El Consejo Fiscal rechaza la petición de dimisión de Conde-Pumpido hecha por los conservadores

Los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) -conservadora y mayoritaria en la carrera- que forman la mitad del Consejo Fiscal han pedido hoy, por primera vez durante un pleno de este órgano, la dimisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ha sido rechazada al no recibir el respaldo de algun otro miembro. La AF exigía la cabeza del fiscal general por la destitución de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional y, en general, por su política de nombramientos y ceses.

Según ha explicado al término de la reunión, de más de cinco horas, el repre...

Los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) -conservadora y mayoritaria en la carrera- que forman la mitad del Consejo Fiscal han pedido hoy, por primera vez durante un pleno de este órgano, la dimisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ha sido rechazada al no recibir el respaldo de algun otro miembro. La AF exigía la cabeza del fiscal general por la destitución de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional y, en general, por su política de nombramientos y ceses.

Según ha explicado al término de la reunión, de más de cinco horas, el representante de esta asociación y fiscal de sala del Tribunal Supremo Fernando Herrero-Tejedor, el escrito de la AF ha sido rechazado gracias al voto de calidad de éste, después de que la mitad de los vocales lo apoyaran y la otra mitad lo rechazaran. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía General del Estado han asegurado a este periódico que no ha llegado a haber votación sobre este asunto, ya que excede de las competencias del Consejo Fiscal pronunciarse al respecto, y que la reunión pasó a otro punto del orden del día después de que el fiscal general preguntara si algún vocal, aparte de los de la AF, daba su respaldo al escrito, lo que no sucedió.

El Consejo Fiscal está compuesto por seis vocales de la AF, tres de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y otros tres miembros natos: el fiscal general, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, y el fiscal inspector, Rafael Valero. Herrero-Tejedor ha justificado la petición de dimisión de Conde-Pumpido por estar en desacuerdo con su política de nombramientos y ceses, y ha afirmado que el fiscal general seguía hoy hablando de la "renuncia" de Fungairiño "cuando se trató de una renuncia forzada y una remoción". El representante de la AF ha dicho que las remociones exigen, según el artículo 41 del Estatuto del Ministerio Fiscal, "unas garantías de tramitación, apertura de expediente administrativo, de audiencia al interesado, motivación y audiencia previa del Consejo Fiscal, que no han sido seguidas" en este caso.

"La gota que colma el vaso"

"Nos parece que se trata de un caso más en estos dos años que lleva aproximadamente Conde-Pumpido", ha señalado Herrero-Tejedor, que ha manifestado que el relevo de Fungairiño es "la gota que colma el vaso", lo que ha llevado a la AF, que como asociación ya pidió la semana pasada la dimisión del fiscal general, a plantear esta solicitud en el pleno del Consejo Fiscal. El vocal conservador se ha mostrado convencido de que el fiscal general no va a dimitir y que el Gobierno "no va a cesarlo" y ha matizado que su desacuerdo con Conde-Pumpido se limita a su política de nombramientos y ceses porque "en otras muchas cosas" están "muy de acuerdo".

El escrito que la AF presentó a debate en el pleno del Consejo Fiscal señala que la política de nombramientos y ceses "por razones de confianza" supondría una serie de cambios en los principales puestos de la carrera "cada vez que fuese nombrado un fiscal general del Estado, con grave daño para la profesionalidad de la carrera fiscal y para la imagen que de la misma perciben los ciudadanos". Sobre las acusaciones de "incoherencia" recibidas por la AF por pedir la dimisión de Conde-Pumpido por relevar a Fungairiño cuando en 1998 exigieron la renuncia de su antecesor, Jesús Cardenal, precisamente por haberle nombrado, Herrero-Tejedor ha dicho que se opusieron a su designación por entender que no era "el momento más apropiado".

Este vocal ha recordado que, en esa época, Fungairiño tenía abierto un expediente disciplinario por haberse enfrentado a su superior, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional José Leopoldo Aranda, a raíz de la instrucción de los casos Banesto y Lasa-Zabala. Herrero-Tejedor ha concluido diciendo que en 1998 impugnaron la decisión de Cardenal, nombrado por el PP, y que "ocho años después" repudian "la conducta de Conde-Pumpido, nombrado por el PSOE, ya que tanto una como otra no se atienen a Derecho". Mientras, los tres representantes de la UPF, que han rechazado la petición de dimisión, han considerado justificado el relevo de Fungairiño. El portavoz de la UPF, Eduardo Esteban, ha declarado que no le sorprende la petición, pero sí que se haya planteado en el Consejo, "un órgano consultivo".