¿Quién acabó con el fiscal Stampa?

El último viaje de Ignacio Stampa como fiscal anticorrupción es a la prisión de Estremera, situada a 80 kilómetros de Madrid. Ya se sabía entonces —viernes 23 de octubre— que su suerte estaba echada, pero aún no se conocía hasta qué punto las cartas habían sido marcadas. El fiscal, que junto a su colega Miguel Serrano investigan desde hace más de tres años ...

El último viaje de Ignacio Stampa como fiscal anticorrupción es a la prisión de Estremera, situada a 80 kilómetros de Madrid. Ya se sabía entonces —viernes 23 de octubre— que su suerte estaba echada, pero aún no se conocía hasta qué punto las cartas habían sido marcadas. El fiscal, que junto a su colega Miguel Serrano investigan desde hace más de tres años el mayor entramado de corrupción política, policial y empresarial de la actual etapa democrática, se presenta en el centro penitenciario Madrid VII con la intención de registrar la celda del comisario José Manuel Villarejo, encarcelado desde noviembre de 2017 como cabecilla de una red corrupta.

Stampa va acompañado de dos policías, dos funcionarios de prisiones, un secretario judicial, un enfermero y una doctora por si hay que asistir al preso, delicado de salud. El comisario jubilado oye el rumor de pasos que se acercan por la galería y se pone de pie. Al percatarse de que al frente de la comitiva está el fiscal Ignacio Stampa, quien desde hace meses sufre una campaña de ataques cruzados con el objetivo de dejarlo fuera de la investigación, el viejo policía le lanza una pulla:

—Ah, ¿pero todavía no te han despedido?

Villarejo sabe que la fruta ya está madura. Solo es cuestión de tiempo.

La reconstrucción de los ocho días que suceden al registro de aquella celda demuestra hasta qué punto la operación para derribar a Ignacio Stampa responde a una concatenación de intereses, odios y sospechas alimentadas desde un lado y otro de la ley. Los fiscales Stampa, de 46 años, y Miguel Serrano, de 63, han sido capaces durante los últimos tres años y medio de seguir el rastro de una denuncia sin demasiada relevancia —un asunto de tráfico de influencias y corrupción policial para favorecer a un empresario con intereses en Guinea Ecuatorial— hasta convertirla en la gran causa contra la corrupción política, policial y empresarial en España. En medio está Villarejo y su grabadora siempre encendida, pero alrededor se mueve —en palabras de los propios fiscales— “un clan policial mafioso cuya finalidad primordial es conseguir beneficios económicos e influencia en círculos políticos, judiciales y periodísticos con la finalidad de obtener la impunidad de su actuación delictiva”.

Desde un pequeño despacho en el centro de Madrid, Stampa y Serrano van consiguiendo poner cara y apellidos a los inductores y beneficiaros de ese “clan mafioso”. Instruyen hasta 28 líneas de investigación —lo que en jerga judicial se conoce como piezas separadas— y por la Audiencia Nacional empieza a desfilar una corte muy variopinta de investigados. Empresarios, banqueros, ministros, jefes de la llamada policía patriótica, líderes políticos de la derecha y de la izquierda. Hasta el rey Juan Carlos, en virtud de los datos recogidos por los fiscales, forma parte de la nómina de sospechosos, pero se libra gracias a la inviolabilidad de que disfrutó durante su etapa como jefe del Estado.

Algunos de los imputados acuden a la Audiencia Nacional escoltados por carísimos abogados que poco tiempo atrás lucían allí mismo la toga de magistrados o fiscales.

El camino se hace cada vez más pedregoso y hay un momento en que sobre la instrucción empiezan a caer flechas. Son disparadas desde las cloacas del Estado que representa Villarejo, pero también desde los despachos de la alta política. Un juez de la Audiencia Nacional que instruyó hace años un grave caso de corrupción política recuerda que lo peor de las presiones recibidas no estaba fuera, sino dentro: “Los compañeros te sugieren que no te metas en líos”. La situación se agrava hasta límites difícilmente soportables cuando el ataque llega desde las propias filas. El viejo comisario lo sabe.

—Eh, podemita, ¡no toques mis papeles! ¿Todavía no te ha echado tu jefa? Deben de tener muy acojonada a mi amiga Lola [la fiscal general del Estado, Dolores Delgado].

Los testigos de la escena confirman que la situación se va calentando en el interior de la celda. Villarejo insulta al fiscal, le grita, se acerca cada vez más. Stampa pide a los funcionarios que lo aparten unos metros hasta que concluya el registro.

Desde que fue detenido hace ahora tres años, el comisario jubilado sigue dando guerra desde la cárcel. Nunca ha dejado de enredar y denunciar nuevas conspiraciones, y últimamente no para de insultar a los fiscales anticorrupción, a los que acusa de filtrar pasajes del sumario, aunque en realidad sea él —como se ha acreditado a lo largo de la investigación— quien sigue difundiendo informaciones obtenidas ilegalmente mezcladas con bulos imposibles de verificar.

