Responsabilidad institucional

Al hablar de corrupción, los titulares se centran en dos responsabilidades: la penal y la política. Pero, si queremos atajar una corrupción en España que, como la mítica hidra, parece multiplicarse cada vez que se le corta una cabeza, necesitamos poner en la palestra una tercera responsabilidad: la institucional.

Los delitos de corrupción están llenos de zonas grises. Si acumulamos pruebas concluyentes, encontramos acciones judicialmente punibles. Pero hay también muchas conductas —intercambios de favores, cenas donde la cortesía se mezcla con la confabulación, falta de celo para invest...

Al hablar de corrupción, los titulares se centran en dos responsabilidades: la penal y la política. Pero, si queremos atajar una corrupción en España que, como la mítica hidra, parece multiplicarse cada vez que se le corta una cabeza, necesitamos poner en la palestra una tercera responsabilidad: la institucional.

Los delitos de corrupción están llenos de zonas grises. Si acumulamos pruebas concluyentes, encontramos acciones judicialmente punibles. Pero hay también muchas conductas —intercambios de favores, cenas donde la cortesía se mezcla con la confabulación, falta de celo para investigar a tus subordinados— que son sospechosas, pero interpretables.

A partir de revelaciones como las de la Operación Lezo, hay razones para pensar que Esperanza Aguirre, Carlos Floriano, Rafael Catalá, Juan Ignacio Zoido o Mariano Rajoy, entre otros, tienen distintos grados de responsabilidad política por no vigilar adecuadamente a los miembros de su partido o de sus Administraciones, por mirar hacia otro lado cuando empezaba a oler mal, por mostrar apoyo a un imputado, o por beneficiarse de una financiación ilegal. Pero asignar a cada uno de ellos una clara responsabilidad política es una tarea espinosa. Y, además, ingenua. No podemos confiar en que compañeros de partido sean los únicos controles reales que complementen a los muchos controles legales que tienen nuestros organismos públicos.

Esa es la diferencia esencial entre España y los países con menores niveles de corrupción. Sus instituciones públicas están diseñadas para prevenir que el monopolio de la responsabilidad in vigilando recaiga en un grupo de personas que comparten un mismo destino electoral y, por ende, no tienen interés en cuestionar públicamente sus actividades. Asegurando la autonomía política de los directivos públicos, convierten a éstos en supervisores efectivos de la acción política.

Encubrimientos como los que han sostenido las hidras corruptas en Madrid, Valencia, Andalucía o Cataluña hubieran sido imposibles con unas instituciones más independientes políticamente. Pero eso no da titulares. @VictorLapuente