Cuatro meses de caos en la gestión migratoria en Canarias

El ruido de las ruedas de una maleta vieja arrastrada sobre un asfalto desconchado rompe el silencio de la mañana del sábado en el muelle grancanario de Arguineguín. Aún quedan allí más de 670 personas, hay abogados preparando la asistencia de los recién llegados, un equipo sanitario haciendo PCR y un escuadrón de policías gallegos entrando y saliendo, pero reina la calma. Es la nueva normalidad después de cuatro meses de caos.

La dueña de la maleta, Fátima, una marroquí de 50 años que no quiere dar su verdadero nombre, entra decidida hasta la barrera policial. Velo, bufanda, abrigo, do...

El ruido de las ruedas de una maleta vieja arrastrada sobre un asfalto desconchado rompe el silencio de la mañana del sábado en el muelle grancanario de Arguineguín. Aún quedan allí más de 670 personas, hay abogados preparando la asistencia de los recién llegados, un equipo sanitario haciendo PCR y un escuadrón de policías gallegos entrando y saliendo, pero reina la calma. Es la nueva normalidad después de cuatro meses de caos.

La dueña de la maleta, Fátima, una marroquí de 50 años que no quiere dar su verdadero nombre, entra decidida hasta la barrera policial. Velo, bufanda, abrigo, doble mascarilla, gafas rectangulares ahumadas. Acaba de aterrizar desde Alicante en busca de su sobrino de 23 años, un chaval al que crió y cuya primera aventura fuera de casa ha sido subirse a una patera sin contárselo a nadie. “Hacía siete días que no sabíamos nada de él. Hasta que ayer recibí una llamada diciéndome que estaba aquí”, cuenta. “Su madre está enferma de preocupación, solo llora. ¡No sé cómo se le ha podido ocurrir venir así!”, se dice enfadada.

Las islas Canarias continúan recibiendo una presión migratoria sin precedentes desde que en 2006 se desató la llamada crisis de los cayucos que partían, sobre todo, de Senegal. En lo que va de año, son ya unas 19.000 personas desembarcadas, más de la mitad marroquíes, y se cuentan más de 500 muertos. El golpe económico de la pandemia y la oportunidad de una ruta abierta, más barata y menos vigilada —aunque la más peligrosa para llegar a Europa—, sigue empujando a emigrar a cientos de personas sin expectativas.

El tránsito de familiares buscando en los campamentos a sus hermanos, primos, sobrinos o parientes lejanos se ha intensificado esta semana. La policía sigue ahora un protocolo y facilita reencuentros que hace unos días costaban frustración y lágrimas y la red de alerta es enorme y veloz. Todos conocen a alguien que conoce a alguien. Ahmed, un joven temporero que recoge naranjas en Valencia, viajó este viernes a Gran Canaria con una triple misión: un primo está en una de las carpas de Barranco Seco, su hermano confinado en un hotel y otro primo en otro. Cuando cree que, al menos, los tiene localizados a todos, recibe una llamada de su madre alertándole de que otro primo está retenido en Arguineguín. “Me va a explotar la cabeza, llevo desde las tres de la mañana en pie, sin comer y con toda mi familia llamándome”, se queja sonriente.

Aunque el Gobierno ha situado, por fin, el archipiélago en su mapa de prioridades, la crisis de recepción y acogida en Canarias sigue sin estar controlada. Aún hay cerca de 6.000 personas alojadas en hoteles, munición de la buena para la propaganda xenófoba; la asistencia jurídica, que llegó a ser inexistente, sigue sin ser individual y se presta de pie; y el muelle de Arguineguín, símbolo de la gestión de esta crisis, donde llegaron a amontonarse 2.600 personas, continúa sirviendo de almacén de personas (incluidas mujeres y menores) que no comen ni duermen adecuadamente y no pueden asearse. El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, que llega a Gran Canaria este lunes para comprobar la situación en persona y reunirse con autoridades, ha pedido su “cierre inmediato” por vulnerar derechos básicos de los inmigrantes, pero el ritmo de las soluciones es más lento que el de las pateras.

El Gobierno confía en que el escenario mejore en las dos próximas semanas. La expectativa, según fuentes policiales, es desmantelar el campamento de Arguineguín la semana que viene y está en marcha y a un ritmo frenético la logística para el despliegue de carpas en cuarteles y otros espacios en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, para alojar a 7.000 personas y vaciar así los complejos hoteleros. La maquinaria de expulsiones a Senegal y Marruecos ya está preparándose y fuentes conocedoras de estas conversaciones bilaterales confían en que en breve se iniciarán deportaciones de grandes grupos de inmigrantes.

Mientras tanto, los recién llegados buscan cómo salir de las islas, convertidas en los últimos meses en una barrera de contención de la inmigración irregular hacia el continente. A pesar de las peticiones del Gobierno canario, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y del propio vicepresidente segundo Pablo Iglesias, las derivaciones a la Península —unas 1.800 en lo que va de año– siguen siendo puntuales, restringidas a perfiles muy concretos y tema tabú. La solidaridad que España demanda a sus socios europeos para que compartan el peso de la gestión de las llegadas, no se aplica en su propio territorio. Hay, sin embargo, una llave que abre el tránsito en territorio Schengen: un pasaporte.

Los subsaharianos suelen venir sin documentación y sin recursos y, aunque son la mayoría de los beneficiarios de las derivaciones a la Península, enfrentan muchas más dificultades para marcharse por su cuenta. El caso de los marroquíes, que este mes han sido más del 80% de los 6.300 desembarcados solo en Gran Canaria, según Salvamento Marítimo, es diferente. Muchos han aprovechado el fin del confinamiento en Marruecos para hacerse su pasaporte antes de embarcar, pero otros peregrinan a su consulado en Las Palmas de Gran Canaria. Allí intentan tramitar el documento porque, aunque están en situación irregular, han pasado el tiempo máximo de 72 horas de custodia policial y, mientras no estén retenidos en un centro de internamiento de extranjeros, pueden moverse con relativa libertad. Para conseguir el pasaporte es indispensable estar empadronado en las islas y esa requisito es ahora otra oportunidad para los aprovechadores, que cobran a los migrantes 200 euros por un trámite gratuito.

Una hora después de su llegada, Fátima sale del puerto con la maleta en una mano y su sobrino en otra. Es un chico alto con cara de bonachón. Lleva cinco días metido en el muelle y la barba negra le asoma por la mascarilla. A su tía, que es empleada doméstica, le ha cambiado la cara y le mira afectuosa, pero ya le advierte de que después del caluroso reencuentro la va a escuchar. “¡Es que no soy capaz de entender cómo ha podido hacer esto! ¡Si nunca había salido de casa!”. Él, que planeó todo en secreto, se encoge de hombros.