El colapso de las comisarías bloquea los trámites de los ciudadanos extranjeros

Los inmigrantes en España enfrentan una carrera de obstáculos para formalizar sus papeles. A las dificultades habituales en las oficinas de extranjería, se suma el colapso de las comisarías que solo atienden presencialmente y mediante citas previas. Conseguirlas supone, en el caso de Madrid y Barcelona, pasar semanas entrando cientos de veces en la web o pagar entre 20 y 200 euros por un servicio que debería ser gratis. “¡No es posible que en mi despacho, uno de los más grandes de España, estem...

Los inmigrantes en España enfrentan una carrera de obstáculos para formalizar sus papeles. A las dificultades habituales en las oficinas de extranjería, se suma el colapso de las comisarías que solo atienden presencialmente y mediante citas previas. Conseguirlas supone, en el caso de Madrid y Barcelona, pasar semanas entrando cientos de veces en la web o pagar entre 20 y 200 euros por un servicio que debería ser gratis. “¡No es posible que en mi despacho, uno de los más grandes de España, estemos en turnos de 24 horas ante un ordenador buscando citas!”, exclama el director de la consultoría Legalteam, Guillermo Morales Catá. “Tenemos cientos de clientes pendientes de una fecha para la toma de huellas. Encontrando una al día, ¿cuánto tardaríamos en dar salida a todos?”, cuestiona.

La reanudación de los trámites presenciales tras el fin del estado de alarma ha vuelto a sobrepasar la capacidad de la Policía para atender a los extranjeros. Con miles de trámites acumulados y la capacidad para gestionarlos mermada por las exigencias de distanciamiento físico, el negocio de las citas previas vuelve a estar en auge. Se venden en despachos, locutorios y hasta en Wallapop. “Llevaba 12 años en España sin papeles y por fin conseguí mi permiso, pero estaba preocupado porque solo tenía 30 días para registrar mis huellas y acabé pagando 50 euros. Juegan con la desesperación de la gente”, cuenta el salvadoreño Abraham desde Barcelona.

El sol pega fuerte en la comisaría general de extranjería de Aluche, en Madrid, un edificio amarillo de ventanas azules en mitad de la nada. Bordeando el enorme complejo hay estos días cientos de personas que aguardan colas de varias horas con la única sombra de una parada de autobús. Hay 34 grados, no hay donde comprar agua, pero sí un seguro de salud que ofertan un par de comerciales durante la espera. Los policías inspeccionan la cola de vez en cuando dando instrucciones y despejando las preguntas de los inmigrantes de forma tosca.

“Intenté conseguir mi cita todos los días desde el 21 de junio, cuando se retomaron los trámites, hasta ayer [por el martes], que me metí en la web 153 veces. Y a la 154 lo conseguí”, describe en la cola Noelia Pinto, una hondureña de 35 años que necesita imprimir sus huellas para renovar su permiso de residencia. Tras la gestión esperará cerca de 40 días hasta que su nueva tarjeta esté lista y para retirarla tendrá que pedir cita. Otra vez. La situación sería impensable si se tratase de sacar el DNI, que cuenta con un sistema de cita previa propio y se tramita en el momento. En España hay más de cinco millones de extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadística, un 63% de fuera de la Unión Europea.

La Policía asume en unas 150 comisarías de toda España los dos trámites fundamentales para los extranjeros que concentran el mayor número de quejas recibidas por este periódico en las últimas dos semanas. Se trata de la toma de huellas, sin la que no se expide la tarjeta de residencia, y la recogida de esa tarjeta. Ninguna de esas gestiones funciona con normalidad. La Policía tampoco está consiguiendo asumir las demandas de miles de solicitantes de asilo pendientes de hacer la entrevista para formalizar su petición. Madrid y Barcelona sufren los mayores colapsos, según los abogados consultados. El Gobierno, forzado por la pandemia, puso en marcha la telematización de casi todos las gestiones en las oficinas de extranjería, pero los trámites que asume la Policía, con unos recursos limitados, es inexcusablemente presencial.

En la comisaría de extranjería de Gràcia, en Barcelona, la situación se repite. Caras de incertidumbre, angustia y frustración. Medio centenar de personas espera en fila con sus mascarillas. El sacerdote Rudolph Makunge, de 38 años, lleva desde febrero intentando obtener una cita para la toma de huellas. La consiguió, por fin, para el pasado 18 de marzo, pero se canceló y sigue sin poder lograr una nueva. “Estoy buscando ayuda porque no sé qué hacer. Intento todos los días”, detalla Makunge, que emigró desde Tanzania. Cree que aquellos con citas anuladas durante el confinamiento “deberían tener prioridad” en el trámite. A unos pasos, un joven se acerca a uno de los guardias de seguridad. Le reclama que no haya citas. “Es mentira, hay 50 por día. Hay que tener un poco de paciencia. O bastante”, responde el agente. La atención presencial está limitada, los funcionarios siguen trabajando desde casa y se intenta gestionar la demanda desde una única ventanilla. Las dudas, por correo electrónico.

“Hace falta habilitar más oficinas. Hay una falta brutal de personal y se mantiene un modelo en el que la Policía está haciendo labores de documentación cuando podrían asumirlas personal administrativo”, mantiene Fernando García Castro, secretario general de CC OO en el Ministerio del Interior. “Falta personal, pero también más eficacia en la gestión”, afirma Francisco Solans, portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas. “Se puede asignar una cita automáticamente con la resolución de concesión de la residencia, se puede eludir la toma de huellas en renovaciones porque ya están en la base de datos y también se podría entregar la tarjeta a un representante y sin necesidad de cita, pero la obsesión de Interior por el control no lo permite”, añade Solans. El Ministerio del Interior no ha respondido a las preguntas de este diario.

Sin la tarjeta de residencia en vigor en mano los bancos bloquean cuentas, no se puede viajar normalmente y se complica firmar un contrato con empleadores que no se fían si no ven el documento físico. “El papel en el que dice que nos dan la residencia no lo acepta nadie, quieren la tarjeta”, lamenta Luz Marina Rangel, una venezolana de 54 años, desesperada por un trabajo. La mujer se encomienda a Dios porque lleva desde finales de junio intentando recuperar su cita cancelada por la pandemia. “Esto es cruel para nosotros”, lamenta frente a la comisaría mientras espera a una amiga. “Ella pagó 20 euros por la cita, pero a otra amiga quisieron cobrarle 200. Yo no tengo trabajo y no me lo puedo permitir así que sigo intentándolo con el favor de Dios”. “Si la Administración gestiona mal las cosas hay gente que se aprovecha”, mantiene Morales Catá, de Legalteam. “¿Tú te imaginas que esto pasara con los españoles?”.