A golpe de decreto

Uno de las problemas que suele derivarse del manejo de las mayorías absolutas es que incentivan la tendencia al arbitrismo. Y una de las maneras en que el arbitrismo se manifiesta es la frecuente apelación al decreto ley (incluso al decreto) como sustitutivo de la ley: frecuentemente, sin concurrir el requisito de la “extraordinaria y urgente necesidad” de la decisión, cuya evocación suele enmascarar la imprevisión, precipitación, escaso diálogo social con los afectados o deficiente preparación técnica de la norma. Eso es lo que ha sucedido con el real decreto ley sobre fomento del trabajo a t...

Uno de las problemas que suele derivarse del manejo de las mayorías absolutas es que incentivan la tendencia al arbitrismo. Y una de las maneras en que el arbitrismo se manifiesta es la frecuente apelación al decreto ley (incluso al decreto) como sustitutivo de la ley: frecuentemente, sin concurrir el requisito de la “extraordinaria y urgente necesidad” de la decisión, cuya evocación suele enmascarar la imprevisión, precipitación, escaso diálogo social con los afectados o deficiente preparación técnica de la norma. Eso es lo que ha sucedido con el real decreto ley sobre fomento del trabajo a tiempo parcial del pasado 20 de diciembre, que se aprovechó para colar de rondón la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social por las retribuciones en especie; entre otras, las aportaciones a los planes de pensiones privados o los vales de comida.

Lo peor de esta norma —que ahora atraviesa el trámite parlamentario— estriba en su provocador itinerario procesal. Se dictó en plena pausa navideña, apenas sin publicidad, y sin debate previo o al menos información a los agentes económicos y sociales. ¿Es así como se pretende perfilar la reforma laboral, aquejada desde el principio de súbitos vaivenes y déficits de calidad técnica? El secretismo no se corresponde con la importancia del asunto. Más que por su cuantía, aunque nada banal en una coyuntura económica frágil (unos 1.000 millones, la décima parte del déficit previsto de la Seguridad Social), este aumento de facto de las cotizaciones sociales contradice lo prometido por el Gobierno en 2012: que se bajarían, como contrapartida a la subida del IVA. Y, sobre todo, porque opera como obstáculo objetivo para la creación de empleo, que debería constituir la primera prioridad de la política económica tras la salida de la recesión.

Las partes enfrentadas esgrimen, cada una, buenas razones. Los empresarios subrayan ese carácter contradictorio de la medida con la intención expresada por el Gobierno de abaratar la empleabilidad, aunque la cuantía del asunto no merece tanto grito en el cielo como el lanzado por la CEOE. Los sindicatos aducen que el encarecimiento de las retribuciones —derivado de su sujeción a cotización— supondrá su pura eliminación en muchos casos. Y al Gobierno, responsable de cuadrar las cuentas de la Seguridad Social —por desgracia, desarboladas— no le faltan razones cuando denuncia que muchos acuden sistemáticamente al pago en especie como vía de eludir cotizaciones, de forma similar a la que se produce con la elusión fiscal.

Si esto es así, razón de más para haber abordado el asunto con calma, previsión y debate con los interlocutores sociales, al objeto de contemplar y sopesar, al menos, todos los intereses (legítimos) en presencia. Y desde luego, para hacerlo al compás de la reforma fiscal integral pendiente. Porque gobernar a golpe de decreto (ley) ni es muy eficaz, ni concita consensos, ni resulta a la larga sostenible.