Las instituciones y la calle

Manifestarse es un derecho fundamental de titularidad universal. Es uno de los derechos centrales del estado democrático porque es un mecanismo de participación y de control ciudadano respecto de la toma de decisiones públicas. La libertad de expresión también es un derecho fundamental, que reconoce la posibilidad de cualquier persona de expresar ideas, pensamientos, opiniones libremente, con el límite de insultar o vejar a terceros. Conforma, igualmente, el núcleo duro del orden democrático en tanto que canaliza el pluralismo político y social sin el cual no hay democracia.

Los represe...

Manifestarse es un derecho fundamental de titularidad universal. Es uno de los derechos centrales del estado democrático porque es un mecanismo de participación y de control ciudadano respecto de la toma de decisiones públicas. La libertad de expresión también es un derecho fundamental, que reconoce la posibilidad de cualquier persona de expresar ideas, pensamientos, opiniones libremente, con el límite de insultar o vejar a terceros. Conforma, igualmente, el núcleo duro del orden democrático en tanto que canaliza el pluralismo político y social sin el cual no hay democracia.

Los representantes políticos ejercen el poder soberano que nosotros les confiamos para gestionar la cosa pública en las instituciones. Los políticos, también titulares de derechos —faltaría más—, están llamados a exteriorizar sus opiniones y a ejercer presión en los procesos de toma de decisiones en el marco institucional previsto para ello. La crítica política, la competición electoral y la voluntad de cambio de los profesionales de la política tienen unos cauces específicos.

Estos elementos de teoría constitucional deberían servir para recordar que la calles son para la ciudadanía y que las instituciones son para los políticos. De otra forma, los representantes públicos, los partidos, acaban copando también los espacios e instrumentos con los que cuenta la ciudadanía para controlar la actividad de aquellos. La reivindicación de mayor permeabilidad democrática supone más canales de participación de la ciudadanía en la política, y no a la inversa.

La política debe procurar la solución de los problemas y de los conflictos sociales, no crearlos. Y algo no está funcionando cuando los datos muestran que, como explica Juan Rodríguez en Agenda Pública, estamos en el mayor nivel de polarización ideológica de los partidos políticos desde la transición. Llevar la polarización a las calles no debería ser la función de los representantes públicos.

Los planteamientos dicotómicos, binarios, sin grises, sin duda, polarizan. La apropiación de la idea de España, de su Constitución y de sus símbolos de los partidos de la derecha española es exactamente lo mismo que han hecho los partidos políticos independentistas en Cataluña. Polarizadores, unos y otros, parecen empeñados en una visión pétrea y nada plural de las sociedades de las que forman parte. Cosa que también representa, por cierto,"NoVoyConElFascismo".

Solo una cosa más: la información protege y exige la narración de hechos verídicos. Cuando son periodistas los encargados de transmitir un determinado argumentario político, se les presume el cumplimiento del deber de diligencia en el relato de la verdad. Por ello no casa con el ejercicio de la libertad de la información por profesionales los relatos plagados de medias verdades o directamente mentiras (la supuesta asunción por el Gobierno de los 21 puntos de la Generalidad) fácilmente contrastables. Asimismo, reiterar que el poder es del pueblo, solo del pueblo y nada más del pueblo, negando la intermediación que supone la democracia representativa, solo tiene un nombre: populismo.

Argelia Queralt Jiménez es profesora de Derecho Constitucional, Universitat de Barcelona. Este artículo ha sido elaborado por Agenda Pública, para EL PAÍS.