Apátridas en la República Dominicana
Esta entrada ha sido escrita por Helena Aranda y Valeria Méndez de Vigo (@vmendezdevigo), del departamento de Estudios e Incidencia de Entreculturas.
La sentencia 0168/13 sigue dividiendo a República Dominicana. La desnacionalización de miles de personas dominicanas de ascendencia extranjera con carácter retroactivo a 1929 ha fundado un escenario de fragmentación nacional - entre los que están a favor o en contra de la sentencia – generando un ambiente abiertamente hostil y discriminatorio. La apatridia -privación arbitraria de la nacionalidad y la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica- coloca a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana en un limbo legal y les impide acceder a derechos fundamentales, como la educación, la sanidad, el voto, el matrimonio o la movilidad, entre otros.
En opinión de numerosos juristas, la sentencia adoptada por el Tribunal Constitucional quebranta el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos humanos, que dispone el derecho de toda persona a tener una nacionalidad y a la no privación de la misma de manera arbitraria. También podría vulnerar otros derechos básicos como el derecho a la identidad, la igualdad ante la ley y la no discriminación que impiden la realización de una vida digna basada en la igualdad de oportunidades.
Tras el clima de inseguridad y fragmentación, los integrantes de la campaña Dominicanos/as por derecho - que agrupa a personas afectadas y organizaciones y movimientos de la sociedad civil en dicho país - creen que la solución podría recaer en una ley de reconocimiento de la nacionalidad, que el presidente de la República presentará próximamente al Congreso de la Nación. Es importante, no obstante, que dicha ley reconozca y valide la nacionalidad de todas aquellas personas nacidas en el país e inscritas en su Registro Civil entre 1929 y 2010. Para aquellas personas nacidas en el país en dicho período y que no hayan sido inscritas en el Registro Civil, el reconocimiento de su nacionalidad podría estar condicionado a la prueba de su nacimiento en el país y a su arraigo en él.
“Confiamos en que el Estado dominicano, a través de la iniciativa de ley que aún se está discutiendo, volverá al camino del respeto de los derechos fundamentales de estas personas. Ya está comprobado el rechazo mayoritario que genera la sentencia dentro y fuera del país, porque arrebata derechos adquiridos y deja en situación de vulnerabilidad a las personas afectadas” expone, optimista, la portavoz del movimiento Dominicanos por derecho.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera vital, en el Informe elaborado sobre las observaciones preliminares de su visita al país, el establecimiento de procedimientos generales, automáticos, sencillos, rápidos, justos y asequibles; que no deben ser discrecionales o implementados de forma discriminatoria, para garantizar el derecho a la nacionalidad.
La Unión Europea y hasta más de 20 países, entre ellos España, se han mostrado disconformes en lo relativo a la retroactividad de la sentencia en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y confían en la aplicación de medidas concretas que salvaguarden los derechos fundamentales de las personas dominicanas de ascendencia haitiana.
Este asunto tiene que resolverse con urgencia porque “cada día que pasa sin una solución, marca una enorme diferencia”, señalan los afectados, cuyas vidas se hallan suspendidas por la sentencia. “Mi temor es que no me entreguen la cédula y que la niña tenga que sufrir por lo mismo que estoy sufriendo, que ella tampoco podrá ir a la escuela o hacer el bachiller, porque no tiene ningún tipo de documento” señala la afectada por la sentencia Jenny Salita Emanier.