Sin reconocimiento no hay independencia

Desde hace dos semanas, la evolución del procés atrae un análisis centrado en la acción política y jurídica diaria. Resulta razonable que sea así, ante una situación excepcional determinada por la aprobación de un nuevo marco jurídico sin garantías en el Parlament, su suspensión por el Tribunal Constitucional, la actuación de la fiscalía contra aquellos alcaldes dispuestos a facilitar el desarrollo del referéndum o la desobediencia institucional que anticipan algunos integrantes del Govern. Sin embargo, sugiero abandonar por un momento este enfoque para anticipar alguno de los riesgos...

Desde hace dos semanas, la evolución del procés atrae un análisis centrado en la acción política y jurídica diaria. Resulta razonable que sea así, ante una situación excepcional determinada por la aprobación de un nuevo marco jurídico sin garantías en el Parlament, su suspensión por el Tribunal Constitucional, la actuación de la fiscalía contra aquellos alcaldes dispuestos a facilitar el desarrollo del referéndum o la desobediencia institucional que anticipan algunos integrantes del Govern. Sin embargo, sugiero abandonar por un momento este enfoque para anticipar alguno de los riesgos a los que debería hacer frente Cataluña si se materializara el que, para sus actuales responsables políticos, sería el mejor escenario posible.

Los catalanes que de buena fe confían en la viabilidad de un proceso que les conduzca a la independencia deben saber que la independencia no es un estatuto jurídico que pueda obtenerse como resultado exclusivo de su propia voluntad. Ni siquiera si el procedimiento utilizado para ello fuera respetuoso con el marco constitucional y aceptado por una mayoría indiscutible de ciudadanos. En tal caso, una declaración de independencia del Parlament constataría simplemente una realidad, pero no desplegaría todos los efectos que persigue sin el reconocimiento de un número significativo de Estados. De hecho, es este reconocimiento el que transforma una situación fáctica en una realidad política definitiva y reconocible jurídicamente para la comunidad internacional.

Si atendemos a las declaraciones del Govern, el 1 de octubre los catalanes podrán votar y, dependiendo del resultado, se convocarán elecciones o, en su caso, el Parlament declarará formalmente la independencia. Para este último supuesto, sería muy oportuno que las autoridades catalanas precisaran qué Estados reconocerían a Cataluña como entidad independiente. Se trata de una información clave para evitar una situación tan ridícula como la de Abjasia y Osetia del Sur. Ambos territorios proclamaron su independencia de Georgia en los noventa y, 25 años después, solo han sido reconocidos por Rusia, Venezuela, Nicaragua y Nauru. Para todos los demás, aquellos siguen siendo territorios autónomos de Georgia.

La independencia de Cataluña, merece la pena tenerlo presente, nunca será la consecuencia automática de una mayoría de catalanes que, habiendo manifestado su voluntad de votar, pudieran llegar a hacerlo, ni aun cuando fuera el resultado de un proceso acordado, respetuoso con el marco jurídico y con todas las garantías. Para que la independencia fuera una realidad política y jurídica viable necesitaría, además, contar con el reconocimiento de Estados y organizaciones internacionales. En las condiciones actuales, no parece que se den las circunstancias para lograrlo.