Arbitrariedad fiscal

El detalle de los Presupuestos para 2016, apresurados por el Gobierno para convertir las cuentas públicas en ventaja electoral, ratifica su preocupante indefinición como instrumento de política económica al servicio de la recuperación y su evidente cortedad para mitigar el daño en la protección social causado por cinco años de recesión profunda. El crecimiento previsto de la inversión pública es cosmético (no llega al 1%); el alza de las pensiones (0,25%) apenas encubre las dificultades reales que aparecerán en breve en el sistema para pagar algunas prestaciones; y el anunciado aumento del gas...

El detalle de los Presupuestos para 2016, apresurados por el Gobierno para convertir las cuentas públicas en ventaja electoral, ratifica su preocupante indefinición como instrumento de política económica al servicio de la recuperación y su evidente cortedad para mitigar el daño en la protección social causado por cinco años de recesión profunda. El crecimiento previsto de la inversión pública es cosmético (no llega al 1%); el alza de las pensiones (0,25%) apenas encubre las dificultades reales que aparecerán en breve en el sistema para pagar algunas prestaciones; y el anunciado aumento del gasto social (3,8%), explicado por la disminución de los intereses de la deuda y la disminución del paro, ocultan en la trastienda una reducción de la cobertura del desempleo que compromete el bienestar de un gran número de parados y reduce la capacidad global de gasto de la economía.

El resto de las partidas significativas responden a la voluntad de maquillar la falta de margen para actuar sobre la economía. El aumento de la inversión en I+D, el 2,2%, apenas se aproxima al gasto necesario para que sobreviva la inversión en marcha; el dinero para dependencia aumenta en 70 millones, una gota en el océano de las necesidades reconocidas; y el dinero para becas sube en 3 millones sobre 2015. Nada significativo ni que revele un criterio articulado del gasto. Por el lado de los ingresos, las estimaciones para 2016 son muy dudosas. Por ejemplo, está previsto un aumento de la recaudación por impuestos del 6,2% —la pieza clave para explicar cómo se conseguirá ajustar el déficit el año que viene—; pero lo cierto es que este año las previsiones de recaudación no se están cumpliendo (lo previsto era un aumento del 5,4% y apenas se llega al 3,5%). Es decir, que agotado el recurso a recortar la inversión y obligados a aumentar el gasto de personal, el ajuste del déficit este año, si se consigue, será a coste de recortar una vez más la protección social. Y en 2016 las perspectivas son similares.

En este marco presupuestario tan débil y confuso, la sugerencia del PP de que volverá a bajar el IRPF si gana las elecciones merece una contundente reprobación política. Hay que insistir en que la economía española necesita una reforma fiscal y no una mera rebaja del IRPF por conveniencias electorales. Esa reforma implicará bajar algunos impuestos, subir otros y eliminar deducciones y desgravaciones. Pero lo que plantean sistemáticamente el Gobierno y el PP es un parche, que en el mejor de los casos responde a una presunción equivocada (la disminución de impuestos aumenta la recaudación) y en el peor solamente es un caramelo electoral. En cualquier caso, los recortes tributarios discrecionales e inorgánicos destruyen la estructura fiscal y carecen de efectos benéficos demostrados.

Lo que se espera del Gobierno (y, por cierto, de una opción política socialdemócrata consciente) es una concepción global de las necesidades del Estado. Para tenerla, hay que delimitar de entrada el perímetro de protección social que se quiere financiar (pensiones, cobertura de paro, sanidad, educación, etcétera) y actuar después en consecuencia sobre los ingresos públicos. Bajar los impuestos por bajarlos, sin ninguna relación con el bienestar social, es un truco de mal gestor.