Huelga a los 100 días

Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los sindicatos le han convocado la huelga general que éste tenía ya descontada desde enero. Sin discutir la legitimidad de la mayoría parlamentaria para tomar decisiones, Comisiones Obreras y UGT han fijado el 29 de marzo como fecha del paro general contra una reforma laboral que califican de “imprudente” y de una “brutalidad sin precedentes”. La presión le llega a Rajoy a los 100 días de la jura del cargo, y será justo en vísperas de presentar unos Presupuestos del Estado que deberían resultar convincentes para las instituciones europeas. Lo cual pue...

Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los sindicatos le han convocado la huelga general que éste tenía ya descontada desde enero. Sin discutir la legitimidad de la mayoría parlamentaria para tomar decisiones, Comisiones Obreras y UGT han fijado el 29 de marzo como fecha del paro general contra una reforma laboral que califican de “imprudente” y de una “brutalidad sin precedentes”. La presión le llega a Rajoy a los 100 días de la jura del cargo, y será justo en vísperas de presentar unos Presupuestos del Estado que deberían resultar convincentes para las instituciones europeas. Lo cual puede permitirle cargarse de razón contra los que dudan de la sinceridad de su plan de ajuste, tras negarse a cumplir el objetivo de déficit fijado por la UE.

La economía española, sin embargo, no necesita una huelga general. El hecho de que haya sido convocada augura un empeoramiento del clima político y social. Si fracasan en su demostración contra la reforma laboral, los sindicatos se habrán disparado un tiro en el pie, frente a un partido mayoritario que nunca ha compartido sus tesis, por más que se proclamara el defensor de los trabajadores cuando estaba en la oposición. Y si la huelga triunfa, nada garantiza que Rajoy disponga de margen para volver grupas: más bien al contrario.

Los sindicatos han reaccionado como quien está acorralado. Se quejan de haber dado muestras de moderación, en referencia al acuerdo de contención de salarios pactado recientemente con CEOE y Cepyme, y de haber sido correspondidos por el Gobierno con una reforma unilateral y drástica. Argumentos comprensibles, lo mismo que nadie discute su derecho constitucional a recurrir al paro general. Pero hay que tener en cuenta la frialdad ciudadana: existe una brecha entre el rechazo a la reforma y la confianza en una huelga. Para más de dos tercios de los españoles, esta no solucionaría nada y empeoraría más la situación económica, según la encuesta de Metroscopia publicada por este periódico el domingo pasado.

Las huelgas generales de 1988, 2002 y 2010 contra Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente, se produjeron cuando estos jefes de Gobierno llevaban varios años de mandato; por el contrario, el Ejecutivo de Rajoy cuenta con la ventaja de que apenas ha tenido tiempo de desgastarse. Lo cual tampoco garantiza un respaldo sin fisuras, que solo vendría de una mejoría real en la situación del empleo.

Las manifestaciones sindicales convocadas para mañana serán la primera prueba de la reacción suscitada por la convocatoria de huelga. Antes de que las cosas lleguen a mayores se debería conceder una nueva oportunidad al diálogo. La tramitación como proyecto de ley del decreto-ley en vigor invita a ello. De lo contrario, la continuidad de la prueba de fuerza en curso aseguraría una mayor radicalización y añadiría incertidumbre al clima general de pesimismo y recesión.