Los jueces estallan contra el Gobierno por la ausencia del Rey en Barcelona
El presidente del Constitucional anuncia que no asistirá al acto. Buena parte de la carrera judicial considera la decisión como una cesión política a los independentistas y un desaire del Ejecutivo a la magistratura
La decisión del Gobierno de que el Rey, por primera vez, no esté presente este viernes en Barcelona en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces salida de la Escuela Judicial ha tensado hasta el extremo las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, justificó este jueves la ausencia de Felipe VI por la necesidad de “proteger las instituciones”, entre ellas la Monarquía...
La decisión del Gobierno de que el Rey, por primera vez, no esté presente este viernes en Barcelona en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces salida de la Escuela Judicial ha tensado hasta el extremo las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, justificó este jueves la ausencia de Felipe VI por la necesidad de “proteger las instituciones”, entre ellas la Monarquía. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, hará patente en su discurso el malestar de los jueces. Al Gobierno, además, se le abre otro frente con el ambiente enrarecido en la Fiscalía.
Buena parte de la carrera judicial, en especial el sector más conservador, considera la decisión del Gobierno de no autorizar la presencia del Rey en la ceremonia de entrega de despachos —que se celebra este mediodía en la sede de la Escuela Judicial, en Barcelona— como una cesión política a los independentistas y un desaire del Ejecutivo a la magistratura y al propio Monarca. Desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI ha presidido todos los años la ceremonia de entrega a los nuevos jueces de los documentos que les acreditan como miembros del poder judicial con capacidad de juzgar en su nombre, como establece la Constitución. Y antes de él lo hacía su padre, Juan Carlos I.
Este año iba a ser igual: el Rey había aceptado la invitación formal del Consejo General del Poder Judicial para encabezar el acto, y el órgano de gobierno de los jueces había remitido a los asistentes las invitaciones en las que figuraba la presencia del jefe del Estado. Sin embargo, el martes, la Casa del Rey comunicó al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, que Felipe VI no acudiría a la ceremonia. Un vocal del Consejo, José María Macías, aseguró que la comunicación de La Zarzuela indicaba que el Gobierno no autorizaba la presencia del Monarca en el acto. Nadie en el Ejecutivo ha desmentido esta versión.
La indignación de los jueces, expresada por sus principales asociaciones profesionales, y también en redes sociales y conversaciones privadas, ha ido creciendo a lo largo de la semana. Algunos magistrados la perciben, con incomodidad y enfado, como un intento del Gobierno de instrumentalizar a la carrera judicial —en este caso a la última promoción de la Escuela— para mandar un doble mensaje político: al PP, para que acceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace dos años; y a los independentistas catalanes, para que ayuden a sacar adelante los Presupuestos del Estado.
El Gobierno no ha dado apenas detalles sobre esta cuestión.
Este jueves, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sin confirmar ni desmentir que la decisión fuera del Gobierno, dijo: “Esa decisión se ha tomado sopesando muchas variables. Lamento que no esté el Rey presidiendo un acto que para mí es muy emotivo. Creo que, en la ponderación de bienes, hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro. En la mente de todos están toda una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar cosas. Creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones y sin duda la Monarquía lo es”, dijo Campo, al tiempo que pidió no “sobredimensionar” este tema.
Aunque nadie en el Gobierno ha querido vincularlo expresamente con la falta de presencia del Rey en Barcelona, en los próximos días está previsto que el Tribunal Supremo haga pública la sentencia en la que previsiblemente confirmará la condena de inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia, lo que podría derivar en protestas. Estos días Barcelona celebra sus fiestas mayores por la virgen de la Mercé y se acerca el tercer aniversario del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre.
Carlos Lesmes hizo este jueves una labor de encaje diplomático para encauzar el enfado de las principales asociaciones judiciales y de parte del propio Consejo del Poder Judicial. El presidente del órgano anunció que este viernes, en su discurso a los nuevos jueces, hará una mención para “fijar la posición” —de malestar— sobre la decisión del Gobierno sobre la presencia del Rey en el acto. La Comisión Permanente del Consejo, que este jueves trató del asunto en su reunión ordinaria, prefirió no redactar un comunicado oficial, como ha hecho en otras ocasiones.
Ello no impidió que seis de los 20 vocales sí difundieran un comunicado a título individual. En él lamentan “profundamente” no contar con Felipe VI en Barcelona, y recuerdan que el hecho de que el Rey acuda tanto a la apertura del año judicial como a la entrega de despachos de los nuevos jueces “no solo es un motivo de orgullo para las juezas y jueces españoles” sino que es “el símbolo del valor que la Justicia tiene en un Estado de Derecho”.
El de los jueces no es el único frente que se le ha abierto esta semana al Gobierno. Paralelamente, en la Fiscalía las aguas bajan revueltas tras la entrevista del teniente fiscal del Supremo Luis Navajas, en la que, entre otras afirmaciones, acusó a dos fiscales de sala del alto tribunal —Consuelo Madrigal y Fidel Cadena— de presionarle para que informara a favor de la admisión de las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, afirmó que se trata de la situación de mayor descrédito de la Fiscalía en 40 años y que ese descrédito “nace con el nombramiento, sin solución de continuidad, de la diputada del PSOE y ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general”.
El Constitucional
El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, también ha excusado su asistencia al acto, según informa Europa Press. Su presencia estaba confirmada y, de hecho, el Consejo General del Poder Judicial lo incluyó el martes en el listado de autoridades que iría a la cita. Pese a ello, el miércoles, un día después de conocerse la ausencia de Felipe VI, el magistrado comunicó al anfitrión del evento, el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, que no acudiría por problemas de agenda. Dijo que tenía un compromiso con la XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, en la que participará de forma telemática.