El Gobierno rechaza tres proyectos de universidades privadas y deja en manos de Madrid y Baleares su fundación

Los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han rechazado tres proyectos de campus en Madrid (Universidad Internacional de las Artes y Felipe II) y Baleares (Universidad de Mallorca) porque no les convence su viabilidad financiera ni su apuesta docente e investigadora. Y este lunes esos informes negativos fueron avalados en la comisión permanente de la Conferencia General de Política Universitaria ―las comunidades del PP se han abstenido salvo Andalucía y Canarias (donde cogobiernan con Coalición Canaria), que han votado en la línea del ministerio―, según las votaciones a las que ha accedido EL PAÍS. Como estos dictámenes todavía no son vinculantes, queda ahora en manos de los ejecutivos de Madrid y Baleares, del PP, la decisión de autorizar o no en sus parlamentos regionales estos campus.

Los expertos sí que han aprobado, aunque con condicionantes en el apartado de profesorado, la Universidad Abierta de Extremadura, promovida por el poderoso grupo Planeta y de modalidad a distancia. Las 17 comunidades y el ministerio han votado a favor de la validación de este cuarto informe.

A estos cuatro proyectos se les va a aplicar el decreto Castells antes de ser modificado, porque los informes, que superan las 3.000 páginas cada uno, estaban ya muy adelantados cuando el presidente Pedro Sánchez anunció el 31 de marzo un endurecimiento de los requisitos de calidad. El decreto transformado prevé que las propuestas tengan que recibir además una valoración positiva de la agencia de evaluación nacional ANECA o sus delegaciones autonómicas.

Otros ocho proyectos, que han llegado a la sede del ministerio pero cuyo informe no se ha redactado, sí serán sometidos al decreto modificado, que pretende aprobarse a finales de septiembre en el Consejo de Ministros. Los plazos se están retrasando porque aún no han recibido el preceptivo informe del Consejo de Estado.

Tradicionalmente los gobiernos autonómicos del PP no dudan en votar en contra de proyectos de comunidades en sus manos confiando en el juicio de los técnicos del ministerio, pero en esta ocasión, a las puertas de un cambio en el decreto, han optado en su mayoría por abstenerse.

Universidad Internacional de las Artes

TAI, ubicada en el centro de Madrid, es un centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos dedicado a la interpretación, la música y el cine desde hace 52 años. Ahora pretende convertirse en la Universidad Internacional de las Artes. Los técnicos desconfían de su viabilidad con un millón de euros como capital social: “Este es insuficiente como garantía frente a terceros en caso de situaciones de riesgo”. Y pone un ejemplo: “Aula Abierta [la sociedad] declara que realizará una aportación inicial de 100.000 euros el primer año para tesorería y 900.000 euros para inversiones. Recordemos que el plan de inversión para el primer año es 1.671.846 euros en total (activo intangible y activo material)”. Y ahondan más: “Una de las sociedades promotoras ha sufrido pérdidas en los últimos años y la otra, aunque manifiesta disponer de recursos propios, no los integra en la sociedad Aula Abierta, que asumirá la responsabilidad jurídica”.

Los técnicos afean que no incluyan convenios con instituciones para hacer prácticas y no conciben el tamaño de la plantilla docente: “Es muy limitada, sería de un profesor o menos por grupo, insuficiente para atender a todo el alumnado”. Pues, según los cálculos del promotor, contarían con 82 profesores a tiempo completo para 131 grupos.

Los expertos resaltan también que no hay una estrategia para captar profesores para las carreras que quieren implantar de ciencias sociales e ingeniería. TAI tiene ya profesorado de artes. El decreto Castells fuerza a ofertar tres áreas de conocimiento, para intentar frenar que se comporten como un colegio de tamaño grande. Y que el inmueble y el mobiliario sea alquilado, también se ve como una debilidad.

Ninguna comunidad del PP ha votado en contra del informe de los técnicos, ni Madrid. Diez se han abstenido, mientras que Andalucía y Canarias han votado a favor del dictamen.

Universidad Felipe II

Esta universidad tiene detrás a la Universidad Autónoma de Chile y no parte de un centro adscrito. Los técnicos consideran “insuficiente” su capital social. “En el supuesto de que se cubra el 76% de la oferta, serían necesarios 17.009.060,18 euros para la puesta en marcha de la universidad y para asumir las pérdidas de los tres primeros años, siendo el capital social de la sociedad que dotará de personalidad jurídica a la universidad de 4.003.600 euros”, explican los funcionarios. La documentación del banco, además, “no constituye un aval bancario, por lo que no quedan acreditadas totalmente las garantías financieras”.

