El ‘caso Gürtel’, once años de tsunami judicial

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel —1.843 folios de prosa jurídica a cargo del magistrado Juan Ramón Berdugo— pone un rotundo punto y aparte a once años de una de las causas de corrupción con mayor impacto social, político e institucional de la democracia. Con su fallo, el alto tribunal respalda con escasos matices, más técnicos que de fondo, ...

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel —1.843 folios de prosa jurídica a cargo del magistrado Juan Ramón Berdugo— pone un rotundo punto y aparte a once años de una de las causas de corrupción con mayor impacto social, político e institucional de la democracia. Con su fallo, el alto tribunal respalda con escasos matices, más técnicos que de fondo, la investigación y el juicio de la Audiencia Nacional sobre la trama de manipulación de contratos públicos que anidó en el PP, y de la que se beneficiaron tanto el partido como algunos de sus líderes más destacados durante las etapas de José María Aznar y Mariano Rajoy.

El macrosumario Gürtel, un puzle judicial con otras piezas de gran calado, como la de los papeles de Bárcenas, sobre la caja b del partido, ha propiciado en estos años notables turbulencias en la judicatura, con recusaciones, movimientos de jueces e incluso la expulsión de la carrera judicial del primer instructor de la causa, Baltasar Garzón. Las sacudidas generadas por este portaaviones judicial todavía no han terminado.

Los magistrados del Supremo ratifican en lo esencial la mayoría de las condenas impuestas por la Audiencia Nacional en su sentencia de mayo de 2018, y apenas aplican leves ajustes, en la mayor parte de los casos a la baja, a las penas de prisión por un catálogo de delitos que incluye el cohecho, la malversación, el blanqueo, los delitos fiscales y el tráfico de influencias. Once de los 29 condenados reciben penas superiores a los doce años de prisión, entre ellos el cabecilla, Francisco Correa (51 años y once meses); su lugarteniente, Pablo Crespo (36 años y ocho meses), el extesorero del PP Luis Bárcenas (29 años y un mes) y la esposa de este, Rosalía Iglesias (12 años y once meses).

La reacción del antiguo responsable de las finanzas populares a la más que probable entrada en prisión de su mujer es una de las incógnitas que deja la sentencia firme de ayer. Algunos movimientos de Bárcenas en estos años, como la decisión de retirar la acusación contra el PP en el juicio por la destrucción de los discos duros que guardaba en su despacho de la sede nacional del partido, se han explicado siempre como una muestra de buena voluntad del extesorero. Algo así como “yo no voy contra ti a cambio de que tú muevas tus hilos en la Fiscalía y el Poder Judicial para evitar la cárcel a Rosalía”. Siete años después de que EL PAÍS publicara los 14 folios de su contabilidad paralela, se ignora el calibre de la munición documental que Bárcenas conserva en su poder y el potencial desestabilizador para el partido de Pablo Casado, una vez retirados de la primera fila los líderes de las etapas de Aznar y Rajoy.

El fallo, que también hace suyas las tesis de las fiscales anticorrupción Concepción Nicolás y Concepción Sabadell, mantiene al PP y a la exministra Ana Mato como partícipes a título lucrativo, es decir que considera que se beneficiaron del fruto de los delitos cometidos por los condenados sin ser conscientes del origen delictivo de los fondos, y les condena a devolver lo disfrutado. El principal reproche que se hace a la sentencia de la Audiencia Nacional es la extensión y profundidad que dedica a analizar la existencia de una caja b en el seno del PP, cuando esta contabilidad secreta forma parte de otra pieza del macrosumario todavía pendiente de juicio en la propia Audiencia Nacional. El Supremo no niega que exista esa financiación irregular; es más, apunta a que esta funcionó y Bárcenas detrajo fondos de ella.

Desde que el 6 de febrero de 2009 el juez Baltasar Garzón, tras un año de investigación secreta, diera luz verde a la policía para desencadenar la Operación Gürtel, esta trama corrupta ha sido una constante en la política española, y durante muchos meses ha ocupado el primer plano de la actualidad. La sentencia de la Audiencia Nacional, ahora confirmada en lo esencial por el Supremo, desencadenó la moción de censura que acabó con la presidencia y la carrera política de Mariano Rajoy en junio de 2018.

Uno de los argumentos que uso el PSOE para esa censura parlamentaria fue un párrafo de la sentencia en la que se cuestionaba la “credibilidad” de su declaración como testigo en el juicio. El presidente del tribunal de primera instancia, Ángel Hurtado, que se había opuesto a que Rajoy declarara, rechazó hacer suya esta parte de la sentencia, que fue redactada por sus compañeros de tribunal, José Ricardo de Prada y Julio de Diego. El pasado 30 de septiembre, el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace dos años, con una mayoría conservadora que el PP se niega a renovar, nombró a Hurtado magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El desalojo de Rajoy de La Moncloa fue la mayor sacudida institucional derivada de la trama Gürtel. Pero no la única. En febrero de 2012, Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por prevaricación al haber intervenido ilegalmente las comunicaciones de los corruptos con sus abogados.

Su puesto en el Juzgado Central de Instrucción 5 lo asumió, en comisión de servicio desde junio de 2010, Pablo Ruz, un joven magistrado que en febrero de 2013 inició la investigación sobre los papeles de Bárcenas. En su etapa, Ruz ordenó el ingreso en prisión del extesorero, citó como testigos, entre otros, a los exministros Dolores de Cospedal, Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas y registró la sede nacional del PP, en la calle Génova 13 de Madrid. A finales de 2014, el sector más conservador del Consejo del Poder Judicial quiso forzar la salida de Ruz de la Audiencia Nacional, pero ante la polémica se buscó una solución de compromiso que permitió que continuara hasta abril de 2015, cuando se incorporó el actual titular, José de la Mata.

Las turbulencias judiciales en torno a Gürtel se intensificaron a medida que se acercaba el juicio. Las acusaciones populares recusaron y lograron apartar del juicio a los magistrados conservadores Concepción Espejel y Enrique López, por su cercanía con el PP. La Sala de lo Penal de la Audiencia se dividió por 10 a 8 al apreciar falta de apariencia de imparcialidad en el caso de Espejel, próxima a Dolores de Cospedal. En cuanto a López, no hubo dudas: 15 contra tres a favor de apartarlo. López es ahora consejero de Justicia en el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso.

El punto y aparte de la sentencia del Supremo abre ahora nuevos párrafos judiciales. El más inquietante para el PP es el caso Kitchen, sobre la trama de espionaje parapolicial a Luis Bárcenas y su familia para arrebatarles documentos comprometedores para el partido y en el que está imputado el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Once años después, el tsunami de Gürtel va para largo.