Interior expedienta a seis policías por su actuación en el estado de alarma

El Ministerio del Interior ha abierto expediente a dos guardias civiles y cuatro policías nacionales por actuaciones presuntamente irregulares desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo, según detalla el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. Durante estos tres meses, colectivos pro derechos humanos han denunciado abusos policiales tras la difusión en redes sociales de vídeos que recogían supuestos episodios de excesos por parte de agentes durante el dispositivo desplegado para hacer cumplir las medidas de restricción de movimiento de los ciu...

El Ministerio del Interior ha abierto expediente a dos guardias civiles y cuatro policías nacionales por actuaciones presuntamente irregulares desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo, según detalla el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. Durante estos tres meses, colectivos pro derechos humanos han denunciado abusos policiales tras la difusión en redes sociales de vídeos que recogían supuestos episodios de excesos por parte de agentes durante el dispositivo desplegado para hacer cumplir las medidas de restricción de movimiento de los ciudadanos.

El ministro Fernando Grande-Marlaska admitió durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso del 23 de abril que se podían haber producido un “mínimo” número de “disfunciones e irregularidades” en la actuación de las Fuerzas de Seguridad al aplicar de la ley de Seguridad Ciudadana –conocida como ley mordaza- para sancionar a aquellos ciudadanos que burlaban el confinamiento. En aquella fecha, Policía Nacional, Guardia Civil, cuerpos locales y policías autonómicas habían detenido a 6.507 personas y realizado 726.397 propuestas de sanción. Un mes después, el 23 de mayo –último día que la estadística oficial acumuló datos de todos los cuerpos policiales- los arrestados eran 8.547 y las propuestas de multas eran 1.044.717. En aquella comparecencia, el ministro recalcó que existían “las instituciones oportunas para depurar responsabilidades”.

El Gobierno incide en esa idea en su respuesta al diputado de EH Bildu, al que detalla que los dos expedientes a guardias civiles ha sido por falta muy grave. Además, el instituto armado ha registrado “30 quejas por actos de servicio, cuya tramitación está en curso y que no tienen por qué terminar en expediente disciplinario forzosamente”. Por su parte, la Policía Nacional admite la apertura de cuatro investigaciones internas “que en la actualidad se encuentran en curso”. Todas están relacionadas “con actuaciones presuntamente irregulares ante supuestos casos de infracción de las normas de confinamiento por parte de ciudadanos”. Interior añade que, por ahora, ninguno de los seis expedientes está concluido, por lo que no se han impuesto sanciones. Interior siempre ha defendido que sus agentes han actuado con “proporcionalidad”.

Sin embargo, la plataforma Defender a quien Defiende, que engloba a organizaciones y activistas pro derechos humanos, asegura tener documentados 61 casos de malos tratos y otros 200 de sanciones injustificadas a ciudadanos. Thais Bonilla, su portavoz, asegura que ya se han dirigido en dos ocasiones a Interior para denunciar 11 de estos casos. Grande-Marlaska les respondió con una carta en el que asegura que la actuación de los agentes en esos episodios será sometida “al correspondiente análisis disciplinario” . “Seis expedientes son pocos, pero ya es algo que se hayan abierto investigaciones”, señala Bonilla respecto a la información facilitada por el Gobierno.

Amnistía Internacional –que última un informe sobre abusos policiales durante el confinamiento en toda Europa, incluida España- también ha remitido a Interior documentación sobre episodios de “uso desproporcionado de la fuerza” o malas praxis profesionales por parte de la policía. Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía, cree que “debería ser tomado como algo normal abrir investigación de este tipo”, y anima a la ciudadanía a denunciar los casos de los que sean víctimas o testigos.

El Defensor del Pueblo asegura que en estos meses “ha sido relativamente frecuente recibir quejas de ciudadanos en desacuerdo por las denuncias de los cuerpos policiales contra ellos por presuntas infracciones en el confinamiento”. También que algunos se han dirigido a la institución porque “consideran que el trato recibido ha sido incorrecto”, señala un portavoz. El Defensor ya pidió en abril a Interior datos sobre las multas tramitadas durante el confinamiento para determinar si las Fuerzas de Seguridad habían actuado “de manera correcta y proporcional”, subrayó entonces en un comunicado. En 2019, el Defensor recibió 17 denuncias de malos tratos y 89 de tratos incorrecto contra las diferentes policías.

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