Calvo sale al ataque contra el Poder Judicial tras las críticas al Gobierno

La batalla entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y en especial su presidente, Carlos Lesmes, es ya una guerra abierta. La decisión del CGPJ de seguir haciendo nombramientos de cargos judiciales a pesar de que hay una ley tramitándose para impedir que pueda hacerlo con el mandato caducado, y su exigencia de ser consultado sobre esa reforma, ha roto todos los puentes. La vicepresidenta Carmen Calvo acusó este viernes al CGPJ de “p...

La batalla entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y en especial su presidente, Carlos Lesmes, es ya una guerra abierta. La decisión del CGPJ de seguir haciendo nombramientos de cargos judiciales a pesar de que hay una ley tramitándose para impedir que pueda hacerlo con el mandato caducado, y su exigencia de ser consultado sobre esa reforma, ha roto todos los puentes. La vicepresidenta Carmen Calvo acusó este viernes al CGPJ de “poner en solfa la democracia” por no respetar al Congreso y reveló una conversación entre Lesmes y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que demuestra la tensión que hay.

La pugna entre el Gobierno y el Poder Judicial no es nueva. Lleva varios meses en marcha. Viene al menos desde octubre, cuando el CGPJ decidió retomar los nombramientos, en aquella ocasión muy relevantes porque eran de magistrados de la sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzgó el procés y los grandes casos de corrupción política, la más sensible. El Gobierno hizo llegar a Lesmes que debía frenar esos nombramientos a la espera de la renovación, ya que lleva ahora más de dos años con el mandato caducado. La mayoría conservadora, con el apoyo de otros vocales progresistas, siguió adelante.

Después llegó el incidente de Barcelona, con la ausencia del Rey Felipe VI en un acto judicial importante por decisión del Gobierno. Y ahora llega este salto definitivo en el que la vicepresidenta dejó muy claro que el Ejecutivo considera que el Poder Judicial no respeta al Poder Legislativo, por lo que el choque entre los poderes alcanza ya unos niveles inusuales mientras la renovación del CGPJ sigue bloqueada.

Según la vicepresidenta primera, Lesmes esta vez también estaba avisado de que el Gobierno no veía bien que volvieran a producirse nombramientos —aunque ahora de menor relevancia— en el último pleno del jueves. Calvo contó ayer en La Sexta que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, habló el miércoles con el presidente del Poder Judicial y le trasladó que no era oportuno hacer esos nombramientos cuando la ley que los impediría está en tramitación en el Congreso. “El ministro de Justicia habló con el presidente del Consejo General del Poder Judicial antes de ayer [miércoles]. Se trataba de comunicar que cada uno se mantuviera en su sitio. El Poder Judicial debería esperar al Parlamento”, aseguró Calvo.

Fuentes del Consejo señalan que fue Lesmes el que llamó a Campo, con el que ya había hablado otras dos veces esta semana en actos protocolarios en los que coincidieron, para explicarle qué iba a hacer el CGPJ en el pleno. En esto coinciden otras fuentes del Ejecutivo. El detalle no es menor porque si fuera Campo el que hubiera llamado a Lesmes, podría hablarse de injerencia. Pero fue al revés. El presidente del Supremo, según las fuentes consultadas, le explicó que se iban a aprobar los protocolos para elegir a nuevos magistrados del Supremo dentro de unos meses, en teoría con el Consejo ya renovado; los nombramientos que se harían, que estas fuentes califican como “de segundo nivel”; y le avanzó que habría una nota pidiendo poder informar de la norma que tramita el Congreso, pero de forma suave, mucho más contenida de lo que pretendía un grupo de vocales conservadores (los más duros). Campo y Lesmes tienen buena relación, aunque el ministro de Justicia lleva meses trasladando que no considera oportunos los nombramientos ahora.

Lesmes reivindicó ante Campo que él había conseguido un consenso para suavizar mucho la nota; y además, lo llevaba a un pleno ordinario y no a uno extraordinario. En el sector conservador del Consejo han sentado muy mal las declaraciones de Calvo ayer en La Sexta. Creen que puede “echar gasolina al fuego” y hacer que en el próximo pleno este grupo de vocales conservadores más duro presione para que se hagan más nombramientos.

Calvo fue especialmente crítica, mostrando el profundo malestar con el CGPJ que se vive en el Gobierno, y en especial en su departamento, que lleva este asunto directamente y ha sido el inspitador de las dos reformas del Poder Judicial que están ahora en el Congreso. “La decisión es insólita”, señaló Calvo al comentar los nombramientos en el Consejo.

También criticó la nota exigiendo ser escuchados. “Si el Parlamento decide regular este asunto, lo mejor es que cada uno esté en su sitio expectante. Imagínese que cualquier otro órgano decide que cuando el Parlamento va a legislar ellos tienen que ser escuchados. La democracia representativa la ponemos en solfa, entonces. Los demás poderes tienen que estar en obediencia del Parlamento, que es el órgano que bombea la sangre de la democracia”, insistió.

Texto medido

El comunicado del CGPJ que criticaba la vicepresidenta, y que fue aprobado por 16 votos a cinco, señala que este órgano reclama ser consultado sobre la reforma legal que le impediría realizar nombramientos con el mandato caducado. El texto del CGPJ, “muy medido”, según fuentes del sector conservador, reconoce la legitimidad de la iniciativa, pero solicita que su voz sea escuchada por el Congreso durante la tramitación, pese a que no está obligado porque se trata de una proposición de ley —a iniciativa de los grupos— y no de un proyecto de ley —a iniciativa del Gobierno—.

Mientras, los cinco vocales progresistas que se opusieron plantearon lo contrario: que todos los miembros del Consejo dimitan el próximo 1 de enero para forzar la renovación.

Calvo estaba claramente molesta. “La división de poderes consiste en que cada uno tiene sus ámbitos de competencia y no puede invadir la de otros”, remató la vicepresidenta. Lo que no quiso aclarar es si el Gobierno recuperará la ley para permitir una renovación sin el PP en el caso de que no haya acuerdo después de las elecciones catalanas. El Ejecutivo vive el asunto cada vez con más tensión, aunque de momento ha decidido esperar un poco más al PP.