PSOE y Podemos aceleran una propuesta para limitar al Poder Judicial en funciones

El PSOE y Unidas Podemos han registrado este miércoles en el Congreso una proposición de ley conjunta para limitar la capacidad de acción y sobre todo de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, ante la situación de bloqueo en su renovación impuesta por el PP desde hace, justo ahora, dos años. La propuesta se ha precipitado para presionar al PP en esa negoc...

El PSOE y Unidas Podemos han registrado este miércoles en el Congreso una proposición de ley conjunta para limitar la capacidad de acción y sobre todo de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, ante la situación de bloqueo en su renovación impuesta por el PP desde hace, justo ahora, dos años. La propuesta se ha precipitado para presionar al PP en esa negociación y para poder llevar la medida a discusión y aprobación en el pleno del 15 de diciembre, el último antes de las navidades. La proposición se concentra en un aspecto específico del funcionamiento en situación de prórroga del Consejo a la espera de pactar su renovación con el PP o de activar definitivamente el proyecto de ley más amplio de reforma exprés de ese organismo que el presidente Pedro Sánchez paralizó hace un mes para intentar una última aproximación con Pablo Casado.

Los portavoces parlamentarios del PSOE, Adriana Lastra, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, han acudido a las 10.30 al registro del Congreso para tramitar una proposición de ley orgánica con la que se modifica la ley de 1985 que regula el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, con el objetivo de establecer su régimen jurídico para cuando ese organismo tenga que estar en funciones. Esta medida llevaba varios días fraguándose.

El presidente, Pedro Sánchez, resolvió activar esta solución momentánea, a la espera del movimiento del PP, este mismo martes con una llamada a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, cuando ella se dirigía a la sesión de control al Gobierno que se celebraba en el Senado. Desde allí Calvo habló con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el más partidario en el Ejecutivo de los contactos para resolver este problema con el PP. Y en la noche de ayer, sobre las 21.30, la vicepresidenta Calvo informó también al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, para que esta vez no se produjeran problemas de descoordinación como los de las últimas semanas.

Fuentes de la cúpula gubernamental han justificado la necesidad de esta medida por la importancia de acabar con la interinidad de un órgano clave del entramado institucional y, sobre todo, para forzar al PP y facilitarle una entrada al pacto al aparcar por ahora la idea de cambiar el sistema de mayorías vigentes para la elección del Consejo, algo que Bruselas mira con recelo, según ha expresado la Comisaría de Justicia, como también partidos de la izquierda parlamentaria, como Más País.

Lo que no abordan, por tanto, en esta nueva proposición PSOE y Unidas Podemos es el intento más amplio de cambiar el método de elección del Poder Judicial, que sí está en la ley exprés planteada por ambas formaciones el pasado octubre. Aquella reforma legislativa sí permitiría aprobar la renovación de los doce vocales jueces del Consejo por mayoría absoluta del Congreso (176 escaños) frente a los tres quintos (210) que se exigen ahora. Con ese simple cambio, el Gobierno se garantizaría renovar la mayoría del Poder Judicial con los votos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez hace 11 meses y con los ya pactados para los presupuestos de 2021. De esa manera se cambiaría la actual mayoría absoluta conservadora del Consejo vigente desde hace siete años, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy.

En la explicación de motivos de la nueva propuesta, ambos partidos, socios de coalición en el Gobierno, determinan la necesidad de “limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato”. Y detallan que en situaciones como la actual, con un Consejo que debía haberse renovado hace dos años al cumplir su mandato de cinco, no debería poder nombrarse al presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las audiencias, los tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional, los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o los magistrados del Tribunal Constitucional.

Las dos formaciones consideran que esas limitaciones deberían ser “lógicas y derivadas del carácter excepcional de la no renovación en plazo” y que deberían extenderse también con respecto a los nombramientos de los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del vicepresidente del Tribunal Supremo, el promotor de la acción disciplinaria, el director del gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial y el jefe de la inspección de tribunales.

El proyecto de ley firmado ahora por PSOE y Unidas Podemos persigue, además, llenar una laguna jurídica del diseño constitucional sobre las funciones que debe ejercer el Consejo del Poder Judicial, como ya sucede con otros organismos fundamentales del sistema. En el artículo 570.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial solo se hace referencia a esa situación con los vocales del CGPJ fuera de plazo al señalar que entonces “el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial”. Pero no se indican más previsiones en ese escenario.

El registro este miércoles de esta nueva proposición de ley se ha producido con urgencia ante la evidencia constatada por el PSOE y Podemos de la continuidad del bloqueo de la renovación por parte de la actual dirección del PP y para que la iniciativa se pueda considerar en la junta de portavoces de la semana que viene, que ordenará los asuntos a tratar en el pleno del 15 de diciembre, el último que podrá llevar proposiciones de ley en condiciones normales antes de que acabe el año. Los partidos tienen un cupo de iniciativas legislativas en cada pleno y al PSOE le corresponde una para el pleno de esa jornada. El plan del Ejecutivo es que la proposición se tramite sin lectura única, se discuta y modifique durante el mes de enero, que es inhábil, y se apruebe ya en febrero, tras las elecciones catalanas, algo que también conviene para beneficiar el calendario de desmarque del PP con respecto a Vox en Cataluña. Si tras este nuevo plazo o ultimátum el PP decidiese permanecer en el bloqueo y en la situación actual, el Ejecutivo se dispondría a descongelar la reforma íntegra de la ley del Poder Judicial.

El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha reclamado sin éxito a los partidos y a las presidentas del Congreso y del Senado en varias ocasiones que se proceda a la renovación de ese órgano; y en estos meses ha propuesto nombramientos relevantes que estaban vacantes en varios tribunales e incluso en el Supremo. Unidas Podemos ya planteó este martes en el Congreso que esos nombramientos le parecían “ilegítimos y manchados de ilegalidad” y reprochó al Supremo que no hubiese reconsiderado ya la situación de los presos condenados por el proceso independentista en Cataluña. Esa formación querría que pudiesen salir libres antes de las elecciones del 14 de febrero, bien por la vía de los indultos que debe aprobar el Consejo de Ministros o por la de la revisión de penas al rebajar las condenas por sedición con una reforma del Código Penal.

El Consejo ya hizo, en esta precaria situación, algunos nombramientos en octubre y tiene previsto designar en breve otras seis plazas del Supremo y las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del País Vasco y hasta una vacante en la Audiencia Nacional.