Un juez de Madrid archiva la investigación por el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez en Barajas
El Supremo aún debe pronunciarse sobre el papel del ministro de Transportes, aunque la Fiscalía ya pidió también el sobreseimiento de esa parte
Un juez de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha dado este miércoles carpetazo al llamado caso Delcygate, sobre el encuentro celebrado el pasado enero en el aeropuerto de Madrid-Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que tiene prohibida la entrada en territorio europeo por las sanciones que pesan sobre el régimen de Nicolás Maduro. El instructor archiva la causa al considerar que, según el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, “la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional”...
Un juez de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha dado este miércoles carpetazo al llamado caso Delcygate, sobre el encuentro celebrado el pasado enero en el aeropuerto de Madrid-Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que tiene prohibida la entrada en territorio europeo por las sanciones que pesan sobre el régimen de Nicolás Maduro. El instructor archiva la causa al considerar que, según el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, “la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional”, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta decisión da aire al Gobierno, que aún está pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el papel del ministro en este confuso episodio, aunque la Fiscalía ya ha pedido que se archive también esa parte.
El magistrado centró sus pesquisas en la actuación de los funcionarios de Barajas durante el encuentro entre ambos dirigentes, que se produjo en secreto en la madrugada del pasado 20 de enero y sobre el que el Ejecutivo ofreció varias versiones tras publicarse. La número dos de Nicolás Maduro fue sancionada en su día por la UE por las políticas represivas de su Gobierno y tiene prohibida su entrada en suelo europeo. Serrano-Arnal, que no puede investigar a Ábalos al encontrarse aforado, apreció en un primer momento “indicios racionales de hecho delictivo” y llegó a pedir los vídeos de seguridad del aeropuerto. Pero, finalmente, descarta seguir adelante con el caso.
La decisión de archivo se puede recurrir, aunque el Tribunal Superior de Justicia destaca que solo pueden hacerlo la Fiscalía y Vox, ya que ni PP ni el Partido Laócrata, dos formaciones que impulsaron la denuncia, están oficialmente personadas en el proceso.
“El cuento lo pueden alargar lo que quieran, pero empieza a ser patético”, ha afirmado este miércoles Ábalos en una entrevista en Antena 3, después de que la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya anunciado que pedirá al Gobierno explicaciones por el caso. El ministro ha insistido en que una eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, preside ese organismo de la UE y “está absolutamente preocupada por utilizar ese puesto para debilitar la posición española y hacer política nacional”. Por ello, ha invitado a la oposición a “que espere” a que se pronuncie la justicia.
El Ejecutivo permanece ahora pendiente del Supremo, que debe comunicar si admite a trámite las querellas presentadas en ese tribunal contra Ábalos. La Fiscalía ya envió un informe donde se opone a dar luz verde a la causa al no apreciar indicios suficientes de delito de prevaricación. Según exponía en su escrito, el ministerio público era partidario de que Serrano-Arnal citase primero a declarar a los agentes desplegados en Barajas, al personal de AENA y a los vigilantes de seguridad. Y si en esas pesquisas se encontraban indicios contra el ministro, el juez de Madrid tendría que enviar un escrito al Supremo y, en ese momento, el alto tribunal debería volver a estudiar el caso.
“Pese a la naturaleza del delito [de prevaricación], los querellantes, al margen de sus opiniones y sospechas, no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado, ni cuáles son los indicios de participación del querellado en la decisión”, subrayó la Fiscalía en su informe, donde hacía hincapié en que las denuncias se basan “exclusivamente en artículos de prensa” y en la “declaración notarial” de un trabajador que “ni siquiera especifica su puesto de trabajo”.