Wert, uno de los nuestros

El nombramiento del exministro de Educación José Ignacio Wert como embajador de España ante la OCDE ha provocado un justificado malestar en la Administración pública, una indisimulada irritación entre los diplomáticos y el recelo de los ciudadanos abrumados por los persistentes casos de amiguismo o protección corporativa a los miembros del gabinete y altos cargos. El Ejecutivo ha decidido lo que en muchas ocasiones se ha hecho con anterioridad: conceder a un exmiembro del Gobierno un puesto de prestigio y bien remunerado en calidad de pago “a los servicios prestados” sin atender a la cualifica...

El nombramiento del exministro de Educación José Ignacio Wert como embajador de España ante la OCDE ha provocado un justificado malestar en la Administración pública, una indisimulada irritación entre los diplomáticos y el recelo de los ciudadanos abrumados por los persistentes casos de amiguismo o protección corporativa a los miembros del gabinete y altos cargos. El Ejecutivo ha decidido lo que en muchas ocasiones se ha hecho con anterioridad: conceder a un exmiembro del Gobierno un puesto de prestigio y bien remunerado en calidad de pago “a los servicios prestados” sin atender a la cualificación del nombrado ni a las consecuencias políticas de su nombramiento. Se trata de “uno de los nuestros” y para el Gobierno esa condición es suficiente para que se le garantice una remuneración pública, es decir, a cargo de los contribuyentes.

Incluso aunque se deje al margen la calidad de la gestión de Wert como ministro de Educación, que deja bastante que desear, resulta acertado el dictamen de la Asociación de Diplomáticos Españoles, muy alarmada por el nombramiento: carece de “cualidades resaltables para el puesto de embajador”. Es un ejemplo más de “premio a los cargos propios”, saltándose a la torera cualificaciones o perfiles, que tanto dinero cuesta a las arcas públicas, obligadas periódicamente a sufragar paraísos funcionariales adjudicados a dedo. Eso sin contar con el daño que causa en la imagen exterior de España un nombramiento discrecional para conectar con una organización de tanto prestigio como la OCDE.

La credibilidad de las instituciones democráticas exige que se acabe la práctica de maltratarlas como cementerios de elefantes, refugios públicos y fuentes de sueldos blindados. Las protestas por los nombramientos de senadores o la voluntad de acabar con los consejos consultivos autonómicos indican que la opinión pública tolera mal las prebendas públicas concedidas para sí y para “los nuestros”.