Los últimos interrogatorios a Villarejo, por videoconferencia entre la Audiencia y la cárcel de Estremera, se enredan en duros reproches del comisario a los fiscales, que le interrogan sin perder la paciencia. Villarejo alega indefensión, quiere conocer los documentos y grabaciones que le han incautado y que los fiscales esgrimen contra él. En las últimas semanas, el comisario no ha perdido la ocasión para acusar a Stampa de favorecer a Podemos y filtrar partes del sumario donde está imputado por delitos de blanqueo, tráfico de influencias, falsedad, revelación de secretos...

Durante el registro del pasado viernes 23 de octubre —autorizado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón— se obtienen pruebas de que el viejo policía ha montado desde la cárcel una trama para seguir vendiendo secretos oficiales. Villarejo no solo está al tanto de lo que sucede fuera de la prisión, sino que aún tiene capacidad de asustar con las grabaciones y documentos reservados que supuestamente esconde.

En las últimas semanas, según Anticorrupción, ha intentado vendérselos a algunos periodistas para conseguir fondos y de paso seguir sembrando confusión —justo el negocio al que se ha dedicado Villarejo durante años—, pero la investigación de los fiscales desbarata la operación. Tres días antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma en toda España, el comisario jubilado volvió a declarar ante el juez desde prisión. Los fiscales pretendían saber si el comisario había prestado servicios para acusados del caso Gürtel y le leen precontratos de su empresa Cenyt con presupuestos millonarios.

Villarejo protesta desde la cárcel. Aunque la conexión se llena de ruidos, sube la voz para acusar a los fiscales de filtrar el sumario y para intentar hablar de otros escándalos. Cuando los fiscales le traen de nuevo a la realidad del interrogatorio, intenta explicar cuál era su trabajo: “Yo hablaba con unos y con otros, obtenía información, mi labor era mover el avispero”. Y en ese avispero se han movido los fiscales Stampa y Serrano para reunir cientos de indicios contra Villarejo.

De ahí la furia del comisario contra Stampa durante el registro de su celda en la cárcel de Estremera. Ese mismo viernes 23 de octubre, el fiscal participa en la operación para detener a cuatro de sus secuaces. Uno de ellos es un delincuente en tercer grado penitenciario al que Villarejo captó para que hiciera de correo y recaudador. La cuarta detenida es la esposa del policía.

La periodista Gemma Alcalá, que ya ha sido imputada en otras piezas de la causa, pasa el fin de semana en los calabozos que la Jefatura Superior de Policía de Madrid tiene en el barrio de Moratalaz a la espera de ser conducida a la Audiencia Nacional. El lunes pasa a disposición judicial y Manuel García Castellón, titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la pone en libertad inmediatamente, antes incluso de que termine el interrogatorio de los otros detenidos. Los fiscales regresan a su despacho en la calle Manuel Silvela conscientes de que están viviendo horas cruciales.

Fuego cruzado

Desde hace aproximadamente un año, Stampa está en tela de juicio por las acusaciones de Vox, de una periodista canaria, un veterano fiscal que luego se desdice, y de un extrabajador de Podemos llamado José Manuel Calvente. Este abogado fue el primero en disparar sospechas contra los fiscales tras ser despedido del equipo jurídico de Podemos por el supuesto acoso a una compañera, la abogada Mar Flor.

Calvente se defendió acusando a la letrada de mantener relaciones con el fiscal Stampa, unas relaciones de las que se estaría beneficiando Podemos por tener acceso a detalles de un sumario declarado secreto. La denuncia de Calvente sirve de base para que se activen otras sobre las supuestas irregularidades cometidas por el fiscal a favor de la formación de Pablo Iglesias. El partido ultraderechista Vox, el comisario Villarejo, la periodista canaria María Montero y el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, intervienen en el fuego cruzado contra Stampa.

Todo ello ha logrado crear un ambiente de sospecha con un objetivo muy claro: perjudicar a la causa golpeando a Stampa. De nada sirve que Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción, declare en la Audiencia Nacional que el trabajo de Stampa es “impecable”. Las denuncias van cayendo como una lenta tortura en la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras tanto, el sumario avanza amenazante para el centenar de imputados, entre ellos algunos poderosos en España. Los dos fiscales van concluyendo su trabajo en piezas menores del proceso y escriben bajo el sello de la administración de justicia sus elevadas peticiones de cárcel para pequeños y medianos empresarios que han contratado a Villarejo para espiar a sus adversarios.

