Galicia, el laboratorio demográfico de España

“No puedo meter a un hombre y a una mujer en la cama y decirles lo que tienen que hacer. Si hiciera falta, lo haría, pero no se puede”. Manuel Fraga resumía en 2004 con esta afirmación –una de las muchas que dejó para las hemerotecas– su impotencia ante la escasez de nacimientos y el continuo envejecimiento de la población gallega. Su sucesor en el PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que este domingo aspira a revalidar su cargo al frent...

“No puedo meter a un hombre y a una mujer en la cama y decirles lo que tienen que hacer. Si hiciera falta, lo haría, pero no se puede”. Manuel Fraga resumía en 2004 con esta afirmación –una de las muchas que dejó para las hemerotecas– su impotencia ante la escasez de nacimientos y el continuo envejecimiento de la población gallega. Su sucesor en el PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que este domingo aspira a revalidar su cargo al frente de la Xunta, ha tomado el testigo y ha situado la preocupación por la baja natalidad entre sus prioridades políticas con una ley de impulso demográfico que, si finalmente entra en vigor —el anteproyecto se aprobó en enero pero no se debatió en el Parlamento autonómico por el adelanto electoral—, será la primera norma en España desde la Transición diseñada para estimular el número de nacimientos. Sus críticos consideran que yerra en el diagnóstico: “El problema no es la baja natalidad, la natalidad es un síntoma del problema”.

Los datos demuestran que la población en Galicia es cada vez de mayor edad, aunque esta tendencia, algo más acentuada en la comunidad gallega, se repite en el resto de España y en gran parte de Europa. Entre 1999 y 2019, la edad media de los ciudadanos gallegos ha pasado de 41,9 años a 47,2, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En Ourense y Lugo, que son la primera y la tercera provincia con el índice de envejecimiento más alto de toda España, la edad media asciende a 50,7 y 49,8 años respectivamente. Y mientras la esperanza de vida es cada vez mayor, el número de nacimientos disminuye: de los 66,6 niños que nacían por cada mil mujeres en 1975, la cifra ha descendido a más de la mitad, con una tasa de fecundidad de 28,3 en 2019.

Aunque estas cifras han sido presentadas en Galicia en tono apocalíptico, los demógrafos insisten en que el envejecimiento no es problemático, sino que es el resultado del gran aumento de la esperanza de vida. “En España, en 1900, uno de cada cinco niños se moría antes de cumplir un año, y la mitad se había muerto antes de los 15”, subraya Julio Pérez, demógrafo del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) y autor del blog Apuntes de demografía. El problema existiría si no hubiera “recursos suficientes para atender a los mayores”, lo que supone ante todo un reto económico y no demográfico, añade Antía Pérez Caramés, profesora de sociología en la Universidad de A Coruña y experta en demografía y migraciones.

Feijóo sí interpreta el envejecimiento como una crisis demográfica, pero ha intentado alejarse de la visión de Fraga, que situaba a las mujeres en el centro de la diana —“la mujer”, decía el expresidente gallego, “antes de casarse procura tener su piso, por si acaso, y su coche, y cuando se da cuenta tiene el primer hijo a los 30 o 32 años”—. Tras un plan fallido de 2013 con el que la Xunta pretendió aumentar el índice de fecundidad, el nuevo anteproyecto del PP, pionero en España en cuanto a la intervención pública en política de natalidad, propone medidas de ayudas económicas y de conciliación a las familias con hijos, de retorno de los jóvenes gallegos y de dotación de mayores servicios a las zonas más despobladas. “La finalidad de la ley es ofrecer el máximo nivel de apoyo a las personas que decidan tener un hijo” y contempla una inversión de “800 millones de euros”, según la consejera de Política Social de la Xunta, Fabiola García. Sin embargo, aunque lo sugiere, el texto pasa de puntillas por lo que la oposición considera que es la verdadera causa del bajo número de nacimientos: la falta de trabajo estable.

“No aprende de los errores pasados, la ley es una operación de marketing para convencer a las familias de que tengan hijos, y apenas aborda otro gran instrumento para reforzar la vitalidad poblacional como es la inmigración, que sería un instrumento más rápido y con otras ventajas”, explica Xoaquín Fernández Leiceaga, senador y presidente de los socialistas gallegos. La solución pasa en primer lugar, según el dirigente del PSdeG, por la “estabilidad laboral”. “En los últimos cuatro años, sin tener en cuenta la covid-19, hemos perdido 70.000 empleos en Galicia cuando en España se han creado 600.000”, lamenta el líder socialista.

Coincide con este análisis Montse Prado, secretaria de organización del BNG. “Una persona o una pareja no va a tener un hijo porque tenga más o menos ayudas para cuidarlos, sino si tiene un empleo digno y un salario que le permita desarrollar su proyecto vital”, afirma la política, que critica el “raquítico aspecto económico” de la ley. Según considera, la dirección de las medidas no es la adecuada, ya que “están enfocadas únicamente en las personas que quieren tener hijos” y no en “la creación de un sistema de bienestar global que atienda las necesidades de la infancia, la juventud y los mayores”. “Mucho escaparate y poco contenido”, sentencia.

Fabiola García niega rotundamente un objetivo natalista de la norma. “Entendemos que una ley no debe tener como cometido convencer a la gente para que tenga más hijos”, rechaza la conselleira. Sin embargo, uno de los puntos novedosos del texto es la obligación de que todas las leyes, decretos y planes que pasen por el Parlamento autonómico tengan que contar con un informe de impacto demográfico, una medida cuyo “objetivo es construir la demografía como un problema”, reflexiona la socióloga Antía Pérez Caramés.

“El PP distorsiona el concepto de conciliación y lo convierte en una política natalista que contempla que una mujer recibirá recursos públicos en la medida en que tenga hijos cuando antes que nada es una política de justicia social y de responsabilización colectiva de los cuidados”, apunta Pérez Caramés. La investigadora, que ha analizado en profundidad la Ley de Impulso Demográfico de Galicia, considera que los populares tienen un “concepto muy restringido de la conciliación”, que entienden solo como familiar y laboral sin incluir “otros aspectos de la vida personal, como la gestión del tiempo propio”. ¿Y qué ocurre con las parejas que no tienen hijos? “Que también son familias que tienen que conciliar”.