Los 11 magistrados del Constitucional condenados por el Supremo presentan un recurso de amparo
La causa deberá resolverla los cuatro jueces que entrarán a formar parte de la corte después de las elecciones
Los 11 magistrados del Tribunal Constitucional que fueron condenados por el Supremo a pagar 500 euros de multa cada uno al abogado José Luis Mazón por rechazar un recurso de éste sin ni siquiera entrar a estudiarlo han presentado hoy un recurso de amparo ante la institución de la que forman parte.
El Pleno del Constitucional acordó el 3 de febrero por unanimidad declarar que la Sala de lo Civil del Supremo invadió su jurisdicción con la sentencia; hoy cumplía el plazo para interponer el recurso de amparo. El recurso deberá ser resuelto por los cuatro jueces que pasarán a formar parte ...
Los 11 magistrados del Tribunal Constitucional que fueron condenados por el Supremo a pagar 500 euros de multa cada uno al abogado José Luis Mazón por rechazar un recurso de éste sin ni siquiera entrar a estudiarlo han presentado hoy un recurso de amparo ante la institución de la que forman parte.
El Pleno del Constitucional acordó el 3 de febrero por unanimidad declarar que la Sala de lo Civil del Supremo invadió su jurisdicción con la sentencia; hoy cumplía el plazo para interponer el recurso de amparo. El recurso deberá ser resuelto por los cuatro jueces que pasarán a formar parte del tribunal tras las elecciones del 14 de marzo, una vez agotado el mandato de Manuel Jiménez de Parga (presidente), Tomás S. Vives Antón (vicepresidente), Pablo García Manzano y Pablo Cachón Villar.
Los fiscales no recurren
El Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, decidió el pasado jueves no recurrir la sentencia, tras constatar la oposición de la Junta de Fiscales a la presentación de un recurso de amparo. Cardenal argumentó "la falta de legitimación del Ministerio Fiscal" para ejercer esta acción, toda vez que no ha sido parte procesal en el procedimiento y que en el conflicto entre ambos tribunales "no se han lesionado derechos fundamentales puesto que los titulares de los mencionados derechos son las personas, no las instituciones".
El responsable de la Fiscalía del Tribunal Constitucional, Juan Ortiz Úrculo, fue el promotor de la iniciativa, ya que entendía que la condena del Supremo a los magistrados vulneraba el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al ejercicio del cargo público. Además, defendía "la necesidad de restablecer la credibilidad e independencia del Tribunal Constitucional y el respeto a su jurisdicción", que se vieron afectados, en su opinión, por la polémica sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.