El coste de los ERE

El caso de los ERE, el mayúsculo escándalo de descontrol de dinero público en la Junta de Andalucía, ha llegado a un momento decisivo. El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro aprecia indicio de delito en la actuación de los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y les considera responsables de propiciar un sistema ilegal de ayudas a trabajadores y empresas en crisis a lo largo de casi una década (2001-2010).

En esencia, Barreiro asume la tesis de la juez Mercedes Alaya acerca de que el Gobierno autónomo diseñó este sistema con el fin último de r...

El caso de los ERE, el mayúsculo escándalo de descontrol de dinero público en la Junta de Andalucía, ha llegado a un momento decisivo. El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro aprecia indicio de delito en la actuación de los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y les considera responsables de propiciar un sistema ilegal de ayudas a trabajadores y empresas en crisis a lo largo de casi una década (2001-2010).

En esencia, Barreiro asume la tesis de la juez Mercedes Alaya acerca de que el Gobierno autónomo diseñó este sistema con el fin último de repartir dinero público de forma discrecional al margen del control de la Intervención General de la Junta de Andalucía. En la resolución se sostiene que hay indicios de que Chaves y Griñán, así como los exconsejeros andaluces y hoy diputados en Cortes Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, adoptaron decisiones que suponen un delito de prevaricación administrativa, castigado con penas de inhabilitación. Barreiro, no obstante, descarta que tanto Chaves como Griñán conocieran que se estaba cometiendo un fraude con el fondo de los ERE, por lo que descarta inculparles por el delito de malversación de fondos públicos. El instructor solo imputa este delito a Viera, promotor del sistema de ayudas y a quien sí considera al tanto de la rapiña.

En su exposición razonada, Barreiro desestima los argumentos que dieron en su declaración los dirigentes del PSOE sobre la legalidad del sistema de ayudas (las llamadas transferencias de financiación) y fundamenta su tesis, al igual que Alaya, en los informes de la Intervención de la Junta que censuraban el procedimiento administrativo con el que se repartían los fondos públicos. El instructor da por hecho que hubo una estructura piramidal en la Junta de Andalucía que favoreció el uso ilegal de las transferencias de financiación, una herramienta presupuestaria común en las Administraciones para conceder subvenciones. De la tesis sería deducible que cualquier Administración que haya hecho un uso similar de las transferencias de financiación podría verse en una situación comprometida.

Sí resulta un tanto contradictorio que Barreiro asuma que todo el Consejo de Gobierno de la Junta conocía el sistema de ayudas sociolaborales, pero solo actúe contra una parte de este órgano colegiado.

En el plano político, se ponen a prueba los nuevos (y más altos) niveles de exigencia reclamados a los partidos. Griñán ya renunció hace 10 días a su acta en el Senado. Y Chaves, Zarrías y Viera comunicaron ayer su intención de dejar sus escaños. Pese a lo que simbolizan en el PSOE (Chaves y Griñán han sido los dos anteriores presidentes federales de este partido, además de ministros en los Gobiernos de Felipe González) ninguno tenía una salida menos traumática. Su decisión da crédito a los mensajes regeneracionistas que protagonizan el escenario de la actual situación política.