La eliminación de los aforamientos vuelve a su limbo
Murcia, Cantabria y Baleares se sumarán a Canarias como las primeras comunidades en eliminar este privilegio
Todos los partidos han defendido alguna vez eliminar los aforamientos de los políticos, pero nunca se ha avanzado en este aspecto. Las iniciativas de unos y otros, desde la del exministro del Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), en 2014, hasta la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2018, se evaporaron sin avances. La pandemia que lo arrasa todo desde marzo se ha llevado por delante también las prioridades pre-coronavirus. En las campañas electorales de 2019, Sánchez ponía el acento...
Todos los partidos han defendido alguna vez eliminar los aforamientos de los políticos, pero nunca se ha avanzado en este aspecto. Las iniciativas de unos y otros, desde la del exministro del Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), en 2014, hasta la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2018, se evaporaron sin avances. La pandemia que lo arrasa todo desde marzo se ha llevado por delante también las prioridades pre-coronavirus. En las campañas electorales de 2019, Sánchez ponía el acento en la necesidad de avanzar en la regeneración democrática, pero un año después del comienzo de la legislatura nada se sabe sobre ese compromiso.
“Reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos, limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público”, dice el acuerdo de coalición del PSOE y Unidas Podemos firmado hace un año. La pregunta en ambas partes del Ejecutivo sobre el estado actual de esa promesa suena, sin embargo, a una salida del guion en medio de la que está cayendo. No hay avances. Como si lo que era de máxima urgencia en el último trimestre de 2018, cuando Sánchez llegó a anunciar una reforma exprés de 60 días para acotar el ingente número de aforados en España, no lo fuera dos años después.
No existe un país en el que tantas personas gocen de este privilegio, que se estimó en unas 250.000 en 2018. La mayoría son miembros de los cuerpos de seguridad del Estado (unos 232.000), a los que las iniciativas planteadas no afectarían. A nivel político el aforamiento es una prerrogativa constitucional por la que las causas penales de diputados, senadores y miembros del Gobierno son investigadas y juzgadas en el Tribunal Supremo y no en los tribunales ordinarios. Pero no solo ellos. Habría que sumar a los parlamentarios y miembros de los gobiernos regionales, aforados a través de sus estatutos de autonomía, a los jueces y fiscales y también a los Reyes, a los Monarcas eméritos y a la Princesa de Asturias, aforados a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las comunidades autónomas son las que han tomado la delantera. Canarias fue la primera en eliminar esta figura de su Estatuto de autonomía en 2018. En la pasada legislatura, también Murcia, Cantabria y Baleares iniciaron los trámites para reformar los suyos y eliminar los aforamientos, pero la convocatoria de elecciones en febrero de 2019 paralizó los planes antes de su aprobación por el Congreso y el Senado. El nuevo curso político volvió a impulsar la tramitación. En el caso de Cantabria y Murcia ya está en manos del Senado. En ambos casos, la inestabilidad política en la administración central lastró unos planes de reforma que comenzaron en el año 2017.
El pasado octubre, Ciudadanos introdujo una moción en el Senado para retirar este privilegio a más de 2.000 cargos públicos. Tanto el PP como el PSOE votaron en contra. Los senadores socialistas defendieron que el Gobierno sí quiere quitar los aforamientos, pero solo para los delitos cometidos fuera del ejercicio del cargo, algo que en Cs consideran una “tomadura de pelo”. El PP aseguró que “no es el momento de reformar la Constitución, sino de ponerla en valor y defenderla” frente a los socios del Ejecutivo.
El Gobierno de coalición obvia así un tema complejo, en el que más allá de verbalizar la necesidad de acabar con una anomalía democrática nunca se ha visto ni un atisbo de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Dos meses después de que Sánchez anunciara la reforma exprés en 2018 no se había avanzado nada y ningún partido había ofrecido su apoyo parlamentario. Esta reforma de la Constitución necesitaría una mayoría de tres quintas partes del Congreso y del Senado.
Unidas Podemos también se desvinculó entonces de la propuesta del PSOE por considerar que debía acabar también con la condición de aforado del rey emérito y que debía hacerse a través de un referéndum. En virtud de lo firmado en el acuerdo de Gobierno con el PSOE, hoy sí estarían de acuerdo en la fórmula socialista. Eso, si algún día se deciden a ponerla en marcha.