Malos presagios

En un cuento de García Márquez, una señora les dice a sus hijos que ha amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a suceder en el pueblo. El hijo, absorto con el funesto presagio, pierde una partida de billar. Y, a partir de ahí, se desencadenan una serie de pequeñas reacciones en cadena que culminan con el abandono e incendio de todas las casas del pueblo.

En una democracia, el delito de sedición, o rebelión, puede ser como el vaticinio del cuento: una nefasta profecía autocumplida. El código penal debe proteger a un sistema democrático de alzamientos militares o armados ...

En un cuento de García Márquez, una señora les dice a sus hijos que ha amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a suceder en el pueblo. El hijo, absorto con el funesto presagio, pierde una partida de billar. Y, a partir de ahí, se desencadenan una serie de pequeñas reacciones en cadena que culminan con el abandono e incendio de todas las casas del pueblo.

En una democracia, el delito de sedición, o rebelión, puede ser como el vaticinio del cuento: una nefasta profecía autocumplida. El código penal debe proteger a un sistema democrático de alzamientos militares o armados que amenacen con socavarlo. Es así en los países de nuestro entorno, como Alemania, Italia o Francia, donde los levantamientos constituyen un delito penal solo cuando media el uso de la fuerza.

Pero el delito de sedición en España es asombrosamente amplio. Quienes “se alcen pública y tumultuariamente” o traten de impedir a cualquier autoridad pública el ejercicio de sus funciones pueden ser condenados con penas de hasta 15 años de cárcel.

Esta formulación genera inseguridad jurídica. Lo que un magistrado puede interpretar como un legítimo derecho de manifestación otro lo puede ver como un delito penal muy severo.

Pero, además, si juzgamos por sedición o rebelión a los responsables de una serie de actos no abiertamente violentos, les estamos dando por supuesto un poder que no tienen. Los tipos penales como la sedición y la rebelión deberían quedar acotados para grupos armados que puedan suplantar al Estado. Ni Jordi Sánchez ni Jordi Cuixart ni otros líderes independentistas tienen esa capacidad. Y sería, por tanto, más razonable enjuiciarlos por los delitos de resistencia o de desórdenes públicos, unas figuras penales más ajustadas en opinión de muchos juristas.

El Estado español está en una posición de inmensa superioridad física frente a cualquier movimiento que no use la fuerza de forma sistemática. Pero, al protegerse con el código penal, el Estado está lanzando el mensaje contrario: soy débil y un alzamiento no violento podría acabar conmigo. Amenazar con mano dura es una invitación a que prueben cuán blando eres. @VictorLapuente