Andalucía culmina el desembarco de la cuarta universidad privada en 10 meses

Andalucía ha culminado esta semana el reconocimiento de dos nuevas universidades privadas en la comunidad, 10 meses después de autorizar la apertura de otras dos. La mayoría absoluta del PP en el Parlamento autonómico, a la que se han sumado los votos de Vox, consolidó este miércoles lo que la oposición de izquierdas considera un “proceso de privatización exprés” de la educación superior en el territorio, que ha cont...

Andalucía ha culminado esta semana el reconocimiento de dos nuevas universidades privadas en la comunidad, 10 meses después de autorizar la apertura de otras dos. La mayoría absoluta del PP en el Parlamento autonómico, a la que se han sumado los votos de Vox, consolidó este miércoles lo que la oposición de izquierdas considera un “proceso de privatización exprés” de la educación superior en el territorio, que ha contado con la firme oposición de los rectores de las 10 universidades públicas, cuyo voto para el reconocimiento de los dos últimos centros privados por primera vez no fue tenido en cuenta.

Las dos nuevas universidades privadas aprobadas, la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía —con una propuesta académica similar a la que ya ofrecen en Madrid―, se suman a las otras que la Junta de Andalucía ha impulsado en esta legislatura: la CEU Fernando III y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed). Cuando el popular Juan Manuel Moreno accedió a la presidencia autonómica, solo había una universidad privada, la Loyola, creada en 2011, por 10 públicas. La oferta se amplía hasta cinco, pero los rectores llaman la atención también sobre la decisión de la Junta conocida este martes de autorizar la adscripción a la Universidad Pontifica de Comillas ―institución de educación privada radicada en Madrid― del centro universitario de Ciencias de la Salud San Juan de Dios, en la localidad sevillana de Bormujos, para impartir el grado de Enfermería, lo que consideran una nueva privatización encubierta.

“Estamos asistiendo a un proceso acelerado de privatización de la educación universitaria. Hemos pasado de una universidad privada a cinco, que en realidad son seis con el anuncio de adscripción del centro de San Juan de Dios a Comillas. No tiene ningún sentido”, sostiene Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA). Este crecimiento también ha provocado las críticas de la oposición de izquierdas, que el miércoles acusó a Moreno de favorecer “un desembarco de sucursales de universidades madrileñas en Andalucía, de media-baja calidad”, según alertó el representante del PSOE en el debate parlamentario; de “cambiar para siempre el sistema universitario andaluz”, tal y como advirtió la portavoz de Por Andalucía (la marca de Sumar en la comunidad); y de “privatizar la universidad pública, donde no se amplían plazas y se ahogan en deudas”, añadió la representante de Adelante Andalucía.

Desde que se inició la tramitación de las dos primeras universidades privadas de este mandato, los rectores de las universidades públicas han mostrado su rechazo por la calidad de la enseñanza y por su oferta académica, con títulos que ya se impartían. “Respetamos la libertad de la iniciativa privada, pero con los controles legales y requisitos administrativos que requiere la educación universitaria. Exigimos calidad, pero no la vemos por ningún lado en ninguno de los proyectos presentados y que hemos estudiado al detalle”, indica Oliva. “La investigación, uno de los pilares de la educación universitaria europea, brilla por su ausencia, y la oferta docente no aporta nada al sistema universitario andaluz: o son títulos que reiteran la oferta de las universidades públicas, como Administración de Empresas, o no tienen un mínimo de empleabilidad”, abunda. “Andalucía no necesita ni tantas universidades privadas ni estas que se han autorizado”, corrobora Manuel Torralba, rector de la Universidad de Córdoba.

En el caso de las dos primeras, la Fernando III y Utamed, los rectores también alertaron de las dudas jurídicas que suscitaban sus proyectos docentes, que no se adecuaban a los requisitos legales recogidos en el régimen docente. Entonces, el PP enmendó los proyectos de ley para modificar su oferta académica y que ambas pudieran contar con los grados, másteres y programas de doctorado exigidos.

