Los excesos de Homs
El exconsejero se postula como única vara para medir la democracia
El pronóstico de que el Estado español llegará a su fin si hay condenas judiciales por la pseudoconsulta soberanista del 9-N es solo el último de los excesos retóricos en que ha incurrido el diputado y exconsejero de la Generalitat Francesc Homs, juzgado desde ayer en el Tribunal Supremo por hechos similares ya enjuiciados en Barcelona a Artur Mas y sus exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau. Homs pretendió, una vez más, deslegitimar la acción de la justicia añadiendo que su juicio es “innegablemente político”, todo para terminar asumiendo ante el tribunal los hechos que le incriminan.
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El pronóstico de que el Estado español llegará a su fin si hay condenas judiciales por la pseudoconsulta soberanista del 9-N es solo el último de los excesos retóricos en que ha incurrido el diputado y exconsejero de la Generalitat Francesc Homs, juzgado desde ayer en el Tribunal Supremo por hechos similares ya enjuiciados en Barcelona a Artur Mas y sus exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau. Homs pretendió, una vez más, deslegitimar la acción de la justicia añadiendo que su juicio es “innegablemente político”, todo para terminar asumiendo ante el tribunal los hechos que le incriminan.
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Esta fraseología, propia de un intento de martirologio político, parte de la idea de que hay que construirse una legalidad a medida de las necesidades de los dirigentes independentistas catalanes, rompiendo con la legalidad existente o considerándola fruto de una simple manipulación política. Pero en realidad, la vuelta de tuerca de Homs pretende ir mucho más allá: la legitimidad de la democracia se personaliza en dirigentes como él o Mas, de forma que ellos son la medida absoluta de lo que es democracia y de lo que no es. Ya no se trata de hablar en nombre de la supuesta mayoría independentista, sino de condicionar todo el debate democrático en Cataluña, cuya calidad se ha deteriorado a base de sesgos continuos, campañas sostenidas y acoso intelectual al disidente o al que simplemente le gustaría un clima de debate más sereno y menos crispado.
Ideas tan simples como que votar en una democracia es bueno, y si no se puede votar es que no estamos en democracia, chocan contra la más elemental de las realidades: en el conjunto de España y desde luego en Cataluña se vota mucho y se hace legalmente. Pero vivimos en una democracia homologada internacionalmente, donde hay que respetar los procedimientos para que las garantías del voto y del recuento de los resultados sean reconocidos por todos. Inventarse otros procedimientos al margen de los legales es un comportamiento disparatado, como ocurrió cuando Homs organizó la consulta plebiscitaria el 9-N de 2014 desobedeciendo al Constitucional (TC) de manera “abierta, obstinada y pertinaz”, según la acusación del Supremo. Otra cosa es que los hechos que se le reprochan a Homs encajen en los tipos delictivos por los que se ha sentado en el banquillo, pero eso es lo que ha de decidir el Poder Judicial.
Hemos reiterado que, independientemente del camino que tomen los tribunales, el problema de fondo es político y se tendrá que solventar desde la política, no desde los tribunales. El bloqueo al que hemos asistido durante años, sumado a las oscuras operaciones de la policía patriótica organizada desde el Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz, demuestran lo erróneo de la estrategia seguida por Mariano Rajoy.
Con todo, el bloqueo político, aunque condenable, no puede servir de excusa para que los líderes de la antigua Convergència, además de saltarse la ley, pretendan apropiarse del nombre de Cataluña y, para colmo, condicionar si hay democracia o no en España a lo que les ocurra judicialmente a sus personas. Eso demuestra hasta qué punto los independentistas han perdido por completo el norte.