La fiscalía pide al juez la extradición del supuesto etarra Arturo Cubillas
El juez Velasco procesó el pasado mes de febrero a Cubillas y solicitó a Interpol su detención por los presuntos entrenamientos en armas y explosivos de miembros de ETA y las FARC en la selva venezolana
La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de remitir al juez Eloy Velasco un escrito en el que reclama la extradición de Arturo Cubillas, el presunto jefe de ETA en Venezuela. El escrito firmado por el fiscal Vicente González Mota, coordinador antiterrorista de la fiscalía, señala que han conocido a través de informes del Ministerio de Asuntos Exteriores español que Cubillas reside en Caracas, por lo que solicita al magistrado tramite su extradición.
...
La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de remitir al juez Eloy Velasco un escrito en el que reclama la extradición de Arturo Cubillas, el presunto jefe de ETA en Venezuela. El escrito firmado por el fiscal Vicente González Mota, coordinador antiterrorista de la fiscalía, señala que han conocido a través de informes del Ministerio de Asuntos Exteriores español que Cubillas reside en Caracas, por lo que solicita al magistrado tramite su extradición.
El juez Velasco procesó el pasado mes de febrero a Cubillas y solicitó a Interpol su detención por los presuntos entrenamientos en armas y explosivos de miembros de ETA y las FARC en la selva venezolana.
La petición de del magistrado de la Audiencia Nacional es necesaria para que el Gobierno español reclame a su vez la entrega de Cubillas a Venezuela. El proceso entrará entonces en un estadio incierto, ya que hace unos días la Fiscalía General de Venezuela advirtió de que la Constitución de aquel país prohíbe entregar a un nacional. El Gobierno español ha reconocido que el hecho de que el supuesto etarra, casado con una venezolana, haya adquirido dicha nacionalidad supone un obstáculo, pero ha recordado que el convenio bilateral de extradición permite que, en caso de que se deniegue la entrega, sea juzgado en Venezuela.
"No tengo nada que temer", espetó Arturo Cubillas Fontán, de 46 años, al fiscal que le recibió el pasado día 11 en Caracas cuando se presentó para denunciar "el acoso" que asegura padecer de la prensa española y pedir una investigación sobre el testimonio de los dos presuntos etarras que afirman haber sido entrenados por él en armas y explosivos en Venezuela.
Cubillas es jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras (Inti), el organismo encargado de confiscar las tierras improductivas que desde 1999 ha expropiado más de 40.000 fincas, algunas de españoles. El pasado 22 de junio, el presidente del Inti, Juan Carlos Loyo, fue nombrado también ministro de Agricultura y Tierras, por lo que el presunto etarra ocupa una segunda oficina en el ministerio.
Al igual que su esposa, Cubillas no se oculta y acompaña al ministro en sus comparecencias públicas. El presunto etarra disfruta de la nacionalidad venezolana desde 2003, año en que se casó, y su nombre figura en el censo electoral. Votó en las recientes elecciones, no oculta su apoyo a Chávez y participó en su campaña.
Reclamado desde 1995
A Cubillas -reclamado por España desde 1985 por asesinato, entre otros delitos- era a quien el ex jefe militar de ETA, Mikel Kabikoitz Karrera, Ata, encomendó a Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, presuntos miembros del comando Imanol, encarcelados por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Según el relato de ambos a la Guardia Civil, fue en el verano de 2008 cuando Ata consideró que Francia se había convertido en un lugar demasiado peligroso para hacer prácticas de tiro y explosivos y los envió a Caracas para su adiestramiento.
Tras conocerse el testimonio de estos dos detenidos, el embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, señaló que su país tenía "serias dudas" de que las declaraciones de los etarras fueran "totalmente voluntarias". "Aun conscientes de que en estos casos no debe ocurrir la tortura, las amenazas contra seres queridos o bien recompensas para que se pronunciaran en la forma que lo hicieron, Venezuela tiene serias dudas de que estas declaraciones, por falsas y maliciosas de parte de quienes las emitieron, hayan sido totalmente voluntarias", señaló el diplomático. Esto, a su juicio, "le quitaría eventualmente todo valor probatorio".