La ‘regla de gasto’ es injusta

Los Ayuntamientos españoles sufren de un mal crónico, que es una financiación insuficiente. Por añadidura, son los organismos públicos que han sufrido con más intensidad los programas de ajuste a ultranza. Una proposición de ley de Podemos pretende flexibilizar la conocida como “regla de gasto”, establecida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que limita con rigor el presupuesto de gasto municipal: no se puede superar un límite (1,7% de aumento en 2017), calculado por el Gobierno en función del crecimiento del PIB, aunque tengan superávit. La proposición, que será debatida en el Congreso a...

Los Ayuntamientos españoles sufren de un mal crónico, que es una financiación insuficiente. Por añadidura, son los organismos públicos que han sufrido con más intensidad los programas de ajuste a ultranza. Una proposición de ley de Podemos pretende flexibilizar la conocida como “regla de gasto”, establecida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que limita con rigor el presupuesto de gasto municipal: no se puede superar un límite (1,7% de aumento en 2017), calculado por el Gobierno en función del crecimiento del PIB, aunque tengan superávit. La proposición, que será debatida en el Congreso a partir de marzo y que contará con el apoyo del PSOE y otros grupos de la oposición, quiere flexibilizar una norma cuya aplicación actual parece rígida e inapropiada.

La “regla de gasto” es injusta y debe ser cambiada por varias razones. Los Ayuntamientos han cumplido con las exigencias de austeridad con más eficacia que otras Administraciones (por ejemplo, mejor que el Estado). Tienen que hacer frente además a gastos sociales ante el ciudadano y renovar infraestructuras gastadas, generalmente de coste medio o bajo. El mero hecho de que se imponga una restricción universal del gasto, tanto a los municipios con buena salud financiera como a los que han gestionado mal sus recursos y de que se impida una reinversión razonable de los superávit en aquellos que lo necesitan convierte la norma en injusta. Los Ayuntamientos cumplidores señalan, no sin lógica, una perversión de la norma: los recursos que consiguen ahorrar financian los déficits de los municipios peor gestionados.

El Gobierno, encasillado en una austeridad que por ser de aplicación inflexible resulta discriminatoria, debe dar marcha atrás en su rechazo frontal y negociar una nueva regla que sea más matizada y útil para los ciudadanos. El compromiso con el déficit exige austeridad y no castigo financiero a los consistorios que merecen un reconocimiento por su buena gestión.