Un primer paso

Mejor es moverse, aunque sea dando solo un paso, que estarse quieto, paralizado mientras los demás cabalgan. Este es el principio que pareció plasmar ayer en Barcelona el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante varios centenares de empresarios catalanes.

Cualquier acto político suele ser susceptible de distintas lecturas. Y más tratándose de Rajoy y de sus recetas —hasta ahora minimalistas— ante la cuestión catalana. Así que todo acto puede compararse con lo deseable: en este caso, una oferta negociada, discutida, detallada y completa, tanto de tareas pendientes de la Administració...

Mejor es moverse, aunque sea dando solo un paso, que estarse quieto, paralizado mientras los demás cabalgan. Este es el principio que pareció plasmar ayer en Barcelona el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante varios centenares de empresarios catalanes.

Cualquier acto político suele ser susceptible de distintas lecturas. Y más tratándose de Rajoy y de sus recetas —hasta ahora minimalistas— ante la cuestión catalana. Así que todo acto puede compararse con lo deseable: en este caso, una oferta negociada, discutida, detallada y completa, tanto de tareas pendientes de la Administración central en Cataluña, como de asuntos relativos a la mejora del autogobierno.

Entonces, un discurso sobre el futuro de las deficientes infraestructuras públicas, que de él dependen, podría calificarse de insuficiente, tardío y poco ambicioso. Sobre todo porque al apelar, con buenas razones, a los asuntos que más preocupan a los catalanes, aparca sin acierto algo que también les desazona, la necesidad de mejorar su autogobernanza política.

Pero al mismo tiempo, la de Rajoy es una apuesta por un necesario abordaje de las obras públicas y de transporte tan necesarias como siempre aplazadas. Además de reiteradamente exigidas por la sociedad catalana, sus usuarios, sus empresarios, sus municipios y su Gobierno autónomo —lo que se incluyó en el memorial de agravios del anterior president, así como del actual—, y desatendidas en la última legislatura por el Gobierno. De modo que entrar en esas cuestiones concretas —pero tan importantes que pavimentan el descontento mayoritario de los catalanes— constituye una acertada corrección del foco dispensado a la cuestión catalana, monopolizado por el (indeclinable) respeto de la legalidad constitucional y estatutaria.

Así que se tratará de un primer paso, pero resulta tanto más notorio cuanto que Cataluña lo esperaba (y se desesperaba ante su ausencia) desde hace tiempo, pues el anterior se produjo hace muchos años.

El problema que entraña este paso político es doble. De un lado, de credibilidad. La presupuestación de obras públicas en Cataluña, desde siempre por debajo de su peso económico e inferior a las promesas políticas, suele empeorar a la hora de su ejecución, más deficiente que la media. No es solo culpa de la crisis, sino también de la dejación, acompañada de la declinante influencia general de los poderes autóctonos. O las cifras que ahora se prometen son suficientes y cumplibles, o la confianza seguirá capotando.

Por otro lado, el problema es de velocidad. La tardanza en plantear planes sensatos puede compensarse con su aceleración. Pero a nadie se le oculta que la agenda secesionista avizora un calendario sobrecalentado; la respuesta del Gobierno puede resultar morosa o poco atractiva para muchos. Al primer paso deben seguirle muchos otros. Y mucho más rápidos.