La Fiscalía investiga a Juan Carlos I por regalos de más de 275.000 euros al año

La Fiscalía investiga si el rey emérito dejó de declarar a Hacienda el dinero supuestamente donado por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2016 y 2018. La cantidad recibida y no declarada que acarrea un delito fiscal debe ser superior a 278.000 euros, según cálculos de técnicos del Ministerio de Hacienda. A partir de esa cantidad se genera una cuota ...

La Fiscalía investiga si el rey emérito dejó de declarar a Hacienda el dinero supuestamente donado por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2016 y 2018. La cantidad recibida y no declarada que acarrea un delito fiscal debe ser superior a 278.000 euros, según cálculos de técnicos del Ministerio de Hacienda. A partir de esa cantidad se genera una cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Madrid superior a 120.000 euros, la cantidad mínima para que un fraude implique delito fiscal. Si don Juan Carlos usó el dinero sin mediar donación, también habría delito si dejó de declarar 275.000 euros al año.

La Fiscalía indaga el uso por parte del rey emérito de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes de las que no es titular. El dinero provenía, presuntamente, de su amigo y empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que según cree el ministerio público, lo puso a disposición de Juan Carlos I y este lo utilizó, pero no lo declaró a Hacienda. Fuentes fiscales señalan que hay indicios de que el rey emérito cometió delito fiscal, lo que implica que defraudó más de 120.000 euros al año cuando ya había abdicado y no gozaba de inviolabilidad.

Para esclarecer si Juan Carlos I pudo cometer un delito fiscal, los investigadores tienen que determinar si Sanginés-Krause donó el dinero al rey emérito o si este dispuso del saldo sin que mediara una donación. La fórmula es importante porque de ella depende que el posible delito a Hacienda sea derivado de un fraude en la declaración del impuesto de donaciones o del de la renta. Aunque se rigen por normas distintas, las cantidades necesarias para generar un delito fiscal son muy similares: un mínimo de 278.702 euros en el caso de una donación y 275.862 euros en una renta no declarada ni con un origen justificado, según el cálculo realizado por el sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) con las normas tributarias de la Comunidad de Madrid.

En el supuesto de una donación, la cantidad a partir de la cual se generaría una cuota superior a los 120.000 euros depende del patrimonio preexistente de don Juan Carlos, un dato que nunca se ha hecho público. Lo único que se conoce es la asignación anual que recibió hasta el año pasado (161.000 euros en 2019) y que Felipe VI le retiró en marzo de este año después de que se conocieran sus supuestos vínculos con fundaciones investigadas por la Fiscalía Anticorrupción.

En función de ese patrimonio previo, varía la cantidad donada a partir de que se genera una cuota del impuesto de donaciones superior a los 120.000 euros. Según GESTHA, al tratarse de un supuesto donante que no es familiar del beneficiario (entre familiares están bonificadas en Madrid) los importes serían: 317.917 (para patrimonios inferiores a 403.000 euros); 306.713 (entre 403.000 y dos millones de euros); 296.527 (entre dos y cuatro millones); y 278.702 (para patrimonios de más de cuatro millones).

“Si el dinero es donado, quien lo recibe tiene que declararlo en los 30 días posteriores a recibirlo”, explica José María Mollinedo, secretario general de GESTHA. Si no existe esta donación, el fraude ya no se comete sobre el impuesto de donaciones sino sobre el del IRPF, al ser un incremento de patrimonio no justificado si no se puede acreditar el origen de esos fondos, explica Mollinedo.

En ambos casos, el supuesto delito puede ser común o agravado, lo que implica un aumento de la pena (hasta seis años de cárcel). Entre los supuestos que agravan el delito se encuentran que el fraude sea superior a los 600.000 euros o que se haya utilizado a una persona interpuesta (un testaferro) para despistar a Hacienda.

Fuentes fiscales señalan que el ministerio público interrogó hace unas semanas al coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, colaborador de Juan Carlos I y a cuyo nombre, supuestamente, estaba el dinero que Sanginés-Krause puso a disposición del rey emérito. El empresario también ha sido interrogado sobre su relación con los gastos del monarca.