Anticorrupción investiga la adjudicación a Miguel Ángel Rodríguez de la campaña de pensiones
El Ministerio de Trabajo pagó por estos anuncios más de siete millones de euros
La Fiscalía Anticorrupción investiga los detalles de la adjudicación de la campaña sobre las pensiones por parte del Ministerio de Trabajo a la empresa que dirige el ex portavoz del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez. La contratación, que se produjo el pasado mes de enero, puede no reunir los requisitos legales necesarios.
Según informa la Cadena SER, la Fiscalía ha abierto diligencias para tratar de esclarecer en qué forma y por qué fue adjudicada directamente la campaña publicitaria sobre el aumento de las pensiones a la empresa Carat España, que dirige el ex portavoz del Gobierno, sin d...
La Fiscalía Anticorrupción investiga los detalles de la adjudicación de la campaña sobre las pensiones por parte del Ministerio de Trabajo a la empresa que dirige el ex portavoz del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez. La contratación, que se produjo el pasado mes de enero, puede no reunir los requisitos legales necesarios.
Según informa la Cadena SER, la Fiscalía ha abierto diligencias para tratar de esclarecer en qué forma y por qué fue adjudicada directamente la campaña publicitaria sobre el aumento de las pensiones a la empresa Carat España, que dirige el ex portavoz del Gobierno, sin dar opción a las empresas de la competencia a que accedieran a esa campaña, por un valor de 7.200.000 euros.
La denuncia de IU
Fuentes de la investigación consideran que, en principio, la adjudicación directa no parece reunir los requisitos legales de publicidad que deben presidir una oferta como ésta, en la que el Ministerio de Trabajo daba publicidad a un asunto de interés público como era la revalorización de las pensiones y el abono de una paga única para compensar la subida del IPC.
Según estas fuentes, la Fiscalía Anticorrupción ha requerido al Instituto Nacional de la Seguridad Social un informe detallado y el expediente por el que se concedió la campaña a Rodríguez como representante en España de la empresa Carat Sociedad Anónima.
La adjudicación de esta campaña ya fue denunciada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida (IU), que presentó un informe al fiscal general del Estado. En esta denuncia, IU destaca que el Ministerio de Trabajo aplicó de forma irregular la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y denunció posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.