Gobernanza universitaria y financiación
La LOSU, como sus predecesoras, también contradice el mantra de los consejos sociales de que la universidad está alejada de la sociedad
Los Consejos sociales de las universidades públicas españolas llevan varios años concentrados en la dura tarea de intentar convencer a los distintos gobiernos de la nación de la necesidad de cambiar la gobernanza universitaria; un cambio que pasa precisamente por potenciar su figura en el ámbito del gobierno de las Universidades. Bien es cierto que no están teniendo demasiado éxito, como tampoco en otras funciones que ―esas sí― tienen encomendadas, y que bueno sería revitalizar ante la crisis de financiación que estamos sufriendo en las universidades; me refiero a la de promover la captación d...
Los Consejos sociales de las universidades públicas españolas llevan varios años concentrados en la dura tarea de intentar convencer a los distintos gobiernos de la nación de la necesidad de cambiar la gobernanza universitaria; un cambio que pasa precisamente por potenciar su figura en el ámbito del gobierno de las Universidades. Bien es cierto que no están teniendo demasiado éxito, como tampoco en otras funciones que ―esas sí― tienen encomendadas, y que bueno sería revitalizar ante la crisis de financiación que estamos sufriendo en las universidades; me refiero a la de promover la captación de recursos económicos para su financiación. Desde 1983, fecha en que los consejos sociales se crearon por la Ley de Reforma Universitaria (LRU), solo algunas honrosas excepciones perseveran cada día por esta colaboración, en gran medida gracias a los buenos oficios y relaciones de sus presidentes.
Respecto a lo que se viene llamando nueva Gobernanza Universitaria mucho queda por escribir y debatir, pero traigo aquí unas palabras premonitorias de quien fuera rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Francisco Juliá Igual, quien hace 10 años ya nos prevenía del riesgo que existía para las universidades públicas el hecho de nombrar cargos bajo la influencia o tutela de los gobiernos, y ponía el ejemplo de las cajas de ahorro; sobran comentarios.
No obstante, es importante defender el papel de los consejos sociales en la universidad pública, pues opino como Román Felones, presidente que fue del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra, quien los definió como “una institución discutida ayer, necesaria hoy, e imprescindible mañana”.
Pues bien, esta defensa pasa porque los propios gobiernos autonómicos, las asociaciones empresariales, los sindicatos con mayor implantación, los municipios, etcétera, que designan a sus representantes, crean en el papel de los consejos sociales, nombrando representantes que de verdad se impliquen y que conozcan bien sus funciones. Tampoco se pueden intercambiar vocales entre consejos sociales como si fueran cromos, ni nombrar presidentes de uno cuando lo han sido de otro. Al menos no parece estético este cambio de “colores”; ¿o alguien se lo imagina para directivos de clubes de fútbol?
La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) no es precisamente una norma que haya recibido demasiados elogios, más bien al contrario, como la recomendación del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache: “Corrijamos los aspectos corregibles y potenciemos sus bondades, aunque sean pocas”. Esta ley, como sus predecesoras, también contradice el mantra de los consejos sociales de que la universidad está alejada de la sociedad; es precisamente esta una de sus funciones, la de promover acciones y desplegar iniciativas para facilitar esta conexión, y no olvidemos que sus vocales lo son como representación de la sociedad; esa sociedad de la que dicen que la universidad está alejada.
El mayor problema de las universidades es el de su financiación, y eso pasa principalmente por las comunidades autónomas y sus presupuestos
Otra queja constante es la que se refiere a la distancia que hay entre la formación que ofrecen las universidades y la que demandan las empresas, cuando son ellos los que tienen que informar a la universidad con carácter previo la oferta de titulaciones oficiales que esta ofrece.
En fin, que estos debates no nos alejen de la realidad: El mayor problema de las universidades es el de su financiación, y eso pasa principalmente por las comunidades autónomas y sus presupuestos.
Nadie puede negar que tenemos las mejores universidades públicas, verdadero motor de la economía y espacios donde nuestros jóvenes y no tan jóvenes se forman ―profesionalmente y también como personas―. Es preciso que se lo crean los responsables de las comunidades autónomas y pongan en manos de los rectores una financiación, no solo suficiente, sino también con previsión plurianual, para poder planificar convenientemente sus actuaciones. Por el momento nos toca soñar y pensar hasta dónde podemos llegar, si hasta ahora las universidades han sido capaces de tanto con tan poco.