Fiscalidad desfasada
Los países de la OCDE deben acabar con la tributación privilegiada de las multinacionales
La práctica de algunas multinacionales, como Google, Amazon o Starbucks, que aprovechan los convenios de doble imposición tributaria para desplazar artificialmente sus ingresos a aquellos países con presión fiscal más baja, se está convirtiendo en una grave distorsión económica que requiere una respuesta rápida por parte de las instituciones económicas mundiales. El FMI recordó ayer que está en marcha una comisión para recomendar medidas de corrección en todos los países de la OCDE y que las recomendaciones estarán listas en septiembre. La arquitectura tributaria mundial permite que las empres...
La práctica de algunas multinacionales, como Google, Amazon o Starbucks, que aprovechan los convenios de doble imposición tributaria para desplazar artificialmente sus ingresos a aquellos países con presión fiscal más baja, se está convirtiendo en una grave distorsión económica que requiere una respuesta rápida por parte de las instituciones económicas mundiales. El FMI recordó ayer que está en marcha una comisión para recomendar medidas de corrección en todos los países de la OCDE y que las recomendaciones estarán listas en septiembre. La arquitectura tributaria mundial permite que las empresas multinaciones paguen impuestos bajos, del orden del 5% en sociedades (incluso cero), con independencia del lugar donde obtengan sus beneficios, mientras que las compañías que no tienen el rango multinacional pagan tasas de hasta el 32% en el caso de España.
Esta estructura desfasada de la fiscalidad mundial está perjudicando gravemente la capacidad económica de países sumidos en una recesión prolongada, como es el caso de España. Por lo tanto, la iniciativa del G-20 de julio, la OCDE y el FMI de diseñar una reforma internacional que corrija una situación claramente desequilibrada de competencia fiscal desmedida debería ser apoyada por todos los países de ambas organizaciones. La tarea es difícil. Requiere no solo cálculos sobre la forma más adecuada de computar y descontar los precios de transferencia entre actividades de la misma empresa en distintos países, sino también una delicada labor diplomática para obligar a las grandes compañías mundiales a que sometan su ingeniería fiscal, a la que dedican muchos recursos, a unas normas claras, predecibles y conocidas por Gobiernos y ciudadanos.
No cabe duda de que gran parte de esta tarea es política. Las ventajas fiscales que diferencian a un país de otros —el caso más claro es Irlanda— deberían ser reducidas a la mínima expresión mediante acuerdos entre los países del euro, de forma que no haya lugar a la competencia entre territorios y se evite la deslocalización de los ingresos. Como en otros órdenes del área euro, el problema se aborda con cierto retraso, con la urgencia de la erosión impositiva de países con dificultades presupuestarias. En principio, tanto la OCDE como el Fondo tienen la credibilidad suficiente como para recomendar soluciones eficaces e imponerlas de forma sensata.