“La disponibilidad de la futura sede universitaria del Palacio del Infante D. Luis en Boadilla [una localidad al oeste de Madrid] no queda acreditada, ya que está pendiente de la convocatoria y resolución de concurso público”, concluyen los expertos. Como tampoco “ha quedado acreditada la voluntad de la empresa Naturgy de alquilar los espacios que acogerían al campus de Madrid”.

Los expertos aseguran que, a excepción del primer año, no se alcanza el 5% de los ingresos dedicados a investigación, como obliga el decreto Castells. Tras las alegaciones presentadas, a los expertos no les queda claro que los profesores vayan a dedicar tiempo a hacer ciencia.

“El proyecto carece de un plan detallado, bien articulado, programado y definido, para la formación del profesorado”, se concluye también en el dictamen, que lamenta que no haya un contrato de alquiler de la supuesta sede. “No están garantizadas las prácticas académicas externas obligatorias para las titulaciones del ámbito sanitario”, denuncian los técnicos.

De las comunidades del PP, tres han votado en la línea del Gobierno (Canarias, Andalucía y Galicia) y el resto se ha abstenido, incluyendo Madrid, que la promueve.

Universidad de Mallorca

El centro adscrito ADEMA, centrado en ciencias de la salud y Bellas Artes, pretende convertirse en la Universidad de Mallorca, la primera privada de Islas Baleares. En julio anunció públicamente su desadscripción a la Universidad de Islas Baleares, pública, para vincularse bajo el nombre Escuela Universitaria de Mallorca a la privada Isabel I, de Burgos, un campus a distancia con unos pésimos resultados en investigación y transferencia de conocimiento en el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. El cambio administrativo aún no se ha producido.

“No acredita documentalmente la solvencia financiera necesaria para llevar a cabo el proyecto”, se manifiesta en el informe. Y precisa: “No se hacen estimaciones financieras en el supuesto de cierre de la universidad, ni se indican los motivos que lo provocarían”. Según los técnicos, tampoco “se acredita el capital social de la entidad”, ni presenta la escritura de constitución de esta.

La lista de puntos flacos detallada es grande: sin suficientes másteres el primer año, sin convenios para prácticas externas de ciencias de la salud, con un número de despachos “muy limitados”, infraestructuras para investigación “manifiestamente insuficientes” y recursos “que destacan por su ausencia”.

Su intención es ofertar los grados de Arquitectura, Ingeniería Biomédica y de la Salud, Biomedicina, Medicina, Logoterapia, Ingeniería de Datos, Diseño y Sociología, entre otros. Pero Medicina, la joya de la corona de cualquier universidad, se ha topado con nueva competencia: el grupo San Pablo CEU. La Asociación Católica de Propagandistas va a invertir 40 millones de euros en el Centro Universitario Beato Luis Belda, adscrito al CEU y dedicado por completo a las ciencias de la salud y con Medicina como principal reclamo. El Govern anunció su creación en mayo, tras el anuncio de Sánchez, pero antes del cambio en el decreto. De haberse retrasado la autorización del proyecto, habría necesitado un informe favorable de los técnicos del ministerio validado por las autonomías.

Como en los otros dos casos, Andalucía y Canarias han votado en contra. Y se han abstenido el resto de comunidades del PP, incluida Baleares.

Universidad Abierta de Extremadura

El Grupo Planeta planea abrir un campus en Badajoz, pero con alumnos a distancia por todo el mundo. Los técnicos del ministerio han aprobado con condicionantes la que podría convertirse en la primera universidad privada de Extremadura. Echan en falta un plan de formación de profesorado, que queden garantizadas por escrito las prácticas sanitarias y más información sobre la calidad de la plantilla.

El gobierno extremeño está pendiente de aprobar en el Parlamento regional, con apoyo de Vox, la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde), que cuenta con un informe contrario de la conferencia. La presidenta María Guardiola va con pies de plomo en ese caso y ha pedido un informe que no es necesario en otras comunidades al Consejo de Estado

Aguardan turno también en Extremadura, aunque previsiblemente se les aplicará la nueva legislación, el grupo CEU que quiere abrir un campus on line y la Universidad Europea, que aspira a uno presencial en Cáceres con Medicina como tirón.

Desde 1998 no se abre una universidad pública en España (la Politécnica de Cartagena). En total son 50. Frente a las 46 privadas autorizadas, que pronto serán mayoría si salen adelante en los parlamentos regionales estos cuatro proyectos u otros anteriores que las autonomías han dejado en espera con informes negativos de la conferencia.

Nota al pie. La escuela universitaria ADEMA lamenta no haber tenido una audiencia final, como los otros tres proyectos y así lo denuncia el govern de Baleares. Pero Abogacía del Estado considera que no es necesario el tramite al no tratarse de un informe vinculante, pues será el ejecutivo autonómico quien autorice o no la propuesta. Según la versión de los promotores, en los anexos se incluía la documentación de supuestas carencias detectadas por los técnicos.