La Fiscalía recurre la semilibertad de los presos del ‘procés’

La Fiscalía no ha dejado pasar ni 24 horas desde el cierre de las urnas en Cataluña para impugnar el tercer grado concedido por la Generalitat a los nueve presos del procés. El ministerio público ha presentado este lunes ante los juzgados de Vig...

La Fiscalía no ha dejado pasar ni 24 horas desde el cierre de las urnas en Cataluña para impugnar el tercer grado concedido por la Generalitat a los nueve presos del procés. El ministerio público ha presentado este lunes ante los juzgados de Vigilancia Penitenciaria el recurso que ya anunció el pasado 28 de enero, cuando se conoció que los líderes independentistas presos iban a recuperar la semilibertad coincidiendo con el inicio de la campaña electoral. La Fiscalía considera que no hay razones para flexibilizar ya el cumplimiento de la pena a Oriol Junqueras y el resto de políticos presos ―condenados a entre nueve y 13 años de cárcel por sedición y malversación―, censura a la Generalitat por otorgar la semilibertad a las puertas de la campaña y pide la vuelta inmediata de los presos a la cárcel mientras los jueces deciden sobre el tercer grado.

En sus escritos, la Fiscalía reproduce los argumentos que ya había empleado cuando la Generalitat concedió por primera vez, hace seis meses, el tercer grado a los presos del procés. El fiscal de vigilancia penitenciaria opina que, desde entonces, no hay “ninguna circunstancia distinta” que permita una nueva clasificación de los líderes independentistas. Menos aún si se tiene en cuenta que el Tribunal Supremo revocó el tercer grado inicial “hace tan solo 40 días”. Las razones esgrimidas por el tribunal “mantienen toda su vigencia”, asegura la Fiscalía, en contra de lo defendido por la Generalitat, que justificó la nueva concesión de la semilibertad en que han pasado más de seis meses desde que concedió el anterior cambio de grado y que, en este tiempo, han cambiado las circunstancias.

El ministerio público no comparte ninguno de los argumentos alegados por la Administración Penitenciaria catalana, a la que acusa de intentar “vaciar” de contenido la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Los fiscales recuerdan que las condenas privativas de libertad, además de fines educativos y de reinserción, tienen una finalidad “retributiva y de prevención general” que, en el caso de los líderes independentistas, es “incompatible” con el paso al tercer grado dada la “extrema gravedad de los delitos cometidos”. Pero además, según la Fiscalía, los fines de reeducación y resocialización tampoco están cumplidos. “Más allá de la resocialización entendida como estar integrado en la sociedad, situación en la que ya estaba el interno antes de cometer el delito, deben enfocarse ambos fines conforme a lo establecido por el art. 59.2 de la LOGP [Ley Orgánica del General Penitenciaria], esto es, hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal, lo que difícilmente se puede predicar del interno en la medida en que no hay auténtica asunción delictiva”, señala el ministerio público en el recurso contra la semilibertad concedida a Oriol Junqueras.

Los líderes independentistas tampoco han modificado, según la Fiscalía, “aquellos rasgos de su personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva” como exige la ley para conceder el tercer grado. Los políticos presos, recuerda el ministerio público, siguen considerando que “los hechos por los que han sido condenados no son constitutivos de delito”. “En los informes apenas hay referencias a la asunción delictiva, simplemente se señala que el interno reconoce los hechos y asume sus consecuencias y que se produjeron en un momento social y político excepcional y debido a los cargos que ostentaba”, señalan los fiscales en el escrito sobre Junqueras. “No cabe mayor distorsión sobre los hechos que ocurrieron en Cataluña y que llevaron a la condena del interno, lo democrático no es imponer la voluntad propia aprovechándose de la situación de poder que se ostenta convirtiendo su voluntad en ley, sino acatar las leyes y si no se comparten, el procurar cambiarlas por los cauces legales y democráticos”, añade el ministerio público.

Una vez que, como ya anunció, la Fiscalía ha dado el paso de recurrir de nuevo el tercer grado, se da por seguro que los líderes independentistas perderán la semilibertad de la que han gozado las últimas dos semanas, justo coincidiendo con la campaña electoral de Cataluña, en la que varios de los políticos presos participaron activamente. La decisión de cuándo volverán al segundo grado depende de los dos juzgados de Vigilancia Penitenciaria a los que corresponde resolver el recurso de la Fiscalía (el Juzgado de Vigilancia número 1 de Barcelona para las dos mujeres y el número 5 para los siete hombres). La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que cuando el fiscal recurra “en apelación” el cambio de grado de un penado ese recurso tendrá “efecto suspensivo que impedirá la puesta en libertad del condenado” si se dan dos requisitos: que la decisión que se recurre implique la “excarcelación” del interno y que se trate de delitos graves. Pero el recurso que ha presentado la Fiscalía no es de apelación, sino de alzada (para impugnar un acto administrativo, en este caso, la concesión de la semilibertad) y hay discrepancias jurídicas sobre si esta impugnación también suspende la aplicación de la medida. En el primer tercer grado concedido a los líderes independentistas estas diferencias de criterio se materializaron en que la juez que estudió el caso de los siete presos hombres, internos en la prisión de Lledoners, les suspendió la semilibertad en cuanto el ministerio público impugnó la decisión de la Generalitat, mientras que el juzgado que revisó la situación de las dos mujeres presas, internas en otra cárcel, la mantuvo.

Si ambos juzgados mantienen ahora su criterio, Oriol Junqueras y los otros seis reclusos de Lledoners tendrán que volver al segundo grado en las próximas horas. En el caso de que los dos juzgados implicados decidieran esta vez no suspender la decisión de la Generalitat con el recurso de alzada, los líderes independentistas seguirían en tercer grado, como mínimo, hasta que los jueces de vigilancia resuelvan si confirman la semilibertad o la revocan. El pasado verano los juzgados implicados las ratificaron, pero ahora tendrán sobre la mesa la resolución del Tribunal Supremo del 4 de diciembre que anuló la medida, por lo que deberán analizar los argumentos del tribunal para decidir si hay margen para mantener su criterio. Si dan de nuevo la razón a la Generalitat, la Fiscalía recurrirá en apelación al Supremo y ese recurso, ya sí, implica, casi siempre, la vuelta al segundo grado de los presos. Aunque tampoco en esto hay unanimidad y el juez que revisó el caso de Dolors Bassa y Carme Forcadell el pasado verano les permitió permanecer en semilibertad hasta que el alto tribunal decidiera.

Tras conocer el recurso de la Fiscalía, Jordi Sànchez, secretario general de Junts ha asegurado que la Fiscalía “depende directamente de la presidencia del Gobierno” y ha llamado la atención sobre el hecho de que el recurso se haya presentado “justamente el día después de que los catalanes se han manifestado en las urnas”. “Es evidente que hay un interés político. Estos nos pone a las tres formaciones independentistas a que tengamos claro cuál es la voluntad de diálogo del Estado español”, ha afirmado Sànchez.

Jéssica Albiach, líder de En Comú Podem, ha afirmado que la decisión de la Fiscalía de recurrir la semilibertad de los presos del procés es una medida “negativa” que solo demuestra las “consecuencias desastrosas” que comportan la judicialización de la política. La diputada ha sostenido que es más “urgente que nunca” que el partido socialista agilice la tramitación de los indultos y la reforma del delito de sedición en el Código Penal si quiere que el conflicto, ha dicho, se solucione en la mesa de diálogo.