Pero los últimos días han sido duros para Stampa, que ha visto como casi cuatro años de trabajo contra las cloacas del Estado han culminado con su salida de Anticorrupción por la puerta de atrás, humillado por sus propios compañeros, los principales representantes de la carrera fiscal, que ni siquiera le dieron un voto para avalar su continuidad. Incluso los cinco fiscales conservadores representados en el Consejo Fiscal dan la espalda a Stampa, afiliado a su asociación, y susurran vagas explicaciones para justificarse: “Sigue teniendo una investigación penal abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”. Pero eso no es cierto. Esa investigación penal lleva cuatro meses cociéndose a fuego lento, pero concluye antes de que el Consejo Fiscal decida la suerte de Stampa. El instructor envía sus conclusiones a la Fiscalía General del Estado con una propuesta de archivo: Stampa es inocente. Una vez más, las acusaciones contra el fiscal del caso Villarejo se demuestran falsas. Pero inexplicablemente la Fiscalía General del Estado decide esperar y no comunicar nada sobre ese expediente. En el Consejo Fiscal, Stampa no consigue ni un solo voto para obtener la plaza fija en Anticorrupción a la que aspiraba. Es el único de los ocho fiscales anticorrupción que estaban en comisión de servicio que no logra la plaza. “Los fiscales conservadores no podían votar a Stampa, decían que era podemita”, cuenta un fiscal conocedor del funcionamiento del Consejo Fiscal. El “podemita” Stampa, según lo denominan Villarejo y algunos fiscales conservadores, propuso retirar a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en el caso Dina y rechazó la mayoría de diligencias que pidió Podemos para investigar a los medios de comunicación que publicaron informes falsos contra el partido político que hoy gobierna en España junto al PSOE.

La sensación en buena parte de la carrera es de estupefacción. Un fiscal sin adscripción a ninguna asociación mostraba así su estupor: “Lo que más me ha sorprendido es que no tuviera ni un solo voto en el consejo. Eso, unido a la falta de explicación de la pérdida de confianza, puede llegar a deslizar entre los compañeros y la opinión pública la sospecha de que hay algo oculto en la conducta de Stampa, algo que no se sabe. Y eso puede llegar a ser muy cruel para alguien sobre quien solo se han vertido rumores, ninguna prueba en contra”.

El lunes 26 de octubre, en la víspera de la defenestración de Stampa a manos de sus compañeros, la fiscal general del Estado, que tiene la competencia plena para nombrar fiscales, entra en el restaurante La Manduca de Azagra, un lugar de exposición pública como pocos en Madrid. Espera sentada a que llegue su pareja, el abogado Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional y titular de un bufete que ha defendido a tres de los policías imputados en el caso Villarejo: Enrique García Castaño, el ejecutor de la Operación Kitchen para borrar pruebas contra el PP; Eugenio Pino, el jefe de todos los policías que dirigió durante su mandato un operativo contra Podemos y los partidos independentistas catalanes, según diversas investigaciones, y Carlos Salamanca, socio de Villarejo.

Conflicto de intereses

Es un día de celebración. Garzón cumple años y su pareja le hace un regalo durante la comida. Pero la imagen resulta chocante por el momento y el lugar donde se produce. La fiscal general del Estado, de quien depende el futuro de Stampa, almorzando con su pareja, el exjuez Garzón, en cuyo bufete trabajan abogados que defienden a tres comisarios acusados por Stampa, justo la víspera en que el fiscal se juega su futuro profesional. Un triángulo diabólico que ningún reglamento es capaz de desenredar.

Disgustado por el abandono de sus compañeros en el Consejo Fiscal, Stampa regresa el jueves y el viernes al lugar donde se afana desde hace años para meter en prisión a los corruptos que trabajaron con Villarejo o se beneficiaron de sus maniobras ilegales. Comparecen el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el exministro del Interior Jorge Fernández para dar explicaciones sobre su participación en un operativo puesto en marcha entre junio de 2013 y mediados de 2015. Stampa no puede preguntar porque Martínez y Fernández, ambos imputados, se niegan a responder a las preguntas del ministerio público. Pero, al final del interrogatorio del juez al exministro del Interior, el fiscal Stampa interrumpe para pedir que se le requiera el teléfono móvil. Jorge Fernández ha negado que enviara mensajes a su secretario de Estado informándole de la operación para espiar a Bárcenas y Stampa quiere disparar su último cartucho en busca de la verdad. La situación es delicada, tensa, pero el juez García Castellón accede finalmente y en presencia del abogado del exministro consulta el teléfono en busca de algo que pueda significar una prueba a favor o en contra de Jorge Fernández. El intento es bueno, porque el exministro conserva el mismo número de teléfono, pero ha borrado todos los mensajes. En la sala queda la sensación de que el fiscal Stampa lo intentó hasta el último día de su carrera en Anticorrupción.