Sito Miñanco ahora se hace llamar Mario

Al fondo de una nave desconchada a pie de ría, junto a la playa de Con de Sido, en Cambados (Pontevedra), los investigadores se toparon con uno de los premios gordos que vuelve a cercar a José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, uno de los históricos narcos gallegos. En la parte trasera del inmueble, sede de la sociedad limitada Astilleros Facho, vinculada al propio sospechoso, encontraron unos plásticos negros y un portón destinados a mantener a raya las miradas indiscretas. Detrás, se ocultaba todo un arsenal para el negocio del tráfico de drogas: una embarcación azul de 16,47 me...

Al fondo de una nave desconchada a pie de ría, junto a la playa de Con de Sido, en Cambados (Pontevedra), los investigadores se toparon con uno de los premios gordos que vuelve a cercar a José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, uno de los históricos narcos gallegos. En la parte trasera del inmueble, sede de la sociedad limitada Astilleros Facho, vinculada al propio sospechoso, encontraron unos plásticos negros y un portón destinados a mantener a raya las miradas indiscretas. Detrás, se ocultaba todo un arsenal para el negocio del tráfico de drogas: una embarcación azul de 16,47 metros de eslora con cinco motores fueraborda para un total de 1.300 caballos; y una semirrígida de color gris, bautizada como Dama Primera, de 12 metros y con cuatro motores de 350 caballos cada uno. Los agentes ya no tenían dudas: Sito había regresado al narco.

La Operación Mito, dirigida por la Audiencia Nacional, ha devuelto a Miñanco a las páginas de los periódicos. Tras cuatro años de investigación, la juez María Tardón lo procesó el pasado viernes junto a otras 45 personas —incluido Gonzalo Boye, quien fuera su abogado, conocido también por representar a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Quim Torra—, acusadas de pertenecer y colaborar con una organización montada por el propio narco gallego cuando aún cumplía condena por sus crímenes en un centro de inserción social de Algeciras, donde permanecía en régimen de semilibertad: por las mañanas trabajaba en una empresa de aparcamientos. Una banda con supuestos contactos en Colombia, Países Bajos y Turquía; que operaba en Galicia, el Campo de Gibraltar, la Costa del Sol o Madrid; y a la que los agentes llegaron a interceptar casi cuatro toneladas de cocaína en un buque cerca de las Azores y en un contenedor apilado en un almacén de Den Hoorn, al norte de Holanda.

Todo un entramado presuntamente dirigido por Miñanco con un estilo muy “personalista”, como dice la magistrada. Él estaba al mando y quería dejarlo claro, según se desprende del sumario. “Todas y cada una de las decisiones eran adoptadas o supervisadas por él”, resume María Tardón, responsable del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional. El histórico narco gallego, que adoptó supuestamente para esta trama el nombre en clave de “Mario”, discutía desde los detalles de la recogida de la mercancía —como la fecha o la hora concreta de la descarga—, hasta los fallos que la organización detectaba en sus sistemas de comunicación o, incluso, el exceso de combustible en las lanchas que usaban. Sito no quería que nadie moviera un dedo sin él saberlo. “Aquí las cosas se hacen a mi manera”, decía en la serie Fariña el actor que interpretaba su personaje. Calcado.

“Extremaba el control sobre las actividades de sus subordinados”, prosigue la instructora Tardón en uno de sus autos, donde describe cómo transmitía a sus subalternos una máxima importante: que guardaran absoluta “confidencialidad” de las comunicaciones que mantenían entre ellos. El detallista Miñanco estaba en la cúspide y los observaba.

Pero Sito, debido a la pena que aún cumplía, tenía limitados sus movimientos. Además, no quería levantar las sospechas de la policía. Por lo que debía delegar. Dos de sus hombres de máxima confianza entran entonces en juego: el colombiano Luis Enrique García Arango, alias Alan, El viejo o El viejito, uno de sus antiguos lugartenientes; y Juan Antonio Fernández Fernández, conocido como Chus o Nuria, que estaba a sueldo de Astilleros Facho como tapadera, ya que allí “no desempeñaba actividad laboral alguna”. A ambos, condenados junto al gallego en 2006 por otra red de narcotráfico, les “confiaba los pormenores” de las operaciones. Arango también llevaba presuntamente los pagos y la contabilidad criminal.

Estos tres se dedicaban a la toma de las decisiones, pero la pirámide tenía más escalones. Según el sumario, de preparar las operaciones se encargaban David Pérez, El Niño; y José Antonio González, Cherokee. Francisco Peña, Paco, y Antonio Palma, Toalla, ejercían de guardaespaldas de Sito en sus desplazamientos. Y Fernando Prado, Pocholo, y su hijo Marcos eran los “expertos pilotos de embarcaciones” encargados de introducir la droga en la costa gallega.

La estructura atribuida a Miñanco contaba también con una red de empresas propias para supuestamente lavar el dinero —Astilleros Facho, una compañía de alquiler de vehículos llamada Vicmar y la inmobiliaria San Saturnino—. También recurría a sociedades de terceros que le apoyaban y a un sistema de “correos humanos” que viajaban a Colombia con efectivo encima para ocultarlo. Movían cientos de miles de euros. Cuando Sito fue detenido en febrero de 2018, los agentes le encontraron en un chalet de dos plantas con piscina que usaba en Algeciras 377.320 euros en efectivo. Estaban ocultos dentro de un canapé, en una bolsa de plástico.

Los 10.000 euros que salpican a Boye

Desde que lo procesaron el pasado viernes, Gonzalo Boye no ha parado de defender su inocencia respaldado por un importante sector del independentismo catalán, que lo considera perseguido por representar a dirigentes del procés. “Van a por ti, van a por nosotros”, le apoyó Laura Borràs, cabeza de lista de Junts en las próximas elecciones catalanas. La juez considera al abogado colaborador de Miñanco por supuestamente falsificar, junto a otro letrado, una documentación para recuperar un dinero que la policía interceptó a uno de los “correos humanos” de la banda. Según las pesquisas, la organización les iba a pagar 90.000 euros por esos papeles, “30.000 cuando se presentaran los documentos, de los cuales Boye recibió 10.000” presuntamente en una reunión con miembros de la trama.