En esta segunda tanda ha sorprendido la celeridad de su tramitación, solo cinco meses en los que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha recabado todos los informes preceptivos. Pero en esta ocasión no se escuchó la opinión de los rectores, porque no pudieron emitir su voto en el pleno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), el único organismo en el que tienen voz y que comparten con altos cargos de la Consejería de Universidad. Desde la Junta se adujo que ese informe era un trámite técnico, pero no vinculante.

Esta situación contrasta con la reunión del CAU en diciembre de 2021, en la que todos los rectores de la pública se manifestaron en contra de la apertura de la CEU Fernando III y la Utamed, entre ellos ―aunque delegó su voto― el actual consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, por entonces rector de la Universidad de Córdoba. En esta última tanda, el plantón de los sindicatos también ha impedido que el Consejo Económico y Social de Andalucía, el órgano consultivo del Gobierno andaluz, pudiera avalar por unanimidad la aprobación de la UAX Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía.

Una estrategia universitaria global

En el debate de totalidad de estos dos nuevos centros académicos celebrado en mayo, Villamandos defendió que los proyectos contaban con “todas las garantías legales y académicas y con todos los visos de calidad”. En estos meses el PP también ha defendido que, si no se implantaban en Andalucía, otras comunidades se beneficiarían de su apertura. “Hemos exigido a la Junta trazar una estrategia global del sistema universitario andaluz, no puede ser que a cualquiera que venga se le abran las puertas solo porque cumpla los requisitos básicos, es necesario establecer un mapa de titulaciones y analizar las necesidades de cada territorio”, advierte Oliva.

La titularidad de las nuevas universidades privadas también provoca recelo. En el caso de Utamed, se cuestionó su vinculación con Medac, la empresa matriz fundada por el fallecido Javier Imbroda, que en el momento en que se empezó su tramitación era consejero de Educación de la Junta.

Las dos últimas universidades a las que se les ha dado vía libre, la UAX Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía, además de haberse implantado ya en Madrid con proyectos similares, son propiedad de fondos de inversión. “La educación universitaria es la base de la sociedad, aquí se forman los futuros profesionales, esto no puede abordarse como un negocio cualquiera”, advierte Oliva, que llama la atención también sobre la estructura social andaluza, con la menor renta per cápita de España. “El nivel económico medio hace que muchas de estas nuevas universidades no sean accesibles para la mayoría de la población, lo que provoca que se generen oportunidades para quien tenga una determinada capacidad económica. La universidad es el ascensor social, pero de esta manera si a un estudiante de clase media no le llega la nota para Medicina y no tiene capacidad para acceder a una privada, solo podrán ser médicos quienes se lo puedan pagar”, argumenta Oliva.

Se da la circunstancia también de que tanto Utamed —que solo imparte formación online― como las dos últimas universidades privadas aprobadas este miércoles —que ofrecen enseñanza presencial, semipresencial y virtual― están ubicadas en Málaga, gobernada por el PP, y en la que por primera vez habrá más oferta universitaria privada, tres centros, por uno público, la Universidad de Málaga. Desde la UMA se considera lógico que en una ciudad que ha experimentado el crecimiento económico y de habitantes se instalen centros privados, pero se cuestiona que no se haga en “igualdad de condiciones”, según indican fuentes cercanas a la dirección. “La verificación, el proceso de acreditación y el seguimiento de los títulos es mucho más exigente para una universidad pública”, sostienen en alusión a los grados, aunque también se cuestionan las condiciones a la hora de acceder a terrenos para expandir el campus universitario.

Oliva también llama la atención sobre Sevilla, donde con la adscripción a Comillas de Enfermería también se supera en tres a dos la oferta de estudios superiores privados sobre los públicos ―Loyola, CEU Fernando III y Comillas por la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide―. El rector de esta última insiste en la importancia de abordar esa estrategia universitaria global a la que antes aludía para evitar que el modelo malagueño o el sevillano se perpetúen.

Puedes seguir EL PAÍS Educación en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.