de 20 migrantes cada uno. Devolver a todos los marroquíes que se acogen en las islas, sin embargo, no será sencillo, ni rápido y supone asumir que la concentración en macrocampamentos no será tan temporal. “La Secretaría de Estado de Migraciones se ha convertido en un apéndice del Ministerio del Interior”, lamenta una fuente que participó en su día en el diseño de la política migratoria española. “Por un lado, el traslado de todos los vulnerables ya tendría que haber ocurrido. Por otro, el ministro del Interior [Fernando Grande-Marlaska] sabe que no va a poder repatriar a las miles de personas que han llegado. No tiene sentido tener esa cantidad de gente en esos campamentos tanto tiempo. No es la solución”, añade.

Si se tiene en cuenta que unos 4.000 migrantes acogidos en las islas proceden de Marruecos ―sin considerar a los que seguirán llegando―, el Gobierno necesitaría al menos un año para enviarlos a todos a la casilla de salida. España pretende que Marruecos le permita aumentar estos cupos, aunque, mientras, celebra que envía el mensaje a los potenciales emigrantes de que no les pondrá fácil llegar a Europa. Lo mismo ocurre con los senegaleses, a los que se comenzará a deportar –no está claro a qué ritmo– próximamente. “Es evidente que se quiere sellar la ruta, pero también es evidente que las autoridades saben que eso no es posible. Llevamos bastantes años viendo que cuando se cierra de un lado, se abre del otro. Lo que en la práctica acabamos haciendo es, con la excusa de combatir las mafias, castigar a las personas que emigran”, lamenta Peio Aierbe, representante de SOS Racismo.

El plan es que en pocos días todos abandonen los hoteles y pasen a vivir ―y esperar― en los macrocampamentos que el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha construido en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Estos recintos, que alojarán en carpas por tiempo indefinido a unas 7.000 personas, son una versión adulterada del sistema de atención humanitaria español, diseñado originalmente para perfiles muy concretos y vulnerables y por tiempo muy limitado. En Canarias, sin embargo, como lleva años ocurriendo en Ceuta y Melilla, el sistema ya se ha convertido en en una gigante sala de espera del Ministerio del Interior.